vol. 10 núm. 2 (2008)

 La incursión de Internet ha creado nuevas formas de información y comunicación, haciendo que las actuales generaciones se socialicen culturalmente bajo la influencia de estas tecnologías en sus diversas variantes, generando una serie de rasgos de comportamiento social y cultural derivados del uso didáctico, académico o lúdico. Sin embargo, el uso de Internet a edades cada vez más tempranas representa no solamente una herramienta educativa útil, sino también puede constituir grandes peligros cuando su uso está relacionado con contenidos inapropiados para su adecuado desarrollo. Lo anterior hace necesario el estudio sobre el abordaje legal de la regulación de contenidos en Internet, para evaluar la manera como se protegen los derechos de los sujetos intervinientes en este proceso. Por otro lado, es importante también el estudio del impacto y uso de esta herramienta tecnológica a nivel del núcleo familiar, para entender mejor cuáles pueden ser los mecanismos sociales apropiados para el uso constructivo de Internet. La presente investigación involucra estos dos aspectos con el fin de unir las perspectivas legal y social en un análisis conjunto que permita una visión más integral de este problema de gran interés a nivel global. 

Se propone una reflexión desde el derecho administrativo sobre las inconsistencias a que puede conducir la indiscriminada aplicación de normativa que sólo sigue vigente como derecho transitorio. Se utiliza para ello el análisis de una figura del derecho civil español de arrendamientos urbanos formalmente derogada hace más de una década. Una regulación para muchos ya olvidada, pero que sigue siendo de aplicación a los arrendamientos de viejos inmuebles que con la expansión urbanística de los últimos tiempos han quedado muy bien situados y adquirido gran valor económico, lo que explica su tremenda actualidad. El ejemplo de lo ocurrido en España, donde el juego combinado de las previsiones transitorias, junto con las interpretaciones formalistas y los intereses especulativos del mercado han dado pie a una desnaturalización de la figura originaria, se utiliza como pretexto para llamar la atención sobre los límites en la aplicación de las disposiciones transitorias de las Leyes.

El análisis aquí planteado admite que ante el fracaso del modelo libertario que el radicalismo defendió, la Regeneración le apostó al restablecimiento de la autoridad y, en ese proceso, el derecho de familia fue una de sus mejores herramientas. En el periodo del que se ocupa este artículo, la cláusula de la igualdad permaneció en las constituciones colombianas sin ningún efecto práctico sobre la vida de la mayoría. Éstos debieron someterse al trato discriminatorio que se ordenaba para quienes habían nacido fuera del matrimonio católico, o para quienes no habían recurrido a esa institución para legitimar sus uniones. En la mitad del siglo XX, el Estado, dado el drama de la infancia, decide cambiar los prejuicios sociales a través de la misma forma que los había impuesto: la legislación.

Partiendo del supuesto de que toda teoría política compleja moderna supone una decisión de base acerca de los derechos, en este documento se considera una posible evaluación de los rasgos más generales de la concepción del Estado en Nozick. Con base en una crítica formulada originalmente por H. L. A. Hart, se defiende la tesis de que la concepción libertaria es insostenible en términos morales.

El intento por desmitificar el fundamento de los derechos, la búsqueda de cierto grado de diferenciación sistémica, el énfasis en la efectividad y la legitimidad, así como la importancia de la convención y la  participación política son elementos comunes a las distintas aproximaciones teóricas sobre los derechos humanos. A partir de su análisis, es posible construir un concepto del término “derechos humanos” susceptible de ser medido con mayor precisión en los estudios sobre la efectividad que tienen las normas jurídicas sobre este tema en un contexto concreto.

Las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios son actualmente víctimas de delitos que limitan su capacidad de desarrollar el objeto para el que han sido creadas. Estas empresas gastan grandes cantidades de dinero y hacen enormes esfuerzos para prevenir este tipo de conductas. Debido a esta circunstancia, reclaman de las autoridades mayor eficacia en la lucha contra estas formas de criminalidad, pero sienten que éstas no le otorgan a estos delitos la importancia y el tratamiento que merecen. El presente artículo no tiene el propósito de hacer un estudio dogmático de los tipos penales que describen las diferentes conductas con que se afecta la prestación de servicios públicos domiciliarios. No aborda el tema desde la perspectiva del derecho penal material. El objetivo de este trabajo es hacer un estudio de los mecanismos procesales existentes en la ley colombiana para investigar eficiente y eficazmente este tipo de conductas. Se aborda el tema desde la perspectiva procesal y, más concretamente, desde el punto de vista de las facultades y competencias que tienen los organismos encargados de la persecución de estos delitos, durante la fase de investigación. Al final, las conclusiones obtenidas consisten en una serie de recomendaciones sobre el tratamiento

Dos de las garantías procesales más importantes de un Estado de derecho son el derecho de audiencia y el derecho a un juez predeterminado por la ley. Ambas figuras aparecen reconocidas en la Constitución española de 1978 con el rango de derecho fundamental, incluidas en el derecho más genérico a la tutela judicial efectiva. A lo largo de este artículo pretendo mostrar el significado que la jurisprudencia constitucional les ha dado a lo largo de más de 25 años.

 El trabajo propuesto busca establecer que cuando se da una expropiación administrativa por razones de utilidad pública o interés social para la realización de proyectos u obras de carácter ambiental, o cuando se expide una norma o acto administrativo que establece zonas de reserva o manejo ambiental de cualquier clase, o planes de manejo ambiental, se genera una expropiación indirecta de los derechos consagrados en los contratos de concesión minera para la explotación del subsuelo, existiendo un conflicto entre el interés general y los principios de igualdad de las cargas, derecho contractual de respeto a lo pactado, y el principio de legalidad que exige ley previa para llevar a cabo la expropiación. 

Se examina como primer aspecto en el documento que del tradicional oficio artesanal independiente transitamos al del trabajo autónomo integrado a una red de negocios especializados, debiéndose su crecimiento a la forma de su organización, al desempleo, los estímulos gubernamentales y al de los multilaterales. Con el propósito de humanizar el trabajo y racionalizar los costos, la protección social de los autónomos por un estatuto especial o asimilado al régimen ordinario, se acompaña con la creación de una categoría intermedia entre la libertad jurídica y la dependencia económica, lo que se analiza como segundo punto. La última parte del estudio trata de la administración enfocada en ampliar la cobertura, exponiendo diferentes modalidades, aunque no siempre desarrolladas por razones burocráticas. Esto se liga con la baja densidad de cotizaciones de los autónomos, producto de su costo y los irregulares auxilios del Estado. El reto planteado es el de la cobertura, lo que implica resolver la desigualdad social, consecuencia de la falta de oportunidades de empleo, el bajo nivel educativo y el de los salarios, el escaso poder de compra y la informalidad. Se concluye que es posible, pese a lo anterior, construir un nivel asegurativo para los independientes, siempre que la ciudadanía participe. 

El presente documento tiene como fin, en primer término, hacer una pequeña referencia introductoria sobre los tres niveles de protección de los derechos fundamentales en Europa, con la idea de ayudar a clarificar y entender, principalmente a los no europeos, a qué sistemas nos estamos refiriendo. Luego se analizará el impacto generado en dichos sistemas por las denuncias que señalan una supuesta participación de países europeos en los vuelos secretos de la CIA para combatir el terrorismo internacional, y las respuestas que han dado cada uno de estos ámbitos de protección para intentar aclararlas. Lo anterior toda vez que existe una tendencia doctrinaria que señala la aspiración europea de constituirse en una comunidad de derechos y no sólo de naturaleza económica. De ahí la importancia del asunto elegido, que viene a poner a prueba la vocación protectora hacia los derechos de las personas en el continente europeo o si, por el contrario prevalece, el criterio de preservar la seguridad a costa de ello.