núm. 2 (1999): (julio-diciembre) desarrollo local 2

Una interrogación central orienta este artículo, ¿existen-peculiaridades en el funcionamiento de los mercados  de tierra en las ciudades latinoamericanas? Contrario a lo que suelen pensar  los especialistas en este tema, este trabajo sostiene que las formas de operación' del mercado del suelo no en nues­tras ciudades obedecen a los patron s generales encontrados en ciudades capitalistas. No obstante, por sus condiciones sociales, políticas y económicas muy particulares, su organización socioespacial tie­ne rasgos muy peculiares en todo el continente. Estos rasgos derivan, en parte, de las especificidades de nuestro proceso de acumulación, caracterizado por un regimen de bajos salarios, grandes desígualdades sociales, acelerado crecimiento urbano, debi­lidad estructural del aparato estatal y presencia de significativos obstáculos a la homogeneización ca­ pitalista de la producción de espacio construido. A pesar de la diversidad nacional latinoamericana, nuestras ciudades han ido co gurándose en torno a ciertos rasgos comunes, mqyespecíficos de la re­ gión: alejamiento permanente de laS elites en una misma dirección, cada vez más lejana del centro his­tórico, aparente decadencia socioeconómica de este centro y secular segregación socioespacial y hetero­geneidad en la producción del espacio. En todos los casos el mercado ha operado como uno de los re­guladores centrales del comportamiento económi­co, contribuyendo a la gestación de dichas características. No obstante; en los casos, sus formas de operación han dado a las comúnmente aceptadas la salida las elites del centro sería en parte voluntaria y en parte Obligada por la compe­tencia impuesta por otros usos, populares, al­ tamente rentables, y estaría lejos de significar la decadencia socioeonómica del centro; finalmente, el mercado del suelo sería funcional a la reproducción incesante de la aguda separación en las formas de producción social del espacio construido.

El artículo propone sustituir el concepto de poli­tica regional por el de política económica territo­rial. Mientras la primera se preocupa por la regu­lación de las brechas de desarrollo subnacional, teniendo al Estado central como actor principal, la segunda conjuga lo primero con la política de desarrollo local, surgida desde abajo y construi­da a partir de las regiones y localidades con base en sus propios recursos. Tradicionalmente se han combinado dos estrategias de política regional, el desplazamiento de las actividades económicas más dinámicas y el mejoramiento de la oferta de factores  en  las  regiones  menos  desarrolladas. Mirada en este ámbito general, la experiencia co­lombiana muestra varias particularidades. Por una parte,  los esfuerzos  por  redistribuir  territorial­mente los recursos públicos de inversión y gasto social han combinado la norma, expresada en las fórmulas fiscales de la descentralización, con la tradición, manifiesta en la participación regional en la burocracia nacional. La insuficiencia de es­tas fórmulas se manifiesta en la proliferación de medidas regionales específicas y dispersas, relacio­nadas con temas precisos como la paz, los culti­vos ilícitos, la prevención y atención de desastres, el manejo de recursos naturales, y el desarrollo rural, conformando un verdadero rompecabezas de medidas  de intervención  económica  territo­rial. La crisis social, política y económica del país tiene tan nítidas expresiones territoriales que su superación parece estar exigiendo la formulación de una política económica territorial coordinada y consistente. Enfrentar este reto implica no sólo innovar en el campo de los instrumentos utiliza­dos, sino también desarrollar nuevos abordajes en el campo de la investigación económica regional.

Dado que la vivienda y el agua potable, el alcantarillado, la electricidad, el gas combustible, la telefonia y la recolección domiciliaria de basuras son bienes complementarios, la legislación colombiana de servicios publicos domociliarios entinede como "usuario", y responsable legal por la factura, al propietario o arrendatario del inmueble que recibe los seervicios, en tanto que denomiba "consumidores"a la totalidad de ocupantes del predio. A diferencias de lo que sucede con los otros servicios, es el de aseo domiciliario a las viviendas no se realizan mediciones cotidianas de los residuos recogidos. La regulación reduce los costos de me­dición, fijando promedios de producción mensual de basura por ViVienda, de acuerdo con los cuales se fijan las tarifas. Las empresas han encontrado viviendas informales que albergan varias familias, lo que conduce a interpretaciones  encontradas sobre la correcta facturación del servicio.Este artículo examina las consecuencias de facturar el servicio según promedios, teniendo en cuenta dos fenómenos:· el "equilibrio económico       actual" entre empresas y usuarios, y la distribución del ingreso en losseis estratos socioeconómicos establecidos en Colombia. Concluye que elequilibrio no es alterado por ningun  tipo de pro­medio,  mientras  que la distribución  del ingreso entre estratos sí es   afectada por el tipo de prome­dio utiÍizado en la facturación y en  connsecuencia, que si los municipios colombianos utilizaran el mejor promedio, el más adecuado a la estructura del mercado podrían mejorar la distribución del ingreso sin origmar "desequilibrios económicos" para las empresas prestadoras del servicio de aseo.para las empresas prestadoras del set:Vicio de aseo.

Luego de una revisión general a la discusión acerca de las transformaciones de la regulación jurídíca, desde la perspectiva de la crisis de la modernidad jurídica -basada en parti­cular en la literatura francesa-, y sobre el tema de los cambios operados en los paises centrales en relación con las concepciones y prácticas del urbanismo -en su acepción  planeación u ordenamiento urbano-, se exa­minan los procesos de producción de la nor­ma  estatal  en  materia de ordenamiento urbano en Colombia, a lo largo dél siglo XX.