vol. 13 núm. 2 (2011)

El presente artículo buscó identificar cuál es el estándar de cuidado médico exigido por el Derecho respecto de los enfermos terminales y sobre la posibilidad de limitación del esfuerzo terapéutico que respete la diligencia debida esperada de los médicos. Para ello, se identificaron las circunstancias en las cuales el médico se ve abocado a tomar una de dos posiciones: garantizar el derecho a la vida continuando el tratamiento o limitar el derecho a la salud restringiendo el esfuerzo terapéutico. Se señalaron los casos del common law inglés que resolvieran sobre el problema fáctico empleado. Para nuestro país, se creó una línea jurisprudencial de la Corte Constitucional sobre el papel del médico en la definición de si continuar o no el tratamiento de una persona gravemente enferma. Por último, se presentó el precedente jurisprudencial y se hizo un análisis comparativo de las soluciones expuestas en Gran Bretaña y en Colombia.

En este artículo, se aborda el problemático y zigzagueante desarrollo de la objeción de conciencia en el marco de la jurisprudencia constitucional colombiana. A partir de una alusión histórica al famoso caso de los “Peregrinos del Mayflower”, que servirá de referencia a los problemas centrales que enfrenta el objetor, se busca delimitar el ámbito de la objeción de conciencia como derecho fundamental (como pretensión de justicia iusfundamental) en razón de las posibilidades “fácticas” y “jurídicas” para su ejercicio, para lo cual se hará un sumario contraste entre los más representativos casos fallados por la Corte Constitucional Colombiana. El núcleo del artículo lo constituye la idea de que existe una prevalencia ideológica que, injustificadamente, hace difícil y, en algunos casos, nugatorio el ejercicio del derecho a objetar en conciencia, particularmente cuando se trata del derecho a la vida en el denominado caso del aborto.

En este trabajo, se somete a examen el rendimiento de la tesis “tradicional” (naturalística) del delito de estafa frente a las necesidades político-criminales del presente. Para este sistema, entre sus diferentes elementos típicos se exige una relación de causalidad. Al día de hoy, cabría preguntarse si esta solución es conveniente, es decir, si responde eficientemente a los supuestos problemáticos que plantea la realidad de los negocios contemporánea.

El artículo explora los usos que del derecho colonial hicieron los indígenas en la última etapa de este período de la dominación española, que va desde las reformas borbónicas hasta la Independencia (1750-1810). La primera parte, resultado de una revisión historiográfica, da cuenta de cómo la inicial pretensión del régimen colonial de conservar los sistemas jurídicos indígenas derivó en la creación de un régimen jurídico diferenciado, que separaba la “república de indios” de la “república de españoles”; separación que, si bien no fue efectiva en preservar las tradiciones legales prehispánicas, permitió diversos usos del Derecho como mecanismo de adaptación y resistencia. La segunda parte del texto ilustra estos usos del Derecho, con algunas actuaciones jurídicas de indígenas a finales del siglo xviii y principios del xix en el Nuevo Reino de Granada.

Reseña del libro: Los abogados en Colombia

Eventos académicos, primer semestre de 2011, Facultad de Jurisprudencia

El Derecho a menudo es fuente de discriminaciones sociales y a la vez puede ser la herramienta para solucionarlas. Los autores tratan de dar un ejemplo de este fenómeno, al analizar el impacto de las normas en materia de ciudadanía italiana sobre los descendientes de ciudadanos italianos emigrados al extranjero y más precisamente a América del Sur.Así, en aplicación de la vieja normativa italiana, solo el padre transmitía iure sanguinis la ciudadanía a sus descendientes: además, las mujeres perdían automáticamente la ciudadanía italiana si hubiesen adquirido una ciudadanía extranjera por matrimonio con cónyuge extranjero. Estas normas discriminaban a la mujer italiana emigrada al extranjero y especialmente a sus descendientes, quienes no podían adquirir dicha ciudadanía. Las normas discriminatorias fueron por fin abrogadas por parte de la Corte Constitucional en los años setenta y ochenta: sin embargo, los efectos de estas seguían persistiendo, considerando que las sentencias de la Corte Constitucional no cobijaban hechos ocurridos anteriormente a la entrada en vigor de la Constitución (01.01.1948) y así no daban solución a las discriminaciones acontecidas antes de esa fecha. En el 2009, la Corte Suprema Italiana, al extender los efectos ratione temporis de las decisiones de la Corte Constitucional, “abría las puertas” de la ciudadanía italiana a un número considerable de ciudadanos italianos nacidos de mujeres italianas antesdel 1º de enero de 1948. Así, los autores focalizan su atención sobre el impacto social de la decisión para todos los potenciales ciudadanos que viven en América del Sur y buscan evaluar sus efectos jurídicos sobre el ordenamiento italiano.

Este trabajo analiza la problemática jurídica existente en Chile, relativa a si es posible calificar como trabajador dependiente a un socio que presta servicios para la sociedad a la cual pertenece. Para ello, se efectúa un estudio crítico de la jurisprudencia administrativa de la Dirección del Trabajo en contraste con la jurisprudencia de los tribunales de justicia de dicho país. En este sentido, el autor desarrolla criterios que pueden servir de orientación con miras a la solución de controversias de esta naturaleza. Así, se realiza un estudio interdisciplinario, que conjuga tanto los elementos esenciales del contrato de trabajo, en particular la nota de ajenidad, con las características propias de cada tipo societario.

Analizar el fenómeno de la responsabilidad del Estado causada por los hechos del legislador ha sido un trabajo desarrollado tanto por la doctrina como por la jurisprudencia internacional a mediados del siglo XX. En Francia, por ejemplo, se presentó el primer antecedente jurisprudencial en el año de 1934. En España, su estudio empezó a gestionarse con la promulgación de la Constitución de 1978, dándose el primer fallo judicial en elaño de 1993. Para el caso colombiano, la Constitución de 1991 introdujo en su artículo 90 el fundamento constitucional de la responsabilidad patrimonial del Estado, sin que esto significase que la jurisprudencia del Consejo de Estado encontrase las bases de esta responsabilidad en diferentes disposiciones de la Constitución de 1886, tales como los artículos 2º, 16 y 30, que consagró el principio de legalidad del Estado para proteger la vida, honra y bienes de los ciudadanos, y garantizar la propiedad privada y los demás derechos adquiridos con el título de derecho. Sin embargo, los primeros fallos relacionados con este título de imputación en Colombia fueron emitidos por el máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo colombiano en el año de 1998 y por la Corte Constitucional a través de la Sentencia C-038 de 2006, providencia judicial que estableció algunas de las características que posee esta figura jurídica.

El artículo presenta un análisis histórico de la forma en la que los crímenes contra la humanidad se conviertenen delitos autónomos de los crímenes de guerra y de agresión desde el momento en que este concepto se introduce en las discusiones que tuvieron los Aliados cuando se estaba creando el Tribunal Militar Internacional de Nuremberg. El texto describe la manera como este concepto se ha desarrollado y discutido en diversas instancias internacionales hasta llegar al Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. En el artículo se muestra cómo los Juicios de Nuremberg tienen un significado jurídico e histórico trascendental puesto que logran institucionalizar la responsabilidad individual ante un tribunal internacional para una nueva categoría de crímenes. Igualmente, da cuenta de cómo, luego de los Juicios de Nuremberg, los crímenes contra la humanidad fueron gradualmente retirados del ámbito de la soberanía estatal y pasaron a ser un asunto de la comunidad internacional de naciones.

Aun cuando no pareciera evidente, la suspensión del contrato de trabajo reviste gran importancia durante la ejecución de éste, toda vez que obedece a uno de los principios fundamentales de esta disciplina, la estabilidad laboral, porque lo que se busca es que, a pesar de presentarse circunstancias de adversidad durante el desarrollo del contrato, o situaciones que en otros ámbitos harían desaparecer la relación, esta se mantenga viva. Ante la ocurrencia de cualquiera de las causales taxativas de suspensión, pueden surgir inquietudes o vacíos, los que se intentarán responder o llenar a lo largo de este escrito. Es así como se hará mención en primer lugar a la definición, finalidad y características de la institución jurídica; posteriormente, se analizarán en detalle cada una de las causales de suspensión del contrato en ISSN 0124-Colombia; luego, se revisarán los efectos de la suspensión y se hará referencia a la reanudación del trabajo; para ultimar con la comparación de la figura en algunos países hispanoamericanos (México, Paraguay y España).

El contrato de trabajo es fuente de diversas obligaciones para las partes involucradas en él: empleador y trabajador. El trabajador debe prestar los servicios personales encomendados y el empleador debe pagar el salario como obligaciones principales. Sin embargo, en ocasiones de crisis económica, como la que vivimos, se verifican supuestos en que resulta imposible para el trabajador cumplir con sus obligaciones principales por causas imputables al acreedor (empleador), contexto en el cual nos adentramos en la problemática que abordaremos: la mora del acreedor en el contrato de trabajo.

En sistemas marcarios, como el de la Comunidad Andina, una autoridad estatal verifica que las marcas sean distintivas, lícitas y no afecten a terceros, y, luego de ello, concede su titularidad. En este contexto, ha suscitado un especial interés la posibilidad de que, mediante acuerdos o declaraciones de coexistencia, sean los particulares los que aseguren que sus signos cumplen las condiciones para obtener registros simultáneos.Tales negocios jurídicos para la coexistencia de marcas resultan problemáticos si se piensa que los titulares estarían disponiendo de intereses que parecen importar también a los consumidores, competidores y al mercado. Por lo tanto, precisar el margen de libertad contractual en el ámbito del derecho marcario, cuyas normas son consideradas de orden público, adquiere importancia práctica y teórica, puesto que su concreción: i) reconoce los riesgos cuya evaluación puede ser relevante al negociar los acuerdos y ii) contribuye a los debates sobre el papel de la autonomía privada en aquellos ámbitos reservados para normas inderogables. Así, esta investigación sitúa las declaraciones de consentimiento para la coexistencia de registros en Colombia en un cuadro más amplio, el de los límites de la autonomía contractual.

En el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, se prevé que los litigios entre los Estados y las víctimas de violaciones de derechos humanos o sus representantes puedan resolverse a través de un acuerdo amistoso. En este arreglo, llevado a cabo ante los órganos regionales de protección de los derechos humanos, el Estado se somete por voluntad propia a un proceso de solución amistosa, que no implica per se un reconocimiento de responsabilidad internacional por parte suya, sino apenas un cumplimiento de buena fe de los propósitos de la Convención, proceso en el que se compromete a investigar y juzgar a los responsables, y adopta compromisos en materia de reparación a los afectados; las víctimas, por su parte, renuncian a llevar el caso ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos; y la Comisión Interamericana vela por la coherencia del acuerdo en relación con la normatividad interamericana y ostenta un papel de observador independiente. ¿En qué consisten estos acuerdos?, ¿qué posibilidades y límites ofrecen para las partes enfrentadas? y, sobre todo, ¿qué clase de reparación ofrecen para las víctimas de violaciones de derechos humanos?, son las cuestiones por resolver en el presente artículo.

En el presente texto, los autores se aproximan a los estándares del Sistema Internacional de los Derechos Humanos, en especial el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (en adelante el “sidh”), en relación con el deber de custodia frente a las personas privadas de la libertad. De esta manera, se aproximan a la naturaleza particular de la responsabilidad internacional del Estado en la materia, al alcance de las obligaciones estatales en cuanto a determinadas poblaciones vulnerables dentro de centros carcelarios y penitenciarios, así como a las exigencias hechas al Estado de adecuar el sistema carcelario en general, con el fin de garantizar los derechos de los internos.

El éxito de las investigaciones de crímenes internacionales (genocidio, crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad) depende en gran parte de poder establecer el patrón delictivo. El patrón delictivo es el conjunto de características que tienen en común varios incidentes con relación a las víctimas, los perpetradores y el modus operandi. Las pruebas y los análisis con base en patrones han sido utilizados con éxito principalmente en las investigaciones de masacres, destrucciones y desplazamiento, pero su utilización en imputaciones de violencia sexual ha sido notoriamente más limitada. Es necesario cubrir este vacío por medio del establecimiento de métodos apropiados de recolección y análisis de datos. A nivel de la recolección de pruebas, la carencia de denuncias presentadas por las víctimas se debe suplir por medio de encuestas a las víctimas o por medio del análisisde la información secundaria disponible en diferentes fuentes. A nivel de análisis, la evidencia disponible debe ser evaluada de manera imparcial, independientemente de las ideas preconcebidas de las partes en conflicto y de los grupos de defensa de derechos, cumpliendo con los estándares y métodos científicos para el análisis cuantitativo, cualitativo y de sistemas de información geográfica (GIS). Un análisis de varias experiencias investigativas y de la jurisprudencia permitirá establecer la metodología más apropiada y será la manera más eficiente de ayudar a poner fin a la impunidad relacionada con los crímenes sexuales.