vol. 3 (2015): global iure

El presente artículo analiza el derecho pensional reconocido a favor del hermano inválido cuando al fallecimiento de una persona pensionada no existen más beneficiarios de la sustitución pensional y este reclama dicho derecho para sí, especialmente lo que deben hacer las autoridades judiciales y administrativas cuando el estado de invalidez se ha consolidado con posterioridad al fallecimiento del pensionado o afiliado. Para el análisis se tendrán en cuenta los avances legislativos de la Ley 100 de 1993, modificada por la Ley 797 de 2003, así como la jurisprudencia de las altas Cortes.

Este trabajo busca reflexionar sobre las inconsistencias detectadas en el régimen colombiano de solvencia de las compañías de seguros y reaseguros. Para ese fin, es indispensable para el lector, entender los principios sobre los que se fundamenta el modelo de negocios de las aseguradoras y así, comprender la necesidad de una regulación que refleje de la mejor manera posible los riesgos a los que se enfrenta la industria aseguradora. Con ocasión de la reciente entrada en vigor de Solvencia II en la Unión Europea, se recurre a un análisis de la evolución histórica de la regulación comunitaria, teniendo en cuenta la importancia global del mercado de seguros europeo y las herramientas que establece este cuerpo normativo que propenden por la estandarización de la legislación de solvencia a nivel internacional. A continuación, se confronta el régimen europeo con el colombiano y  se concluye que este último no podría ser considerado equivalente con el primero, situación que podría traer consecuencias no deseadas para la industria colombiana de seguros.

El objetivo de esta investigación fue caracterizar los componentes gerenciales, para establecer la reconducción del conocimiento en la estructura organizacional. La propuesta es de carácter reflexivo sustentado en teorías del conocimiento como la teoría jurídica, económica, administrativa, matemático contable, y la eficacia o valor de la empresa. El proceso reeducación, está vinculado al desarrollo de habilidades gerenciales en la toma de decisiones, a fi n de potenciar oportunidades en cada organización. La temática responde a una investigación cualitativa de tipo documental holístico, no experimental, de campo, muestra de población confiable, los datos fueron tratados estadísticamente. La investigación permitió confirmar la necesidad de fortalecer escenarios de reeducación en diferentes programas de educación superior en función de las necesidades internacionales, organizacionales y la interacción del recurso humano y tecnológico.

Las negociaciones precontractuales ocupan un lugar preponderante en la literatura contemporánea. Sin embargo, su definición no ha estado exenta de controversia. Parte de la literatura entiende que los tratos corresponden a la etapa preliminar de la negociación y concluye con la emisión de una oferta. En contraste, algunos otros consideran que la negociación se asimila con la etapa precontractual y, por tanto, se extiende hasta la suscripción del contrato. En el presente artículo, se pretende poner de manifiesto la conveniencia de abordar la negociación desde una perspectiva integral – como proceso– que se ajuste en mejor medida a la práctica negocial. La negociación es el período que antecede al contrato, que inicia con el acercamiento inicial de los negociantes; y durante ella, las partes están obligadas a negociar conforme a las reglas de la buena fe.

Las relaciones laborales, tanto en el derecho privado como en el derecho público, tienen dos partes: empleador y trabajador. Pero sucede que, cuando una de las partes inmersas en la misma, es una entidad del derecho público, la situación resulta diversa. Y cuando una persona jurídica del derecho internacional público aparece como empleador, la situación cambia aún más y la base sobre la cual se erige el derecho del trabajo, la desigualdad fáctica del trabajador que se ve compensada con desigualdad jurídica, también empieza a mutar, ya no por virtud del principio protector, sino por el ingreso de nuevos factores a la ecuación como contrapeso, por el ingreso del principio de reciprocidad del derecho internacional público; y en este contexto, la justiciabilidad de los derechos laborales de los trabajadores, varía. ¿Qué normatividad rige las relaciones laborales en las embajadas, consulados y organizaciones internacionales? ¿Qué normas sustantivas y procesales les aplican? ¿A qué estado se acude para reclamar el cumplimiento de normas laborales en estos casos? ¿Qué competencia procesal laboral hay en Colombia para esos casos? Estas son solo algunas preguntas que surgen de las tensiones creadas entre el derecho del trabajo y la inmunidad de jurisdicción, y será en este escrito, a través de la visión jurisprudencial propuesta por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que trataré de analizar el fenómeno.

En este artículo se compara la forma en que, en los procedimientos penales de España, Colombia y Estados Unidos, se regula la facultad de las víctimas de controvertir la decisión de no proceder con la fase de juzgamiento, cuando se toma en la fase intermedia del proceso penal. Para tal fi n, partiendo de una perspectiva funcional del derecho comparado, se identifi can las fases procesales a comparar de cada ordenamiento, y se describen las facultades de las víctimas en dichos escenarios, teniendo como marco las estructuras del proceso penal y los conceptos de víctima de cada contexto. Finalmente, se concreta el ejercicio comparativo a partir de la refl exión sobre las ventajas y desventajas de cada modelo estudiado.

La evolución legislativa y los diferentes pronunciamientos por parte de la doctrina y de la jurisprudencia nacional, han permitido disparidades interpretativas en sede del concurso de personas de la conducta punible, especialmente cuando de su aplicación se trata frente a delitos especiales. Dicha discusión no solo tiene fundamento en los matices más generales de la coparticipación criminal, sino que también ha tomado impulso frente a sus categorías como la autoría, la coautoría, la determinación, la complicidad y, especialmente, el interviniente, cuestión que impulsa su tratamiento en esta oportunidad. Así pues, mediante el presente artículo se pretende ventilar el tratamiento lógico y práctico deontológicamente aplicable a la vista del autor, en sede de autoría y participación en delitos especiales, haciendo en esta ocasión hincapié en los delitos de sujeto activo cualificado de servidor público. Con todo, se trata de un propósito que busca despejar, de manera rápida, algunas dudas en cuanto a teorías vigentes, a fin de encontrar la respuesta interpretativa actual del tratamiento dable a las figuras de la autoría y de la participación criminal, en sede de los delitos especiales que protegen al bien jurídico de la administración pública.

El presente documento reporta el estudio sobre la protección de la institución de la familia en Colombia a partir de la Constitución Política de 1991 y la jurisprudencia de la Corte Constitucional. También, se analiza el amparo que la Corte ha dado a las diferentes clases de familias, como consecuencia del reconocimiento de la existencia de diversas realidades sociales y políticas como el conflicto armado, el desplazamiento y el reconocimiento de las uniones de personas del mismo sexo.

Este artículo analiza el comportamiento del crédito externo en la economía mexicana durante la implementación del modelo de desarrollo de Industrialización de Sustitución de Importaciones (ISI) y durante el neoliberalismo. Hubo bastante injerencia del Estado en la economía nacional en el primer modelo; y del sector privado, en el segundo. Durante la realización de estos dos modelos de desarrollo, los recursos externos provenientes de la banca privada internacional y de organismos financieros internacionales han permitido obtener un crecimiento moderado a corto plazo. Sin embargo, estos mismos recursos han generado la acumulación de la deuda externa y han precipitado a la economía mexicana a crisis financieras severas a largo plazo. Para desarrollar este trabajo, se analizan las políticas que el gobierno implementa en los dos modelos de desarrollo, así como también los elementos internos y externos que originan las crisis. Para lograr estos propósitos, se revisan trabajos de especialistas en el tema y se utilizan datos estadísticos del Banco Mundial (BM) y de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). En consecuencia, el desarrollo económico de México ha estado condicionado a la utilización de recursos externos, los cuales, en algunos casos, han sido detonantes de crisis financieras.

El principio de transparencia en contratación pública ostenta un lugar privilegiado en la lucha contra las diversas prácticas lesivas de la moral pública; sin lugar a dudas, grandes tropiezos asociados a actividades poco o nada ortodoxas han encontrado un blindaje temporal en el ocultamiento de información cuya esencia exige el conocimiento público; no obstante, ha existido una marcada tendencia abanderada desde diferentes niveles territoriales, orientada a fortalecer la gestión eficaz del erario, aunado a la publicidad de las diversas actuaciones desplegadas por las entidades en procura de la satisfacción de bienes y servicios requeridos para la ejecución efectiva de los planes y programas trazados en calidad de mecanismos de avance hacia el desarrollo.

Este artículo tiene como finalidad realizar un estudio acerca de una nueva figura del derecho sucesoral, el cual hasta ahora se había encargado de regular el destino del patrimonio de una persona luego de su muerte. El parágrafo del artículo 487 de la Ley 1564 de 2012 (Código General del Proceso) planteó la posibilidad de realizar la partición del patrimonio en vida, a través de un proceso que, entre otras cosas, busca disminuir los conflictos que actualmente se vienen presentando cuando de repartición de bienes se trata. Quien desee hacer uso de esta disposición debe, primero, pedir la licencia del juez; y, después, elevar su voluntad a escritura pública. Sin embargo, se presentan controversias frente a los derechos de aquellos sujetos que, por alguna razón, no han sido reconocidos, como sucede con los hijos extramatrimoniales o aquellos que para el momento de la partición no existen. Para el desarrollo de este artículo, se partió del análisis de documentos que hacen parte de nuestra legislación, como las leyes, sentencias y doctrina relevante para el estudio del tema, de donde se evidenció muchos vacíos jurídicos, toda vez que es un tema novedoso que trae el Código General del Proceso.

La finalidad principal de los tratados bilaterales de inversión es la protección de los inversores nacionales de uno de los países signatarios, en lo que se refiere a sus inversiones en el territorio del otro país signatario. Estos tratados generan unas ciertas condiciones de estabilidad y prevén una serie de obligaciones, aunque también admiten la posibilidad que la inversión extranjera sea expropiada. No obstante, puede resultar cuestionable la expropiación de la inversión extranjera por parte del gobierno de un Estado. Así, resulta necesario reflexionar sobre cuál es el aporte en concreto que la inversión extranjera debe realizar en términos de justicia distributiva. Este artículo estudiará este aspecto de cara al caso del Estado Argentino.