vol. 14 (2005)

El presente artículo constituye una reflexión acerca de la necesidad (o no) de aplicar, en el marco de la interpretación prejudicial (IP), regulada en el Tratado de Creación del Tribunal de Justicia de la Comunidad Andina de Naciones (TJCA), la doctrina del acto aclarado.Como se sabe, el tratado en mención creó la interpretación prejudicial, que consiste en la posibilidad que tienen los jueces de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones (CAN) de consultar al TJCA, acerca de la interpretación de una norma comunitaria, en el supuesto de que dichos jueces se encuentren resolviendo un caso en el cual deban aplicar disposiciones jurídicas de la CAN, o al menos las partes discutan dicha aplicación.Los jueces nacionales están obligados a realizar la referida consulta en todas las hipótesis en las que la sentencia que dicten no sea susceptible de recurso, según el derecho interno correspondiente. En el resto de los asuntos tal consulta es facultativa de los jueces internos.En este marco, el trabajo trata sobre si, en el supuesto de que la consulta del juez nacional al TJCA sea obligatoria, tal imperatividad debería ceder cuando el propio Tribunal ha resuelto la cuestión reiteradamente, a través de una IP previa, en un asunto que guarda analogía de hecho y de derecho.

El presente artículo trata de la reforma de la justicia penal española, comenzada hace casi 20 años, a partir de la llegada de la democracia y de la vigencia del Texto Constitucional de 1978, y que ha sido una reivindicación mayoritaria de la doctrina especializada y de la propia sociedad.Nadie que se aproxime con un mínimo de objetividad a la situación de nuestra justicia criminal puede discrepar de la necesidad de la reforma del sistema que, de manera parcial, se ha llevado a cabo en las últimas iniciativas legislativas modificadoras de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, con soluciones técnicas que casi resultan evidentes por sí mismas. Quizá mejor que ninguna otra iniciativa legislativa de cuantas han surgido del Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia, la denominada Ley de Juicios Rápidos (Ley 38/2002 de 24 de octubre) de Reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, y su complementaria la L. O. 8/2002, resume los dos grandes objetivos trazados por el Ministerio de Justicia: Por una parte, modernizar la administración de justicia española, haci éndola más ágil, eficiente, transparente y cercana a los ciudadanos, y por otra, fortalecer el sistema judicial en su conjunto como instrumento básico de la lucha contra la criminalidad.Desde algunos sectores se ha pretendido transmitir a la comunidad jurí- dica que la lentitud en la instrucción penal aporta garantías para el imputado. Sin embargo, entendemos que la tardanza de varias semanas o meses en realizar la instrucción, nada tiene que ver con las garantías procesales inherentes al due process of law, cuyo íntimo valor constitucional (el llamado principio de procedimiento, que construye laboriosamente la doctrina del Tribunal Supremo estadounidense a partir de la XVI Enmienda) no debemos pervertir. Tampoco creemos que aporte ninguna ventaja al imputado ni a las víctimas ni a los terceros que hayan de participar en el proceso penal, la prolongación indefinida de la fase intermedia del procedimiento o el retardo de varios meses (entre tres y cinco de media) en el señalamiento de la vista oral, como ha venido sucediendo.La preocupación por una administración de justicia que haga de la celeridad uno de sus principios informadores representa una constante hist órica en nuestro país. La propia Ley de Enjuiciamiento Criminal en suredacción originaria (hace más de 120 años) ya incorporaba preceptos que acogían el principio de aceleración, encaminados a impedir la demora injustificada de los procedimientos penales, como se desprende de algunos de sus enunciados legales.La última gran reforma de la L. E. Criminal, efectuada, como se ha dicho, por la Ley 38/2002, al amparo del también mencionado Pacto de Estado de la Justicia, de culminar el proceso de modernización de las grandes leyes procesales, situando entre sus fines la agilización de los procedimientos, no es, como también se ha indicado, un fin nuevo dentro del enjuiciamiento penal español. Ciertamente no han faltado reformas adscritas a ese mismo objetivo.Sin embargo, la experiencia global surgida al amparo de cada una de esas novedades legislativas, aunque todas ellas aportaron aspectos positivos, no puede considerarse precisamente satisfactoria. En ocasiones, la rutina en los procesos aplicativos de las normas procesales y la falta de recursos para consolidar algunas de las más importantes novedades, contribuyeron a un escepticismo acerca de la posible solución real al problema del enjuiciamiento inmediato de las infracciones leves, que las últimas reformas que vamos a analizar pretende resolver.No obstante, como también abordaremos, se hace imprescindible la promulgación de un nuevo Código Procesal Penal, porque la decimonónica Ley de Enjuiciamiento Criminal no admite más remiendos, parches ni reformas parciales, muchas de las cuales chocan frontalmente, como veremos, con los principios informadores del sistema establecido en la misma.

La presente investigación tiene por objeto analizar la regulación de la formación del contrato en las principales legislaciones actualmente vigentes en el mundo.La mayoría de los países cuya legislación de derecho privado pertenece al sistema romano-germánico, tienen un régimen aplicable a la formaci ón del contrato, contenido en los códigos civiles y/o de comercio. En el derecho anglosajón también se ha desarrollado un régimen jurídico sobre el tema contenido en costumbres, precedentes judiciales y como en el caso estadounidense, en el Uniform Commercial Code (UCC).Por otra parte, y dentro del intento de armonizar y unificar la legislación que sirva de marco a los procesos de globalización económica, la Comisi ón de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (Uncitral), el Instituto para la Unificación del Derecho Privado (Unidroit) y otras instituciones, como la Cámara de Comercio Internacional (CCI), trabajan en pro de la conformación de un sistema de derecho mercantil uniforme, tratando de salvar los escollos derivados de las diferencias entre los diversos sistemas jurídicos y las falencias del derecho internacional privado. Fruto de estas labores, y para el tema que nos ocupa, es la Convención de Naciones Unidas para los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías, los principios de Unidroit para los contratos comerciales internacionales, y los principios del derecho europeo de contratos, elaborados por la Comisión Lando. Estos instrumentos pretenden conciliar las diferencias existentes entre los regímenes romano- germánicos y anglosajones (civil law y common law).Adicionalmente, algunos países han adoptado la ley modelo de Uncitral sobre comercio electrónico, la cual hace un llamado expreso a la legislaci ón existente en materia de obligaciones y contratos, introduciendoalgunas reglas sobre el particular. Otros países han realizado modificaciones a su legislación interna regulando aspectos de la formación del contrato por medios electrónicos.El régimen uniforme tiene diferencias de fondo con las legislaciones internas y el tratamiento que en ellas se da al tema, lo que plantea problemas prácticos y teóricos.Por otro lado, debe tenerse en cuenta que las normas sobre formación del contrato contenidas en las leyes civiles o comerciales, hoy se complementan con estatutos de protección a consumidores y usuarios, y defensa de la competencia, las cuales regulan aspectos relativos a las condiciones de oferta, tales como el deber de información, la publicidad engañosa, etc.

Este trabajo, consistente en un estudio de derecho comparado del arbitraje en línea, se desarrolla a partir del cuestionamiento sobre la validez jurídica de los pactos, procedimientos y laudos arbitrales realizados por medios electrónicos.Con el propósito de obtener soluciones a esos interrogantes, se adelant ó, en esta primera etapa, una investigación sobre los requisitos formales exigidos en los arbitrajes tanto internacionales como locales, tal como se encuentran establecidos en diferentes jurisdicciones, así como su relaci ón con el equivalente funcional consignado en la correspondiente ley local sobre comercio electrónico. (El equivalente funcional es un criterio que intenta precisar las funciones que cumplen determinados requisitos formales [escrito, firma, original, entre otros], para establecer de qué forma pueden ser cumplidas de manera electrónica, y así otorgarle el mismo valor jurídico a tales instrumentos electrónicos.)Los resultados de esa investigación se plasmaron en un cuadro comparativo que incluyó las legislaciones de Colombia, Alemania, Estados Unidos, Australia, Hong Kong y Reino Unido. Estas jurisdicciones fueron escogidas según su importancia internacional, tanto política como comercial, y de manera tal que pudieran representar los diferentes sistemas legales que existen en el mundo.Adicionalmente, como se detectara la necesidad de respaldar la investigaci ón con material bibliográfico complementario, en la segunda parte de esta primera etapa, fueron incluidas reseñas de artículos de revistas especializadas, con referencias significativas a los subtemas objeto de investigación. Las reseñas mencionadas fueron clasificadas atendiendola relevancia de la información contenida en cada una de ellas y su relaci ón con los problemas analizados.Como resultado de la primera etapa de esta investigación profesoral, se concluyó que es posible realizar arbitrajes electrónicos o en línea en las jurisdicciones estudiadas, comoquiera que sus leyes le reconocen valor jurídico a ese tipo de actuaciones adelantadas por medios electrónicos. Sin embargo, al lado de esta conclusión jurídica se determinó que una certeza legal sobre el particular podría verse obstaculizada por una especial resistencia de carácter cultural en cada uno de los lugares estudiados (y en el resto del mundo), debido principalmente a la concepción formalista que informa las distintas áreas del derecho.Por último, como se indicara antes, es de anotar que lo descrito corresponde tan solo a la primera etapa de la investigación, desarrollada completamente en idioma inglés, la cual se extenderá en una segunda fase al estudio de la jurisprudencia que se ha emitido sobre el objeto de la investigaci ón y a un estudio preliminar de las dificultades culturales en las jurisdicciones analizadas.