núm. 19 (2017): dos mil tres mil

El presente artículo desarrolla conceptos y parámetros claros sobre el uso de la figura de comisión de éxito como forma de pago de las obligaciones contractuales presentes en el acuerdo estatal. Lo anterior, desde la perspectiva y el análisis de la incidencia del derecho privado, sus principios y reglas como cuerpo normativo subsidiario del derecho público. Esto mediante la exposición de razones que sustentan y validan el uso de dicha figura, conforme con la libertad que tienen las partes del contrato de pactar estipulaciones referentes a la forma de pago del mismo y, al margen de que su origen se encuentre en el derecho privado. Igualmente, se plantearán a lo largo del escrito los parámetros indicados por el Consejo de Estado para que su uso sea admitido y justificado, entendiendo de esta manera que el derecho público en efecto, podrá valerse de dicha figura, aunque con algunos límites fijados.

El presente documento tiene como propósito efectuar una aproximación, desde el punto de vista jurisprudencial y legal, del desarrollo que ha tenido la prueba oficiosa en el sistema penal adversarial de tendencia acusatoria, implementado en Colombia con la Ley 906 de 2004, a fin de establecer la tensión existente entre los principios de imparcialidad, igualdad de armas y legalidad, frente al principio de justicia material y en el contexto del rol del juez en el proceso. En efecto, esta es una de las discusiones que enfrentan quienes administran justicia y quienes acuden a ella para resolver los conflictos sociales, en la que se evidencia que la construcción de un sistema acusatorio es un proceso inacabado y en constante evolución. Para ello se hace necesario abordar no solo un concepto meramente legalista, sino que se requiere recabar en la filosofía misma del sistema penal acusatorio y las realidades en que este se aplica, para cumplir los cometidos sociales para los cuales fue creado.

El objeto de este escrito es presentar a la comunidad académica la conveniencia de hablar de derecho económico, y no de derecho administrativo, cuando nos referimos al régimen jurídico de los actos administrativos del Banco de la República; entendiendo por derecho económico el derecho de la intervención del Estado en la economía, o como el derecho mixto que lo permea, tanto el derecho público como el derecho privado. Este tema tiene un enfoque interdisciplinar que vincula el derecho y la economía.

A través de este artículo se pretende identificar cuál es el papel de las clínicas jurídicas de interés público en relación con la defensa de los Derechos Humanos (DDHH) de las víctimas en el marco del posacuerdo. El punto de partida son los estudios sobre la función de la educación clínica como práctica transformadora y la necesidad de establecer el rol de estas, en la protección de sus derechos sin que ello implique sustituir el papel del Estado. Para ello se ha propuesto, en primer lugar, revisar ¿qué se entiende por defensa de derechos humanos de las víctimas?, comprendiendo el alcance, la finalidad y las formas que la constituyen. En segundo lugar, efectuar un análisis sobre los retos que afronta Colombia en la reparación y amparo de sus facultades, con el propósito de acercarnos a una propuesta de aquello que debería ser el trabajo clínico bajo su conservación y, finalmente, compartir algunas ideas y experiencias de la labor de la Clínica Jurídica en Derechos Humanos de la Universidad Santiago de Cali (USC)

Al analizar los tipos penales de fraude a subvenciones, exportación e importación ficticia y aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado, encontramos que los tres tienen como finalidad castigar a las personas que obtienen ciertos beneficios económicos por parte del Estado, sin ser verdaderos merecedores de los mismos y que, con su actuar, obstruyen los objetivos que se propone el intervencionismo para el crecimiento de la economía nacional. De esta forma, se pretende demostrar la viabilidad jurídica de la unificación de los tres tipos penales, para que sean fusionados en uno solo —fraude a subvenciones— y, a la vez, proponemos que se realice el cambio de bien jurídico protegido que actualmente tiene, para que no aparezca en el título de los delitos que atentan contra la Administración pública y sí en el título que protege el bien jurídico: Orden económico social.

Con la entrada en vigencia del Código General del Proceso, se incluyó dentro del ordenamiento normativo patrio una novedosa disposición, según la cual: “Podrá otorgarse poder a una persona jurídica cuyo objeto social principal sea la prestación de servicios jurídicos. En este evento podrá actuar en el proceso cualquier profesional del derecho inscrito en su certificado de existencia y representación legal. Lo anterior, sin perjuicio de que la persona jurídica pueda otorgar o sustituir el poder a otros abogados ajenos a la firma”. (Código General del Proceso, artículo 75 inciso 2, 2012) Como puede leerse, la facultad prevista por la norma en cita permite que las personas jurídicas de esta naturaleza ejerzan su objeto social a través de sus distintos colaboradores o miembros, con el propósito de gestionar los encargos de sus clientes. Lo anterior, sin duda, apareja la posibilidad de que, en casos muy precisos, la vulneración perpetrada por los prenombrados sujetos sobre los deberes que impone el ejercicio de la abogacía, permanezca impune con relación a la persona jurídica misma. Si bien es cierto que cada uno de los litigantes infractores está llamado a responder a título personal por sus conductas dolosas o culposas, también lo es que el ente moral, como gestor del poder primigenio, tiene el deber legal y social de vigilar la labor desempeñada por sus voceros y, en caso contrario, la propuesta que se plantea es que aquella debe responder en el mismo plano de igualdad por las faltas cometidas por los abogados adscritos o vinculados, bien sean internos o externos.

La reforma propuesta, aún no sancionada, del ordenamiento procesal penal de la Nación, presenta un salto exponencial de un sistema mixto o inquisitivo atenuado a otro netamente acusatorio, de acuerdo con las modernas tendencias adjetivas. El Ministerio Público Fiscal (MPF) adquiere un rol preponderante en la investigación de hechos ilícitos, que le otorgan herramientas legales para el desarrollo de su actuación a efectos de promover e impulsar la acción penal. De la misma manera, cuenta con criterios de disponibilidad de la acción penal y en ese sentido, se especifica en qué casos puede recurrirse a ellos, se establecen plazos perentorios, y se simplifica la investigación preparatoria, con el fin de lograr mayor agilidad y evitar las formalidades que pudieren burocratizar el procedimiento.

Las dicientes cifras de la Encuesta de Percepción Ciudadana en materia de corrupción, favorabilidad, credibilidad y buena gestión de la administración de Luis H. Rodríguez 2012-2015; la visibilización en los medios locales y nacionales del fracaso de los Juegos Nacionales, las reiteradas denuncias públicas de casos de corrupción y el inconformismo generalizado de los ibaguereños con dicha administración, fueron algunos de los problemas que presentó Ibagué en este periodo administrativo. Lo anterior demanda con urgencia una respuesta y un trabajo analítico —que permite como objetivo del presente artículo— describir y aproximar la realidad del fenómeno social que es la corrupción. Inicialmente, el documento se concentrará en realizar avances conceptuales sobre este fenómeno. Luego, se analizará el Índice de Gobierno Abierto (IG A) y el Índice de Desempeño Fiscal (IDF) como indicadores de buen gobierno. Finalmente, se compararán estos con los resultados de la Encuesta de Percepción Ciudadana de los ibaguereños, con el fin de realizar una aproximación a la corrupción en Ibagué, y encontrar posibles relaciones entre los dos componentes —indicadores y percepción—, durante la administración de Luis H. Rodríguez.

Las exigencias de la vida laboral del siglo XXI han ocasionado que las relaciones laborales tradicionales se vean trasegadas por la implementación de una figura jurídica denominada tercerización laboral. El presente artículo expone la implementación normativa que el Estado colombiano le ha otorgado a la forma laboral aludida, con el propósito de permitir un alcance en el campo del trabajo flexible con visos de productividad y utilidad, pero bajo un margen de condiciones. Posteriormente, se hace referencia a conceptos tanto de la doctrina, como de la jurisprudencia constitucional colombiana, además de lo referido por la Organización Internacional del Trabajo (OIT ), a efectos de dar soporte a la teoría que ha mantenido esta última, la cual refiere a una orientación del uso correcto de la tercerización, pues de no ser así, se podrían estar disfrazando o encubriendo verdaderas relaciones de trabajo, que pueden implicar sanciones o multas por parte del inspector del trabajo y condenas por parte de los jueces laborales. De manera que se arribe al lector a un concepto de equilibrio, es decir, que en materia de tercerización laboral, la búsqueda debe estar orientada hacia el justo balance de flexibilidad, estabilidad y seguridad, para adaptarse a los cambios estructurales y a la necesidad de implementar criterios que le otorguen confianza a los trabajadores, así como también, que en el desarrollo de este se genere una política de cambios con protección, en busca de medios para combinar los postulados a los que se ha hecho referencia.

En esta edición se aborda la transición del ordenamiento procesal penal de Argentina de un sistema mixto o inquisitivo atenuado a uno netamente acusatorio. Además de explorar algunos temas relacionados con el trabajo, la seguridad social y la corrupción en la ciudad de Ibagué.