vol. 5 núm. 1 (2014)

Debido a la globalización, figuras como la del Consumidor Internacional han ido tomando fuerza. A pesar de esto, dentro de los Estados no se ha desarrollado para él una protección mínima, la cual garantice todos los derechos que se le adscriben en las directrices de las Naciones Unidas para la protección al consumidor. Este trabajo pretende demostrar la importancia de este actor para el desarrollo económico, la gravedad de las consecuencias que acarrea su falta de protección, la insuficiencia doctrinal en la materia y los elementos que es necesario tener en cuenta a la hora de hacer propuestas para su regulación.

Es grato informar a nuestros lectores que el EAFIT Journal of International Law – Ejil cuenta con un nuevo aliado: La Red Colombiana de Derecho Internacional - Redcoldi, creada en el primer semestre de 2014 en el marco del I Congreso de derecho internacional:“Hacia nuevas perspectivas del Derecho Internacional en el Siglo XXI”, congreso que se llevó a cabo en la Universidad del Norte en Barranquilla- Colombia. Su próxima versión tendrá lugar en la ciudad de Medellín-Colombia bajo la coordinación de profesores miembros fundadores de dicha Red y pertenecientes al área de derecho internacional de la Escuela de Derecho de la Universidad EAFIT y a la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Antioquia.

El presente artículo busca analizar la institución jurídica del arbitraje, como método alternativo en la solución de conflictos, partiendo del papel preponderante que juega el principio de la autonomía de la voluntad privada, facultando a las partes a someter un conflicto a la jurisdicción arbitral, buscando una solución eficiente y eficaz ante un conflicto suscitado en virtud de un negocio jurídico. Sin embargo, es claro que no todo asunto es susceptible de someterse a esta jurisdicción, siendo necesario acudir a la jurisdicción ordinaria de un Estado, por ende se ha creado la figura de arbitrabilidad, la cual puede ser objetiva y subjetiva, entendiendo por la primera aquella según la cual se establece que materias pueden ser o no arbitrables; por la segunda, ha de entenderse la capacidad de una parte para someter el derecho que se discute a la jurisdicción arbitral. La arbitrabilidad se analizará desde el punto de vista de la legislación nacional interna, recurriendo también al derecho comparado y a diversos pronunciamientos jurisprudenciales y doctrinales en pro de responder a la pregunta: ¿qué materias pueden someterse al arbitraje?

La búsqueda por satisfacer las necesidades humanas de vestido, alimentación, entretenimiento y sustento económico, nos han llevado a intervenir y explotar de manera creciente los recursos medioambientales. De esta manera los animales y sus derivados se han convertido en una de las mayores fuentes de ingreso para el hombre, especialmente en el comercio internacional. Más allá del interrogante de si las generaciones presentes y futuras podrán disfrutar del medio ambiente y la biodiversidad biológica, existe la preocupación por el trato que les damos a los animales en las diferentes prácticas comerciales. Cada vez más personas, organizaciones y estados se preocupan por el sufrimiento al cual son sometidos los animales para generar menores costos de producción y por consiguiente mayores ingresos para productores. Sin tener en cuenta otra consideración que aquella económica. El objetivo principal del presente artículo es, por un lado determinar la incidencia de las normas internacionales de protección animal en el comercio internacional y por otro, identificar si a nivel internacional existen mecanismos que protejan los derechos de los animales bajo el régimen de la OMC (Organización Mundial del Comercio).

El intercambio comercial en el ámbito internacional es de suma importancia para el desarrollo de los Estados y los mercados, lo que supone un gran auge en el manejo y conocimiento de los contratos internacionales diseñados para regular y formalizar las relaciones comerciales transfronterizas. Una de las herramientas jurídicas más usadas con dicho propósito es el contrato de agencia comercial, entendido como un negocio jurídico creado para la explotación y promoción de empresas en diferentes áreas geográficas previamente delimitadas. Esta figura requiere de sujetos conocedores de los elementos y el funcionamiento propios del comercio en cada región, con el fin de facilitar el posicionamiento de empresarios extranjeros en países diferentes al propio. De allí que, con el presente artículo se busque analizar los elementos generales de la agencia comercial, sus bondades y falencias junto con las consecuencias que trae para el comercio la inexistencia de un marco jurídico unificado a nivel internacional que regule la formación y aplicación del contrato de agencia comercial para todos los sujetos implicados en el mismo. De la misma manera, se estudiará la normatividad colombiana actual relativa al contrato de agencia comercial, así como las modificaciones solicitadas por Estados Unidos a través del Tratado de Libre Comercio firmado con Colombia, con lo que se busca informar sobre el estado actual de este tipo de contrato.

El Convenio de Roma de 1980 fue durante más de dos décadas el cuerpo jurídico que unificó las disposiciones sobre la ley aplicable a los contratos internacionales en la Unión Europea. Dicho instrumento legal supuso una revolución en cuanto a la uniformidad de las normas de Derecho internacional Privado, pues cualquier juez de un Estado parte aplicaba la misma norma de conflicto para establecer la lex contractus, lo que incrementaba la seguridad jurídica al disminuir el forum shopping. Sin embargo, las disposiciones sobre la ley aplicable al contrato en defecto de elección de parte (Art. 4 Convenio de Roma) no fueron interpretadas de manera uniforme por la doctrina jurídica, ni por la abundante jurisprudencia de los tribunales de los Estados parte. Con la transformación del Convenio de Roma en un instrumento de la Unión Europea “Reglamento Roma I”, se aprovechó para incluir cambios en el Art. 4 buscando solucionar los múltiples problemas de su antecesor, con el fin de alcanzar un elevado nivel de seguridad jurídica. El presente artículo pretende analizar las innovaciones incluidas al precepto estableciendo un paralelo entre el Art. 4 Convenio de Roma y el Art. 4 Reglamento Roma I.

Las raíces del instituto del cónsul honorario se derivan de la antigüedad clásica. La Convención de Viena sobre Relaciones Consulares aprobó tanto la institución de la carrera de cónsul, así como el Cónsul Honorario. Cónsul Honorario es una institución con una extensa historia basada en el derecho consuetudinario internacional, es importante mencionar que sus actividades, importancia y significado han ido cambiando a través de los siglos según las necesidades y la evolución del derecho. El nombramiento de los cónsules honorarios se relaciona con el consentimiento tanto del país de origen como del país receptor para así aprobar los cónsules honorarios; mientras que no se haya percibido que la propia institución estaría en peligro de disolverse en un futuro cercano –o viceversa - hay una cierta tendencia con referencia a la importancia de la misma. El siguiente artículo, basado en la experiencia de Estonia, analiza sí el cónsul honorario ejerce funciones públicas y sí ciertos límites constitucionales se aplican en la delegación de funciones públicas a los cónsules honorarios como personas privadas. El Estado presenta un dilema al decidir si la necesidad de llevar a cabo las funciones consulares en cierta área sobrepasa los riesgos que pueden acompañar a la delegación de las funciones consulares para una persona privada que es ciudadana de un Estado extranjero. En Estonia, un cónsul honorario es nombrado y su competencia es asignada por la directiva del Ministro de Asuntos Exteriores, la autorización directa se establece en un acto administrativo. Aunque un cónsul honorario se somete a una regulación estricta y sigue las instrucciones específicas, sus tareas son realizadas de forma independiente. La delegación de tareas a los notarios no es igual que delegarlas al cónsul honorario, el método de delegación funcional prevalece.