vol. 14 núm. 27 (2017)

Este trabajo corresponde al resultado de la revisión de literatura científica y jurídica acerca del teletrabajo, para establecer su concepto, dimensiones, ventajas y desventajas para los trabajadores, empresas y la sociedad. Presenta también lineamientos jurídicos para el teletrabajo en Europa, Estados Unidos y Colombia.

El sector minero es uno de los más importantes sectores de la economía colombiana. Contratos de concesión minera en diversas zonas del territorio nacional están en desarrollo y los riesgos de daño ambiental son probables. Este artículo busca hacer una reflexión sobre la posibilidad de establecer la responsabilidad del Estado en la ocurrencia de un daño ambiental a causa de la explotación minera, en qué casos podría esta ser arrogada, qué mecanismos existen para la determinación del daño y la importancia de la reparación integral en estos casos.

El presente artículo pretende identificar, analizar, comparar y hacer seguimiento al proceso de formación de la política pública de calidad de la educación superior en Colombia, para lo cual se abordan los períodos 1980 – 1991 y de 1992 a la actualidad. Debido a que en 1980 y 1992 se expidieron las dos grandes reformas a la educación superior que, por su puesto, incidieron en la calidad, razón por la cual, en el desarrollo de los propósitos señalados, se abordan las directrices normativas, al igual que los planes y demás instrumentos que soportan la política.

Este artículo presenta la literatura, los pensamientos y las teorías de diferentes autores que se han referido a los vínculos familiares y el riesgo psicosocial en las nuevas familias reconstituidas. Es una revisión de las proposiciones teóricas más relevantes enfocadas en primer lugar a la relación afectiva o vínculo familiar, y en segundo término, al entorno psicosocial que se crea en esta clase de familias. Con la recopilación y análisis de la información se constata que el vínculo familiar es una fuente de afecto que crea lazos entre los miembros de la familia. No obstante, debido a que las familias reconstituidas provenientes principalmente de vínculos familiares fragmentados, el riesgo psicosocial es más significativo que en otro tipo de organización familiar. Los fundamentos que soportan este trabajo, son el resultado de investigaciones previas de material bibliográfico extraído de fuentes de datos, cuyos resultados han sido analizados objetivamente y expuestos de manera organizada.

El presente escrito pretende demonstrar las diferencias y similitudes entre la concepción de Tribunal constitucional, sostenida por el jurista austriaco Hans Kelsen (HK) y la implantación y desarrollo del órgano que realiza las ‘mismas’ funciones en Colombia. Para ello, se analizará la historia de la propuesta de HK, su estructuración y, necesariamente, su pensamiento en general sobre el derecho. Con respecto a la Corte Constitucional de Colombia, se abordarán los mismos aspectos para finalmente concluir este trabajo comparativo.

La justicia contencioso-administrativa puede brindar reparación a las víctimas del desplazamiento forzado en Colombia y garantizar en parte sus derechos a la verdad y la justicia. Sin embargo, los teóricos han planteado dos dificultades que pueden tornar ineficaz el mecanismo: no todos los afectados acceden al juez, por falta de educación e información, y las sentencias pueden dictarse mucho tiempo después de la reclamación, cuando ya no generan mayores impactos. El propósito del escrito fue averiguar si se podían superar estas eventuales limitaciones. A partir del estudio de cuatro fallos del Consejo de Estado proferidos entre 2004 y 2010 y de fuentes periodísticas, institucionales y legales, evidenciamos dos circunstancias: una de ellas, muy pocas víctimas recurrieron al juez para que se declarara la responsabilidad del Estado y la reparación de su perjuicio; la otra, las sentencias se expidieron mucho tiempo después del legalmente permitido. Después de estudiar algunas propuestas teóricas, concluimos que dichas circunstancias podrían superarse si se hicieran algunos ajustes: i) desarrollar una audiencia pública de discusión, previa al fallo definitivo, en la que víctimas y entidades demandadas pudieran exponer sus preferencias sobre los límites y formas de reparación (alto participativo en el camino); ii), dar prelación a las demandas de las víctimas del DEFO a la hora de fallar cada una de las instancias; iii) hacer un seguimiento posterior a las órdenes concretas proferidas, a través de autos y audiencias. Dichas posibilidades nos sembraron una inquietud: ¿necesitamos una jurisdicción especial para la reparación de todas las víctimas del conflicto?

El presente texto es una propuesta teórica, cuya principal pretensión es desarrollar un análisis de la noción de Autoafirmación y sus implicaciones en el ámbito educativo desde la perspectiva de Fernando González Ochoa. Parte de la hipótesis que una auténtica educación solo es posible a partir de un cuidadoso proceso de comunicación; el cual a su vez, depende de manera exclusiva de los agentes intervinientes que en él tengan verdaderas posibilidades de autoafirmación, es decir, de la idea de que sin autoafirmación, no es posible la educación.

Ante la inexistencia de un modelo económico expreso en la Constitución colombiana de 1991 se hace necesario identificar el modelo materialmente acogido. A partir de un ejercicio de revisión de la jurisprudencia constitucional, fue posible identificar la consolidación de un precedente jurisprudencial, en los últimos años, que reconoce a la Economía Social de Mercado como el modelo propio del subsistema constitucional económico. Con el fin de identificar las características de ese modelo, el presente artículo consigna un ejercicio de revisión histórica de los rasgos distintivos de la Economía Social de Mercado que surgió, inicialmente, como una respuesta ideológica a la crisis económica de la primera mitad de siglo en Europa y la difícil situación económica alemana producto de los conflictos bélicos, y posteriormente se materializó como una política de Estado durante el gobierno del Canciller Konrad Adenauer permitiendo la reconstrucción de la economía alemana.

Este artículo analiza la evolución jurisprudencial que en materia de responsabilidad por infracciones a la propiedad intelectual y las reputaciones en Internet, se dio en el derecho norteamericano durante la década de los noventa, a partir del panorama que trajeron consigo la Communications Decency Act y la Digital Millennium Copyright Act. De la misma forma, se contrastarán los orígenes de la responsabilidad en la Directiva 2000/31/CE respecto al escenario planteado. El objetivo propuesto es examinar las circunstancias que en dicho periodo de tiempo reflejaron la tensión entre la industria de las telecomunicaciones e industria cultural, como elementos clave en la evolución de la regulación en Internet.

El presente artículo aborda una crítica al manejo que la Corte Constitucional leha dado a las acciones de tutela contra misiones diplomáticas en materia laboral. La tesis de la inmunidad relativa en materia laboral, que actualmente sostiene la Corte Constitucional, no ha sido suficiente para asegurar la protección inmediata de los derechos fundamentales de los demandantes, y por el contrario, ha creado mecanismos engorrosos que desfiguran el fin último de la tutela. Además en términos prácticos, la actual posición del máximo tribunal constitucional no hace otra cosa diferente que trasladar la causa de rompimiento de las cargas públicas, que antes se encontraba en la inmunidad diplomática, a la inviolabilidad personal y la inmunidad de ejecución, que impiden el cumplimiento de las sentencias de tutela.

PRINCIPIA IURIS tiene como finalidad recoger los estudios generales en materia de ciencias sociales, con una especial atención en los estudios generales del Derecho desde una perspectiva crítica y plural. Todo ello en el marco de la filosofía institucional que comprende el Derecho como unarealidad compleja que involucra diferentes aspectos: valores, hechos sociales y normas jurídicas.

Las expectativas de pensionarse en este país son cada vez más lejanas, en virtud de las inusitadas reformas que sufre el sistema pensional y que hacen gravosa la oportunidad de acceder a ese derecho laboral y social. Entre otras razones por la ausencia de sostenibilidad económica, que no garantiza a ningún ciudadano colombiano que a través del Estado o con fondos privados, pueda tener en su etapa de vejez una vivencia feliz y tranquila. Con tantas divagaciones legales y administrativas para la implementación de un verdadero sistema pensional en Colombia, luego de la reforma del I.C.S.S, como consecuencia de actos de corrupción, la ineficiente aplicación de la ley 100 de 1993 que crea el Sistema General de la Seguridad Social Integral, la supresión y liquidación de instituciones de seguridad social, y la sistemática tramitomanía que dificulta los procesos, se hace inalcanzable este derecho que a todo trabajador le corresponde, luego de haber laborado por cerca de 25 años.Resulta preocupante que solo uno de cada diez ciudadanos colombianos llegan a pensionarse, es decir que el 90% restante, quedaría por fuera de esta oportunidad. Así mismo, preocupa el hecho de saber que el 83% de quienes reciben pensión proveniente de los fondos privados no alcanzan a obtener dos salarios mínimos, de lo que se concluye la precariedad en que vive el pensionado colombiano. Ampliar de manera reiterada la edad y tiempo de cotización se viene convirtiendo en una burla sistemática para el trabajador dependiente, y en utopía el logro de una pensión después de muchos años de trabajo y ahorro. El célebre filósofo, político y visionario maestro griego Platón, planteo en su serie de escritos que: “un mundo ideal en el que todos sus miembros viviesen felices y satisfechos solo era posible si ese mundo era un mundo justo, pues un Estado es ideal si en él reina la justicia. Lastimosamente hoy en Colombia esos principios perdieron vigencia, porque también se perdió la noción de justicia social.

El artículo, a propósito del examen de los desarrollos disciplinares resultantes de la conjunción de derecho y tecnologías de la información y la comunicación, contiene planteamientos sobre el papel del derecho en la sociedad de la información, la transición hacia un nuevo paradigma sociocultural, y el rol que al jurista compete desempeñar en él.