vol. 9 núm. 9 (2008): principia iuris

El artículo presenta los puntos más sobresalientes del reconocimientoconstitucional de la diversidad étnica y cultural en Colombia. Para hacerlo, pone en evidencia la ruptura que se presenta entre la justicia delos pueblos originarios y la filosofía política que encarna el pluralismo jurídico. La tesis del artículo, es que el pluralismo jurídico consagrado en la Constitución de 1991 devino en un monolingüismo constitucional, toda vezque supedito el entendimiento particular de la justicia de cada pueblo indígena singularmente considerado, a los axiomas derivados de la lengua de la Constitución y la ley.

La rapidez en la celebración de negocios actualmente ha llevado el mundo al comercio electrónico, y a través de ella, la celebración de innumerables contratos que, para efectos jurídicos, tienen la misma fuerza probatoriaque el documento físico. ¿Qué tanta confiabilidad tiene para el ejercicio de la actividad comercial el uso de este documento? Basta decir que la declaración de voluntad de uno de los contratantes debe coincidir con lavoluntad del oferente, sin más formalismos al respecto, permitiendo rápidamente la operación.

El derecho administrativo ha sido concebido como un derecho constitucional concretizado, siendo el control de constitucionalidad de losactos administrativos una consecuencia lógica de la constitucionalización del derecho administrativo. Sin embargo en Francia, por principio, el control de constitucionalidad de los actos administrativos es improcedente, habiendo rehusando el Consejo de Estado estecontrol como una consecuencia de la ausencia original de un control de constitucionalidad respecto de las leyes en el sistema francés.El principio de la tesis se basa en una concepción de aplicación material de la ley, si un acto administrativo desarrolla una ley de la república adoptada por el parlamento, este acto escapa al control de constitucionalidad pues el juez ordinario finalizaría censurando lavoluntad del representante de la soberanía, pero este principio se ha mermado en el actual orden jurídico.El desarrollo dado ha marcado una diferencia con las concepciones y principios tradicionales del derecho francés, en primer lugar, por laconstitución vigente de 1958, la cual estableció el Consejo Constitucional que, con el tiempo, empezó a ejercer funciones de control de constitucionalidad, protección jurisdiccional efectiva de los mandatos superiores a la cual, en los últimos tiempos se han sumado la aplicación y las decisiones de la Corte de Justicia de las Comunidades Europeas (CJCE) y la Corte Europea de Derechos del Hombre (CEDH). Este desarrollo se encuentra en situación conexa a un punto medular en este tema, la «revition constitutionnelle du 23 juillet 2008» la reforma constitucional del veintitrés de julio de 2008, situaciones que han terminado por establecer una viabilidad en ejercicio del control y aplicación de concordancia de las normas superiores en el ordenamiento jurídico francoeuropeo.Sumado a este establecimiento de organismos de control respecto de los mandatos de orden superior, encontramos un avance jurisprudencialde parte del juez administrativo, tanto de instancia como jurisdicciónsuprema. Vemos entonces como esta evolución se ha gestado, intentando superar una prohibición del esquema tradicional con un mandato del ordenamiento contemporáneo y, más que una abrogación de competencias por parte del juez ordinario, podríamos pensar en una auténtica integración de las ramas del poder público, donde ninguna se encuentra por encima de las otras pero sí interconectadas en susfunciones, especialmente a través del marco jurídico político supremo, laconstitución.

En estos momentos podemos hablar de una nueva sociedad del conocimiento, caracterizada por unas exigencias profesionales globalizadasy competitivas que reclaman un conocimiento aplicable. En este contexto la comunidad nacional, tanto en lo referente al sector público como al sector privado, no puede ser indiferente. Así, la movilidad y la educaciónpor competencias se plantean como características de un sistema educativo que busque responder adecuadamente a la formación de una nueva generación.

Este artículo analiza la teoría poscolonial como una herramienta crítica diversa y complementaria a la teoría crítica tradicional en el derecho.

El presente artículo explora la vida moral, no simplemente como obediencia a normas sin clara conciencia de los valores en juego (heteronomía), sino como cumplimiento del «deber» según la convicción personal, en ejercicio de la libertad (en expresión kantiana, «obrar por deber»), resultado de la formación ética («Ethica docens») orientada a la conquista de la autonomía.

El artículo desarrolla, a partir de las decisiones de las altas Cortes colombianas, las consideraciones que hacen del juicio el principal escenario del debate probatorio. Para tal efecto se analizan las fases probatorias quese surten dentro de la etapa procesal de juicio, es decir, el descubrimiento, la solicitud, la admisión, la práctica y la valoración de las pruebas. Lo anterior teniendo en cuenta que con la adopción, a través del Acto Legislativo 03 de 2002, de un sistema procesal penal contendencia acusatoria, se abandona el principio de permanencia de la prueba, para en su lugar adoptar los de inmediación, oralidad,publicidad, contradicción y concentración, lo que significa que prueba solo es la descubierta, solicitada, admitida y practicada en juicio.

Este trabajo presenta un análisis comparativo de las experiencias y modelos en materia de equidad de género desarrollados en diversospaíses y organizaciones internacionales, identificados como los que han elaborado e implantado las herramientas más innovadorasy eficientes en relación con la política transversal de género.El objetivo de este trabajo es acercar al lector una panorámica de las herramientas y mecanismos de control que aseguran la correcta incorporación de la perspectiva de género.

En este artículo se aborda el tema de las presunciones en la contratación estatal en Colombia, partiendo del concepto y las distintas modalidades de presunción; se precisan las más generales, aplicables a todala actividad de la administración pública, y las particulares, propias de la contratación oficial.En éstas, se examinan las de pacto de las cláusulas excepcionales, de la cláusula de caducidad y del sometimiento a las leyes nacionales estipuladas en los contratos que tengan por objeto el ejercicio de una actividad que constituya monopolio estatal, en los de prestación de servicios públicos o explotación y concesión de bienes del Estado y en los de obra; igualmente aludimos al pacto concretado en la cláusula de reversión para los contratos de explotación y concesión de bienes delEstado, así como la presunción de equilibrio financiero del contrato, y la de compra a precios de mercado en ciertos contratos. Finalmente,hacemos referencia a la presunción de legalidad de algunos actos administrativos propios de la contratación estatal, a la culpa, sus consecuencias jurídicas.