vol. 10 núm. 1 (2014): jurídicas cuc 2014

En el presente artículo se abordan las acciones de lucha por el poder que establecen directamente las élites políticas o clase burguesa colombiana entre los años cincuenta al setenta del siglo pasado, con el fin de conseguir su reacomodamiento ante las circunstancias ligadas al gobierno militar encabezado por el general Gustavo Rojas Pinilla. Se generó un acuerdo llamado el Frente Nacional, fórmula “salvadora de paz” que teóricamente se articula con los términos dictadura y consociacionalismo, variables cualitativas que desencadenaron residuos políticos de algunos hechos de polarización y violencia en el país que son materializados en la actualidad

En el escrito se destacan los costos sociales de transacción a los que está abocado el aparato estatal en Colombia, con respecto a la legislación y programación institucional de la restitución de tierras, en un país sin una profunda y seria reforma agraria. La suma del conflicto armado con la desaparición de la política agraria a la par con otros intereses, inciden para contemplar los fundamentos que deben acompañar la iniciativa. Los costos sociales de transacción permiten establecer las bases sobre las cuales los diferentes agentes pueden estar dispuestos a conciliar, negociar y reparar en materia de restitución, lo que, lógicamente, implica accesos del orden estamental, privado y social. La restitución está sujeta a la proyección de una temporalidad que no advierte sobre las dificultades que el tema trae; seguidamente, irrumpe en la estructura de propiedad vigente en el país y, finalmente, no es concebido como un acervo para plantear la ineludible reforma agraria, fundamento del conflicto.

En este artículo se presentan los resultados parciales y las conclusiones de la investigación que se realiza en el departamento Norte de Santander (Colombia) con el objetivo de “Caracterizar las prácticas docentes y el saber pedagógico de los docentes para determinar la forma como contribuyen al fortalecimiento de la cultura investigativa en los programas de Derecho que se imparten en las universidades de Norte de Santander”. El ejercicio permitió identificar aspectos positivos respecto de la forma como se desarrolla la relación docente-estudiante; de la misma forma se identificaron algunas deficiencias del proceso docente que dificultan e impiden el desarrollo de una cultura de la investigación en los programas y que inciden sobre los criterios de calidad de los programas; del análisis de los resultados y la revisión bibliográfica surgen unas conclusiones que se proponen como punto de partida para el debate que debe darse alrededor de las estrategias orientadas al fortalecimiento de la cultura de la investigación en la educación superior de la región.

En este artículo se presenta un panorama histórico del Tribunal Contencioso Administrativo del Departamento del Cauca (TCAC) y se analizan sus contribuciones a la protección de los derechos humanos y al control de los actos administrativos. Se acude a una metodología de análisis documental y se concluye que esa jurisdicción reivindicó los derechos de las víctimas y examinó rigurosamente el principio de legalidad de los actos administrativos conforme a la legislación existente para la época.

En el presente artículo se plantea la protección especial de los derechos del administrado frente al abuso del derecho, en el caso puntual del cobro coactivo injustificado. Para estudiar tal problemática se indagan los supuestos fácticos que originan tal estado de cosas, respecto al derecho administrativo, en el cual la administración como organismo facultado para accionar al administrado, tiene la obligación legal y el deber constitucional de operar su actuación, teniendo en cuenta los presupuestos normativos. Se dará respuesta al problema planteado, en los siguientes términos: ¿Constituye un abuso del derecho el cobro coactivo injustificado por parte de la administración?, ¿representa un menoscabo de los derechos fundamentales del administrado? Se contrasta el fenómeno jurídico del abuso del derecho, en sus rasgos generales, pero en la determinación del resultado para presentar soluciones concretas a la problemática se aplicará concretamente al cobro coactivo injustificado, como una práctica que origina un abuso del derecho, y una vulneración de los derechos constitucionales fundamentales del administrado.

El concepto de competencias ciudadanas es vital para la salud de las sociedades democráticas y especialmente de sus juventudes; su desarrollo moral es esencial para los derechos individuales y colectivos. La democracia está asociada al acceso al desarrollo material y éste, a la vez, al desarrollo moral. La formación de competencias para el ejercicio pleno de la ciudadanía, es deber de las naciones que buscan equilibrio económico y cultural. La educación y la escuela tienen un lugar privilegiado en la toma de decisiones para la trascendencia de la vida social en las grandes concentraciones urbanas que caracterizan la organización social; la revolución tecnológica, que constituye masificación de la información y la producción del conocimiento, exige de todos los civitas la participación directa y el ejercicio de deberes y derechos. 

En el presente artículo se tiene como objetivo estudiar la jurisprudencia constitucional y sus repercusiones en el Derecho de Familia, en especial en las uniones maritales de hecho, en razón de lo cual se analizan los cambios introducidos a la Ley 54 de 1990, con la evolución jurisprudencial sobre el tema, a través de las sentencias proferidas por la Honorable Corte Constitucional colombiana a partir del año 1991, soportadas en la protección que le es debida constitucionalmente a las familias como núcleo fundamental de la sociedad. Para este estudio de tipo descriptivo se utilizó el análisis documental, lo que permitió identificar los derechos adquiridos por vía jurisprudencial por esta clase de uniones, y lo que es prioritario: entender que las parejas del mismo sexo quedan comprendidas dentro de este tipo de uniones maritales. Al margen de los resultados obtenidos, es lógico concluir que se hace necesaria una reforma legislativa al respecto, en donde queden regulados en forma expresa los derechos adquiridos, mediante jurisprudencias, por este tipo de parejas.

En este documento se pretende poner de presente, de manera sucinta, cuál es la influencia que tienen, en el cumplimiento de los objetivos de la Corte Penal Internacional, las competencias del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas incorporadas en el Estatuto de Roma, específicamente la facultad de solicitar a la Corte la suspensión del inicio de una investigación un enjuiciamiento en curso, en determinados casos.

El Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) inició el camino para la creación de un marco común internacional de acceso a los recursos genéticos y distribución de sus beneficios. Aunque el texto del convenio incluyó algunas normas sobre el tema, correspondió a la Conferencia de las Partes afrontar una ardua negociación que tuvo como punto de partida el grupo de trabajo de composición abierta sobre ABS y que finalmente en el año 2010 avanzó de manera determinante hasta lograr la adopción del Protocolo de Nagoya en el marco de la décima conferencia de las partes del CDB. Durante este proceso legislativo, que en realidad recién ha iniciado, muchas fueron las etapas que el grupo ABS debió afrontar para cumplir con lo dispuesto por la Cumbre de Cancún de 2001 y por la CMNUDS de 2002. Así, cada COP asumió la responsabilidad de impulsar estas negociaciones y en cada una de estas reuniones se suscribieron documentos multilaterales que permitieron al final la consolidación de un denominado “Régimen internacional de acceso a los recursos genéticos”, conformado por el Protocolo de Nagoya, las guías de Bonn, el CDB y el Tratado de la FAO sobre recursos fitogenéticos.

Los escenarios universitarios han sido fundamentales en la construcción de pensamientos y conocimientos, a través de políticas curriculares encaminadas al fortalecimiento y legitimación de una cultura de paz, como pilar fundamental para llegar a la construcción de una verdadera democracia.El propósito de este artículo consiste en incorporar el análisis de la llamada cultura de paz como principio de solución a uno de los grandes problemas que aquejan a la sociedad moderna, sobre todo teniendo en cuenta que los escenarios universitarios, cumpliendo con lo establecido en el Artículo 14 de la Ley 1408 de 2010, “rendirán homenaje a las víctimas en el marco de la semana de los detenidos y desaparecidos el día 30 de agosto”, lo que para el Estado colombiano se registra como el Día Internacional de los Desaparecidos.

En este artículo, originado de la investigación científica realizada en un estudio de impacto laboral aplicado a los graduados del Programa de Derecho de la Universidad de la Costa en 2013, se expone la construcción de un proceso de autoevaluación dentro de la permanencia, constancia, cultura administrativa y pedagógica para que de esta manera se formulen planes de mejoramiento y acciones estratégicas encaminadas a fortalecer debilidades, a partir de una metodología propicia definida con un enfoque cualitativo, bajo un tipo descriptivo, prospectivo, exploratorio, con técnicas de encuesta e instrumentos cuestionarios, tomando como población los egresados del programa y una muestra de 220 egresados que diligenciaron de regreso 190 instrumentos de la encuesta material con que se efectuó el estudio. Así, investigadores del Programa de Derecho de la Universidad de la Costa hicieron el estudio del impacto laboral de los estudiantes que obtuvieron el título de Abogado entre los años 2006 a 2013, a partir de las categorías: Información general, Situación laboral, Competencias, Estudios complementarios y Nivel de identidad con la institución e impacto en el medio social y académico. La investigación realizada se convierte en una herramienta importante en los planes de mejoramiento de la calidad del programa, apuntando a fortalecer las relaciones entre los graduados y la institución, propiciando la búsqueda de alianzas académicas, culturales, sociales y laborales. Además, se soporta bajo un marco lógico teórico constituido por los conceptos de docimología, universitología, pedagogía y la gestión y administración educativa.

En este artículo se centra el objetivo general en describir el alcance del derecho a la información que poseen los medios de comunicación masivos y las posibles implicaciones que podría generar sobre los implicados en un proceso penal la transmisión de información sin los límites y requisitos jurídicos específicos para no afectar el debido del proceso del caso en curso. Para alcanzar el fin propuesto se hará un recorrido por los conceptos y el alcance del derecho a la información desde el Principio de Publicidad y del debido proceso; en este último derecho se realizará especial énfasis en el principio de presunción de inocencia, para luego analizar el choque entre los medios de comunicación y los implicados penalmente

¿Es posible un acuerdo de paz en La Habana entre el gobierno de Juan Manuel Santos y las FARC-EP?A mis respetados amigos y amigas de la Universidad de la Costa - CUC, mi infinita gratitud por la oportunidad de escribir este editorial, en el cual espero sustentar positivamente la pregunta en moción, la cual, no hay dudas, genera grandes tensiones entre los escépticos al proceso de La Habana y aquellos —como es mi caso— que creemos que sí es posible llegar a un acuerdo entre estas dos partes.No existe una categoría más vaga y ambigua en la historia de la humanidad que la paz; no existe un deseo colectivo más perseguido que las banderas de la paz; no existe un discurso más filantrópico que la paz; no existe un fenómeno más incomprensible e incierto que la paz. No obstante, muy a pesar de las desesperanzas, la paz se ha convertido en uno de los valores más promisorios en todas las sociedades, en los escenarios públicos, privados, en la academia, en los sistemas jurídicos, entre otros. Así, por ejemplo, doctrinantes como el recién fallecido maestro Francisco Muñoz, padre de la “Teoría de la paz imperfecta”, han dedicado décadas al estudio de la paz, porque no creen que se pueda obtener paz si no se habla de ella, de su naturaleza, de la condición humana y sus demonios. De igual forma, sobre el particular, hacen presencia en este contexto la obra del filósofo de Königsberg, Inmanuel Kant, en su obra La paz perpetua, donde se plantea la idea de estructurar la paz a partir del esfuerzo de los gobiernos y la negación ineludible de la guerra y otras formas de violencia. Sin embargo, todos estos referentes necesitan de acción y qué mejor escenario de análisis académico que los diálogos de paz entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC-EP.Las razones que expongo de éxito de los diálogos de paz son simples, el proceso se desarrolla en un contexto asimétrico de las partes —quizás oportuno—, donde llega a la mesa de diálogos un gobierno fuerte, producto de los grandes golpes militares al secretariado de las FARC-EP en los últimos 10 años. También se destaca a favor del gobierno la profesionalización de las Fuerzas Militares, acompañada de altos niveles de inversión en inteligencia militar y tecnología, y, de otra parte, una guerrilla débil, muy débil, que viene en curva descendente tanto militar como políticamente.En tales términos, obsérvese una guerrilla de las FARC-EP que ha pasado de 35.000 mil integrantes a 8.000, que carece de referentes de presión política y militar, como es el caso de los secuestrados; verbigracia, no tiene a los secuestrados de alto valor como era el caso de Ingrid Betancur, entre otros, así como tampoco a los miembros de las Fuerzas Militares. Otro argumento que da cuenta de estos hechos lo describe el experto en conflicto armado, el profesor Luis Fernando Trejos, de la Universidad del Norte, para el cual estos diálogos se desarrollan en un ambiente amplio de confianza, discreción y sobre todo de voluntad de las partes. Téngase en cuenta, por ejemplo, que en pleno acercamiento del gobierno y las FARC-EP, cuando se estaban negociando los puntos para la mesa de diálogos, el gobierno nacional dio de baja al máximo comandante de esta organización, Alfonso Cano, y a pesar de esto la guerrilla continuó con el proceso. De igual forma se destaca el hecho de que las partes se sientan a negociar en La Habana con una agenda acordada, lo cual —continuando con el profesor Trejos— no ocurrió con el proceso de paz del Caguán, entre el gobierno de Andrés Pastrana y esta guerrilla, donde se despejó un vasto territorio nacional solo para discutir los puntos de la agenda de negociación. Allí las FARC-EP llegan a la mesa con alto poder militar y político, pues tenían a más de un centenar de policías y militares retenidos y contaban con una capacidad logística capaz de desestabilizar al país cuando quisieran. Por estas razones comparativas, el escenario para un acuerdo de paz es distinto al del Caguán; agréguese a esto el viaje del máximo comandante de esta organización —alias Timochenko— y de más de una decena de comandantes y cabecillas de frentes, que más que viajar a pasear a La Habana, uno infiere que es por razones de fondo; es decir, por cuestiones relacionadas con decisiones trascendentales de los acuerdos de paz.Finalmente, por primera vez en Colombia un proceso de paz entre el gobierno nacional y las FARC-EP cuenta con el respaldo de los EE. UU. y las más grandes empresas privadas del país y se discute en medio del conflicto, sin despeje territorial, con la presencia de los militares en la mesa. Por ello y por muchas razones más, el devenir de los colombianos hacia la paz —quizás no perfecta— se aproxima y se enmarca en las palabras del profesor Estanislao Zuleta, para quien: “Una sociedad mejor es una sociedad capaz de tener mejores conflictos. De conocerlos y de contenerlos. De vivir no a pesar de ellos, sino productiva e inteligentemente en ellos. Que sólo un pueblo escéptico sobre la fiesta de la guerra y maduro para el conflicto es un pueblo maduro para la paz”. 

En este trabajo se analiza la protesta social en el primer período presidencial de Juan Manuel Santos, a partir del enfoque de procesos políticos para el análisis de los movimientos sociales. Durante el gobierno Santos las protestas han tenido como temas principales los tratados de libre comercio y la denominada “locomotora minero-energética”, que han tenido consecuencias perversas sobre el sector rural, la educación y la salud. Sin embargo, las protestas no se explican como una reacción frente a las dinámicas económicas, sino por una compleja articulación entre un contexto favorable, propiciado por el cambio de estilo entre el anterior gobierno de Uribe (2002-2010) y el de Santos, que genera expectativas y oportunidadespara la protesta, y el papel activo por parte de las personas que se movilizan, expresado en la formación de estructuras de movilización y la creación de novedosos marcos de acción colectiva.