núm. 103 (2004): enero - diciembre

INTRODUCCCIÓN  La actualidad internacional nos ofrece, día a día, el escenario donde se desarrollan los crímenes internacionales, como el genocidio, los de lesa humanidad y de guerra, los que constituyen un elemento más en juego al interior de los conflictos, que surgen en cualquier parte de este mundo.  La Segunda Guerra Mundial nos dejó el resultado de 6 millones de judíos, que perdieron la vida en los campos de concentración nazis; el gran conflicto de los Balcanes, 500.000 víctimas; y el genocidio Tutsi en Ruanda, cerca de un 1.000.000 de personas muertas. Todos éstos son episodios de la historia de la humanidad que nos hacen pensar en la necesidad de establecer Órganos judiciales internacionales capaces de juzgar y castigar a los responsables de tales atrocidades, con el fin primordial del reestablecimiento de la paz y la seguridad internacionales.

Con base en la aparición de los llamados parquímetros en la ciudad de Medellín, y luego de contar con las decisiones judiciales originadas en las controversias jurídicas respecto de la responsabilidad civil de la operación de las "Zonas de Estacionamiento Regulado", conviene precisar los diferentes conceptos jurídicos relacionados con la materia de estudio, lo cual permitirá que al adentrarnos en el estudio del tema, se logre una real comprensión del contrato mencionado y que se constituye en el objeto de desarrollo temático del presente artículo.

CONCEPTO DE BIODERECHO  Bioderecho se denomina "al espectro jurídico propio de la bioética (su contexto normativo jurídico), dimensión insoslayable para configurar a esta última, y, por tanto, parte integrante suya, fundamental y necesaria, esto último por la simple razón de que las cuestiones bioéticas requieren de una prudente y adecuada respuesta jurídica –de forma tal que el bioderecho importa nada menos que la institucionalización jurídica de la bioética-, y porque la ética, por sí sola, no brinda la indispensable seguridad jurídica –fin del derecho que fundamentalmente significa saber a qué atenerse en el actuar social con implicaciones jurídicas, lo cual requiere de la existencia de normas jurídicas claras- de las que toda sociedad necesita".

Mientras que actualmente en Europa, especialmente en Alemania, Italia y España, se discute y se analiza metodológicamente el futuro de la Dogmática penal cercana a nuestro entorno cultural, tanto frente al fenómeno de la globalización, como de cara al proceso de integración jurídica en el marco de la COMUNIDAD EUROPEA, ya en algo adelantado mediante la creación del CORPUS IURIS de Derecho penal para proteger los intereses financieros comunitarios; en América Latina todavía recogemos y usufructuamos insularmente los adelantos del pensamiento jurídico-penal europeo de los últimos treinta años y el norteamericano de los últimos diez, sin que se Vislumbren, salvo contadas excepciones, verdaderas revisiones criminológicas y políticocriminales2 que adecuen dogmática y sistemáticamente el Derecho penal existente a las diversas realidades nacionales y en particular a los distintos modelos de sociedad que se manifiestan en nuestras latitudes.

Si bien, la Ley 795 de 14 de enero de 2003, o de Reforma Financiera, no introduce modificaciones estructurales al modelo de sistema financiero que tenemos en Colombia; sí introduce elementos importantes que afectan tanto el ámbito objetivo (operaciones) como el subjetivo (régimen institucional o de los sujetos del sector financiero) regulados en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero (Decreto 663 de 1993); en lo que se refiere principalmente a la regulación de nuevas operaciones, el otorgamiento de facultades de intervención al gobierno, normas generales relativas al funcionamiento de las instituciones financieras, el régimen sancionatorio, algunas regulaciones específicas para instituciones financieras de naturaleza especial, de carácter público o pertenecientes al sector de la economía solidaria y modificaciones al régimen de autoridades.

Dada la extensión y complejidad del tema, para el presente ensayo se fijaron tópicos específicos de gran importancia sobre la materia.  Inicialmente se tratará de establecer una definición del concepto o noción de servicio público en general y servicio público domiciliario en particular, para luego precisar la categorización y especial relevancia que los mismos adquieren a partir de la Constitución Política de 1991, en la que se consagra que Colombia es un Estado Social de Derecho,  y que los servicios públicos se consideran inherentes a la finalidad del Estado, debiéndose prestar, atendiendo a criterios de igualdad y solidaridad, salvaguardando principios, derechos y garantías. Se señalan políticas claras y precisas en materia económica: la libertad económica y la iniciativa privada, tienen su garantía y protección supeditadas al predominio del interés colectivo, debiéndose destacar que ya la libertad de empresa no es de carácter absoluto, pues la empresa y la propiedad son también una función social.

De acuerdo con el Artículo 110 del Código de Comercio, el de sociedad es un contrato solemne que exige a los socios o accionistas elevar a escritura pública el texto de los estatutos sociales, amén de los requisitos adicionalmente señalados por la misma norma.  A su vez, el Estatuto de Notariado y Registro define como escritura pública "el instrumento que contiene declaraciones en actos jurídicos, emitidas ante el notario, con los requisitos previstos en la ley y que se incorpora al protocolo.  Así las cosas, entonces, es claro que al acto de constitución de toda sociedad mercantil es necesaria la comparecencia de las personas que deciden asociarse.

A través de los tiempos, los hombres han determinado distintas formas de dirimir sus conflictos, las cuales pueden agruparse en dos categorías: la autocomposición (transacción, conciliación, desistimiento y allanamiento), que es la forma natural de solución de los conflictos entre contendientes, y la heterocomposición (sentencia judicial y laudo arbitral), que contiene formas alternativas de solucionarlos. La distinción esencial está dada por la participación de las partes inmersas en el conflicto y la posible injerencia de terceros para solucionarlo.

La Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Pontificia Bolivariana, luego de su receso de cuatro años, se presenta de nuevo en el medio jurídico, renovada y con la inclusión de artículos de rabiante actualidad en el contexto colombiano, latinoamericano e internacional; la anterior afirmación la comprueban las letras referidas a la conciliación y la transacción como formas de solución de conflictos en el país, la constitución y registro de sociedades mercantiles por medios electrónicos, la revisión a la reforma financiera, el tema de servicios públicos domiciliarios, lo principios generales del bioderecho, la aplicación en la práctica jurídica de la responsabilidad en los contratos de concesión de zonas de estacionamiento regulado y por último, la cuestión relativa a ¿la justicia penal internacional un medio para prevenir futuras atrocidades?, son en nuestra opinión, lecturas que ustedes, señores lectores, estamos seguros, van a saber aprovechar.