vol. 1 núm. 2 (2022): el contexto nacional colombiano y el derecho humano

La evolución histórica del Estado Colombiano en relación con la dinámica entre las Fuerzas Militares y el poder civil en los siglos XX y XXI ha sido compleja y ha experimentado cambios significativos a lo largo del tiempo. Durante el siglo pasado, Colombia atravesó varios momentos de inestabilidad política y conflictos armados. En este período, se observó una intervención significativa de las Fuerzas Militares en el soporte del sistema político del país. En el siglo XXI, Colombia ha experimentado cambios signi­ficativos en la relación entre las Fuerzas Militares y el poder civil. Considerando que los militares todavía tienen un papel importante en la seguridad nacional, se han desarrollado esfuerzos para fortalecer el control civil sobre las instituciones militares y promover la democracia En consecuencia, es fundamental para el sostenimiento de la democracia la existencia de una subordinación del poder militar a las decisiones del poder civil.

Esta entrevista permite comprender las realidades y adversidades a las que se enfrentan los militares en su trayectoria de servicio.

La protesta social hace parte de la evolución de los derechos y libertades de los ciudadanos, definidos universalmente por la carta de los derechos humanos de 1948, en donde las libertades de expresión, reunión y asociación están totalmente garantizadas. Los individuos pueden entonces reclamar colectivamente el respeto de sus derechos, siempre que sus pretensiones se manifiesten dentro del marco definido por la ley y colaborar de esta forma en la construcción de mejores sociedades. Los fundamentos de la protesta social provienen de líneas ideológicas que han sido particularmente desarrolladas a partir del siglo XX. Se explica, entonces, como el uso ajustado de los principios de protesta social permite demostrar su efectividad, no sin resaltar, igualmente, que tras la protesta social surgen importantes fenómenos de violencia colectiva que se ciñen al seguimiento de doctrinas sustentadas en la toma del poder por medio de la revolución.

La justicia penal militar se encuentra en los diez países del continente suramericano; si bien en cada nación la forma de estructurar esta es diferente, también es cierto que, desde punta gallinas hasta el cabo de hornos, todos los uniformados tienen una jurisdicción especializada que los investiga y sanciona en caso de cometer delitos que estén relacionados con el servicio. En algunos países como Colombia y Perú, la Justicia Penal Militar vincula a los policías, pero en la mayoría de las naciones son solo los miembros de los Ejércitos, Armadas y Fuerzas Aéreas los que están cobijados por este sistema. Si bien todos y cada uno de los países suramericanos tienen altas cortes de cierre, en la mayoría de estos (exceptuando Colombia), los delitos de traición a la patria tienen sanción de pena de muerte, que también debe ser comunicada por el presidente de la república.

El presente artículo estudia la tensión existente entre el principio de estricta legalidad o taxatividad y el tipo penal de abandono del puesto. Con este fin, y partiendo de una metodología de enfoque cualitativo y tipo descriptivo argumentativo, se dividió el trabajo en tres capítulos. En el primero, se expone la paradoja que existe en el ser y deber ser en la tarea de adjudicación del derecho, para luego conceptualizar el principio de taxatividad y sustentar las razones por la que este es considerado la base de un modelo de derecho penal cognoscitivo y, por ende, garantista. A continuación, se aborda el estudio del tipo penal de abandono del puesto contenido en el Código Penal Militar vigente y se muestra que el mismo está redactado con un lenguaje vago e impreciso, y, por tanto, no taxativo. Finalmente, se presentan algunas recomendaciones para conciliar la aplicación del citado delito.