vol. 24 (2022): derecho administrativo: publicación continua

El texto presenta la reseña de las II Jornadas de Derecho Administrativo Jaime Vidal Perdomo, evento que se llevó a cabo el miércoles 15 de septiembre del año 2021 en la Universidad de Ibagué. A lo largo de esta reseña, se presentan algunas reflexiones sobre la importancia del precedente judicial en el derecho administrativo, derechos innominados, control fiscal en la Constitución actual, daños extrapatrimoniales por afectación a bienes jurídicos constitucional y convencionalmente protegidos, intervención del Estado en la economía desde la Constitución Política de 1991 y, por último, la constitucionalización del acto administrativo.

Hablar del derecho administrativo-laboral, frente a la protección de riesgos laborales en Colombia, es ahondar en esa gran estructura que enmarca las relaciones individuales de trabajo y las luchas por convertirlo en trabajo decente. En el presente trabajo se aborda una problemática de los trabajadores deservicios generales en el área del turismo, específicamente en el sector hotelero, los cuales por su actividad se encuentran expuestos en una proporción alta a los diferentes riesgos y agentes biológicos. Este es un tema que pretende brindar herramientas técnico-jurídicas de un ejemplo particular, el cual permitirá conocer la realidad global. Puesto que la labor realizada por los trabajadores de servicios generales del sector hotelero es importante dentro del desarrollo económico, son muchas las preguntas e interrogantes de cuál será el futuro del derecho administrativo-laboral en este ámbito, si antes de la pandemia (covid-19) era incierto, ahora sí los legisladores y las altas cortes tendrán que enfrentar estos nuevos problemas y retos.

La garantía de la voluntad privada, que se materializa en la flexibilidad de la emisión de acciones y sus diferentes manifestaciones del derecho al voto en las Sociedades por Acciones Simplificadas, ha dado lugar a situaciones que desbordan los márgenes de lo permitido por el derecho comercial. El abuso del derecho al voto como institución jurídica y sus consecuencias son abordados mediante la revisión de las garantías procesales y sustanciales de los socios de las S.A.S., y el análisis sobre los derechos políticos y económicos al interior de las sociedades. Estudio que se realiza en un momento de la economía colombiana que requiere instituciones jurídicas que potencien el desarrollo societario, la formalidad comercial y la estabilidad de las empresas. El análisis y los resultados del proceso investigativo, que relacionan la doctrina del abuso del derecho al voto en las S.A.S, se presentan en tres acápites: el primero respecto de los antecedentes, precisiones conceptuales y teóricas. El segundo desarrolla un análisis sistemático de las decisiones de la superintendencia de sociedades identificando las variaciones en el sistema de precedentes. Finalmente, se presenta una reflexión que permite abordar la pertinencia, necesidad y efectividad del derecho comercial para atender las situaciones de esta figura en el tipo societario que se estudia.

El proceso de globalización se ha constituido y consolidado como un paradigma de contextualización entre la Ciencia del Derecho y los avances de los sistemas tecnológicos en la era digital; permitiendo fundamentar la necesidad de adecuar un escenario de armonía jurídica en concordancia con los retos que han sido instituidosen la época posmoderna, ante los continuos avances e innovaciones científicas.

En el presente artículo se estudia la sentencia de unificación del 29 de enero de 2020 de la Sección Tercera del Consejo de Estado, en la cual se establecieron los parámetros para el cómputo de la caducidad en el medio de control de reparación directa, cuando el daño es causado por delitos de lesa humanidad y crímenes de guerra cometidos por agentes del Estado, reglas que, como se determinará, desconocen la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sentencia Caso Órdenes Guerra y Otros vs. Chile. En el artículo se defenderá que adoptar las reglas jurisprudenciales dispuestas en la sentencia de unificación implica una grave violación al derecho de acceso a la administración de justicia para las víctimas de esta clase de delitos, el desconocimiento del principio pro homine e, inclusive, llegar a configurar una revictimización.

El artículo contiene el análisis de la presunción de culpa o dolo introducida en el ordenamiento jurídico colombiano a partir de la Ley 1333 de 2009, así como las principales críticas por violación al derecho a la presunción de inocencia, atravesando por el examen de constitucionalidad realizado por la Corte Constitucional y una invitación para recordar los elementos esenciales del acto administrativo.

Como tributo a la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Ibagué, se creó esta edición especial de la revista Dos mil tres mil. Con la participación de varios autores, quienes plasmaron sus reflexiones y propuestas en temas como el abuso del derecho al voto en la Sociedad por Acciones Simplificada, el derecho a la libertad de expresión política en redes sociales y el disenso que se presenta frente a la atribución de responsabilidad estatal por los daños y perjuicios provenientes de las leyes inconstitucionales.

A través del presente artículo se concreta el estudio de aquellos derechos que no se encuentran consagrados de manera expresa en la Constitución Política de 1991 y que, al ser inherentes a la persona humana, han adquirido la categoría de derechos fundamentales por acceso de la jurisprudencia de la Corte Constitucional con fundamento en el artículo 94 constitucional.

Las redes sociales se han vuelto el principal aliado de todos los seres humanos en lo que a comunicación e información respecta. Tanto es así que podemos observar cómo distintos planteamientos y formas de interactuar se han trasladado al plano digital. Una de esas formas es la política como medio de difusión y de propaganda electoral en las distintas redes sociales. Este cambio de paradigma ha generado que el político que sepa desenvolverse mejor en las aplicaciones y los programas será el que tenga la ventaja en un terreno electoral. Sin embargo, la política como cualquier disciplina humana que se encargue de comprender el hombre, tienen posiciones criticables en muchos aspectos. Cuando eso sucede, las redes sociales en su gran mayoría toman partido que, en el peor de los casos, generan censuras a ciertos actores políticos. En esa medida, ¿qué parámetros debe tomar la administración de justicia en caso de ponderar derechos de los actores encontrados?

Este artículo presenta una propuesta de análisis de derecho comparado funcional, a partir de los marcos regulatorios y jurisprudenciales de España y Colombia en relación con la salvaguarda del acceso a la información pública. En su desarrollo se evidencia cómo su protección es transversal para la materialización del Estado de derecho en lo concerniente a la garantía de un gobierno transparente y, a su vez, muestra cómo el acceso a la información pública constituye un presupuesto para la protección de otros derechos como los económicos, sociales y culturales.

Como tributo a la especialización en Derecho Administrativo de la Universidad de Ibagué, se creó esta edición especial de la revista Dos mil tres mil. Con la participación de varios autores, quienes plasmaron sus reflexiones y propuestas en temas como el abuso del derecho al voto en la Sociedad por Acciones Simplificada, el derecho a la libertad de expresión política en redes sociales y el disenso que se presenta frente a la atribución de responsabilidad estatal por los daños y perjuicios provenientes de las leyes inconstitucionales.

La doctrina kelseniana fue la encargada de traer al mundo jurídico los tribunales constitucionales como órganos que no integraban ninguno de los poderes públicos, evento novedoso y extraño para la estructura del Estado; por lo tanto, los tribunales quedaron alejados de la influencia de los poderes y desde allí protegieron a la constitución. La creación de la Corte Constitucional en Colombia representó el compromiso del constituyente para que existiera un órgano que tuviera a su cargo amparar la constitución. A pesar de que la doctrina kelseniana influenció el ordenamiento colombiano, la Corte Constitucional terminó integrada al poder judicial debido a razones históricas, prácticas y polémicas.

El presente texto posee la pretensión de analizar la cláusula general de responsabilidad patrimonial del Estado a partir de la Constitución Política de 1991. Se hará mayor énfasis en la relación del fenómeno de la constitucionalización del derecho con la responsabilidad patrimonial del Estado en Colombia, así como del gran debate suscitado al interior de la jurisprudencia y doctrina acerca de los elementos constitutivos de responsabilidad del Estado.

La responsabilidad del Estado por el hecho de las leyes inconstitucionales en Colombia es una moderna forma de responsabilidad estatal que ha causado disenso entre los magistrados del Consejo de Estado y doctrinantes estudiosos de la materia. Al no existir unificación de criterios respecto del régimen por medio del cual debe ser juzgado este tipo de responsabilidad, se pone de manifiesto un evidente desequilibrio del principio general de seguridad jurídica, noción que es fundamental a la hora de buscar obtener la indemnización de perjuicios con ocasión del daño causado por la declaratoria de inconstitucionalidad.