vol. 19 núm. 37 (2016)

Con base en la doctrina, en algunas de las disertaciones especializadas en derechos fundamentales y en el contenido de los instrumentos universales e interamericanos de protección a los mismos, estas páginas sugieren la justificación y el fundamento del derecho humano al acceso al agua potable como un asunto de dignidad, por lo tanto, un derecho humano y, en específico, un derecho social; así como una aproximación a los estándares mínimos establecidos en el ámbito internacional y las obligaciones que de ellos se derivan para los Estados, que deben garantizar dicho derecho. El abordaje de dichos temas se apoya y sustenta principalmente en los métodos: analítico, para el estudio ordenado y razonado del derecho; fenomenológico, con la finalidad del conocimiento objetivo de su naturaleza y esencia social, y hermenéutico: con el propósito de su estudio a la luz de las interpretaciones realizadas por la doctrina y los órganos supranacionales respecto de su contenido y alcances.

El interés por Carl Schmitt en los primeros años del siglo XXI se hace cada vez más evidente, especialmente en autores que buscan renovar la tradición liberal apelando a los argumentos de este polémico autor. Pese al lugar común que significa Schmitt, su reconocimiento general viene acompañado de una suerte de estigmatización difícil de superar, con la que en ocasiones se le califica de “cómplice” de la tragedia del nazismo. En este artículo se presenta una reflexión en torno a la comprensión que tenía Carl Schmitt sobre el derecho. En dicho análisis se emplea un método hermenéutico de estudio de la primera obra de Schmitt; su tesis de habilitación de 1914. El artículo permite ver que muchos de los elementos de la filosofía política schmittiana en su conjunto, se definen en esta primera obra, la que ideológicamente se ajusta mejor al pensamiento burgués-conservador que a los fundamentos del nazismo. 

El artículo consigna un ejercicio de revisión jurídica sobre las características del modelo de economía social de mercado, reconocido como modelo económico por la Corte Constitucional, dentro del subsistema constitucional económico colombiano. La primera parte del escrito detalla las particularidades e implicaciones de este modelo y las consecuencias que su estructura supone para la libre competencia económica, habida consideración del marco normativo de protección. Posteriormente, se describen las generalidades de los sistemas de protección del derecho a la competencia anglosajón y europeo tomando como referencia las normas más importantes en cada uno de ellos, con el fin de comprender el impacto que dichos sistemas tuvieron en el modelo colombiano. Por último se presentan las propiedades más relevantes del régimen de protección de competencia en Colombia a partir de un bosquejo general del marco normativo existente.

El texto propone categorías metodológicas que asuman una postura crítica, las cuales se pueden emplear en el diseño de proyectos de investigación empírica en derecho. Proyectos cuyo interés sea describir y exigir la racionalidad de las instituciones del Estado de derecho. Esta forma de legitimación del poder supone la necesidad de decidir conforme la voluntad de las leyes y no conforme la de los hombres. Para alcanzar su objetivo el documento propone las categorías “fuga del derecho”, “falsa legalidad” y “zona de autoridad”, desarrolladas a partir de la obra de Franz. L. Neumann, cuyo propósito es evidenciar y criticar los criterios utilizados por el poder para justificar jurídicamente sus actos y, eventualmente, reflexionar sobre el significado de su ausencia. El uso de dichas categorías procura posibilitar la identificación de los problemas de investigación que relacionen las categorías de racionalidad interna del derecho con los conflictos en la sociedad civil, revelando los momentos en los que el poder decide la forma autárquica, pervirtiendo el derecho para imponer una decisión de forma unilateral, es decir, sin una justificación que cumpla con las exigencias de la promesa de legitimidad contenida en la idea del Estado de derecho.

Este artículo pretende describir la relación que existe entre los proveedores de servicios de telecomunicaciones (PST) (operadores) y el Estado en los casos donde las actuaciones de la administración a través de medios digitales comportan una responsabilidad debido al papel que desempeñan los PST, como intermediarios y garantes del servicio de comunicaciones entre la administración y los ciudadanos. Hemos tratado de establecer en el desarrollo de la investigación que se puede presentar aparte de la responsabilidad civil de los PST, una responsabilidad imputable al Estado en cuanto a su función de vigilancia, una responsabilidad derivada de la falla en la prestación del servicio, y una en cuanto a que la administración delega en los PST la salvaguarda, custodia y manejo de la información de los ciudadanos.

El artículo presenta un estudio analítico sobre la relación entre los sistemas europeo e interamericano de derechos humanos, dando especial relevancia al diálogo existente entre ambos tribunales. El problema de investigación busca identificar cuáles son los puntos de conexión y divergencias entre los dos escenarios de protección de derechos humanos. La metodología es la del análisis comparativo y doctrinal respecto a sendos órganos, predominantemente desde la óptica de su estructura orgánica y funciones. Se pretende destacar que en la jurisprudencia ha habido una relación que en general, propicia la Corte Interamericana que recoge en algunos casos, las aportaciones de su homólogo el tribunal europeo y que logran insertarse en sus propias sentencias.

Este artículo presenta los resultados del análisis del cumplimiento de las condenas ordenadas en la sentencia de la masacre de Mapiripán contra Colombia. El caso evidencia una particularidad en el análisis probatorio sobre la violación de derechos humanos y en el reconocimiento de la calidad de víctimas, tales peculiaridades han repercutido en la etapa de cumplimiento de las condenas contra el Estado colombiano. La problemática investigativa consiste por tanto en estudiar la inconsistencia probatoria revelada con la demostración de falsas víctimas reconocidas en la sentencia. Todas, situaciones que trascienden en el examen de las reglas que rigen el acervo probatorio ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos y las especiales circunstancias del cumplimiento de las órdenes de la sentencia.

Este artículo tiene como objetivo mostrar las diversas soluciones propuestas por la doctrina para los problemas jurídicos derivados de la pregunta atinente a cuál es la estructura de aplicación del principio de confianza en el ordenamiento jurídico-penal colombiano desde la óptica de la teoría del delito, para luego poner en evidencia la línea jurisprudencial que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha manejado al respecto, proponiendo entonces una solución desde el marco de la imputación objetiva que pueda ser plenamente satisfactoria y coherente con los engranajes constitucionales y legales que rigen para el derecho penal y procesal penal colombiano.

Después de la independencia, la organización administrativa del Estado colombiano hacia un modelo de corte liberal y capitalista fue inmediata. No obstante, por parte de quienes se resistían a perder antiguas prerrogativas, surgieron prácticas conducentes a beneficiar los intereses particulares, aun cuando dicho beneficio debiera tocar los sagrados bienes públicos. El objetivo del artículo es ilustrar acerca de una de las mayores vulneraciones que sufrió Colombia en los primeros años de vida republicana: la corrupción, entendida desde el siguiente interrogante: ¿es posible afirmar que el Estado colombiano, concebido y desarrollado a partir de la independencia de 1819 y gestado con principios administrativos modernos, se mantuvo al margen de acciones y prácticas contrarias a la eticidad y buen manejo que la función pública exige? Responder a tal pregunta requirió de un ejercicio histórico, en el cual predominó el análisis histórico-lógico, como la vía más conveniente para abordar la historia del derecho. 

El reconocimiento de los derechos indígenas trajo consigo una tensión entre la soberanía nacional y la soberanía territorial, puesto que la concordia de estos derechos se produjo por vía jurisprudencial y en la práctica, las exigencias de las diferentes comunidades indígenas exceden los lineamientos establecidos. Este hecho se desarrolla constantemente –en razón de que no son claros los límites del derecho a la autonomía de las comunidades indígenas y la forma de articulación con las instituciones del Estado–, en situaciones de conflicto. Por tanto, el presente texto busca determinar cuáles son los lineamientos y límites para crear una armonización de las soberanías.