vol. 19 núm. 38 (2016)

Con el presente artículo se busca realizar un análisis sobre la declaratoria del Estado de excepción de conmoción interior a la luz de la Constitución Política de Colombia de 1991, para demostrar las tensiones que se dan en el poder ejecutivo y el poder judicial en los planos político, jurídico, constitucional y legal durante la declaratoria del Estado de conmoción interior desde una perspectiva evolutiva, descriptiva y analítica. Para tal fin, este documento se desarrolla en tres secciones: se aborda el Estado de sitio en la Constitución de 1886; el estado de conmoción interior, determinando su naturaleza y límites de conformidad con la Constitución Política de 1991, y finalmente se concluye el artículo con el juicio de inconstitucionalidad que debe realizar la Corte Constitucional para determinar la constitucionalidad o no de un decreto legislativo.

Este artículo devela la noción y los alcances de lo que se conoce como agente-distribuidor en Colombia, con el propósito de evidenciar su impertinencia acorde con lo dictado por la jurisprudencia, conceptos foráneos y la propia doctrina, de lo cual se desprende la incipiente propuesta de una nueva relectura sobre algunas temáticas centrales en materia de agencia y distribución mercantil. Se empleó el método hermenéutico analítico para entender la naturaleza de esta figura, estudiando los elementos de promoción y explotación, la teoría del riesgo negocial utilizada en los contratos de comercialización y un breve análisis de la concurrencia contractual.

El avance logrado en materia de garantías de los derechos de los individuos luego de los postulados de Cesare Beccaria, actualmente está siendo amenazado por el fenómeno de la globalización; este no solo permite el auge de la economía mundial, sino también un mayor desequilibrio social desembocando en la internacionalización y aumento de la delincuencia. Ante tal panorama, los diferentes países han optado por la implementación de un derecho penal del enemigo, caracterizado por la imposición de nuevas tipicidades delictivas, el aumento de penas y la disminución de las garantías procesales en aras de la garantía de la seguridad ciudadana. No obstante, tal aplicación indiscriminada del derecho penal ha resultado en la intensificación de la violencia así como en una delincuencia ultraviolenta, influyendo en el fracaso del sistema penitenciario y en el detrimento de las medidas de prevención del fenómeno criminal.

Artículo de reflexión cuyo objetivo principal es demostrar en el escenario del derecho internacional contemporáneo, las nuevas amenazas que representa el narcotráfico en lo que se refiere a la agenda de seguridad,  así como sus efectos sociales, económicos y culturales. Los Estados a comparar la amenaza: Colombia y México. La metodología es comparativa y como principales resultados, se dimensiona el de las comunidades identificadas con el narcotráfico y sus mercados de contrabando conexos, que se cimientan en la relación transnacional ilícita de redes narcotraficantes con vínculos estatales consolidados a través de la cooptación de los sistemas políticos y de seguridad. La región Caribe es el enclave geoestratégico para el comercio de narcóticos: zona de producción, de comercio al por mayor y lugar de distribución mediante pautas violentas, una especie de narco-incoterms.

El objetivo del presente estudio es analizar la protección internacional de los derechos humanos y el papel que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) desempeña en la promoción y materialización del trabajo decente. En este contexto, se indaga: ¿cuáles son los límites y cuál es la posibilidad de la OIT de ser orientadora de las políticas públicas de promoción del trabajo decente en los Estados miembros? De este modo, inicialmente se señalan y discuten los principales aspectos que circundan la protección internacional de los derechos humanos del trabajo en un escenario marcado por el proceso de la globalización. Verificados esos aspectos, se presenta el papel de la OIT en la consolidación de los derechos humanos del trabajo decente y, a partir de esto, se analiza la posibilidad del desarrollo del trabajo decente como libertad por intermedio de la concepción de Amartya Sen. Para tal labor, se utiliza el método hipotético-deductivo, a través de levantamiento bibliográfico.

El propósito del artículo es analizar las políticas que están siendo desarrolladas por los Estados para contener o rechazar los flujos de migrantes que tocan su puerta en busca de refugio. En el intento de encontrar una solución a este problema, se examina la posibilidad de hacer uso de los pilares de la responsabilidad de proteger para que la comunidad internacional sea capaz de concentrarse en aquellas situaciones que originan los flujos de refugiados y, de esta manera, parar con las violaciones a los derechos humanos, que los refugiados tengan un retorno seguro y mejorar la calidad de vida de la población afectada, para que ya no esté obligada al éxodo. El método de abordaje es el deductivo, es decir, la aplicación de principios a casos particulares. El artículo muestra cómo las políticas de los Estados están siendo diseñadas para impedir el ingreso de refugiados en sus territorios.

Por causa del Mundial de Fútbol de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016 en Brasil, el Congreso Nacional aprobó la ley 12.462/2011, que crea el Régimen Diferenciado de Contrataciones Públicas (RDC) con la finalidad de contar con un régimen de contratación eficiente. Desde 2012 el alcance del RDC se extendió por medio de diversas leyes a otras áreas y sectores públicos estratégicos, confirmando la tendencia de que el RDC pase a ser el modelo de licitación usualmente adoptado por la administración pública, en reemplazo al régimen de licitación general. Esa tendencia es preocupante porque, como se analizará en el presente artículo, el RDC trivializa principios fundamentales de la contratación pública, que son esenciales para el correcto funcionamiento de Estados democráticos constitucionales. 

Este artículo tiene por objetivo analizar los acuerdos con terceros para el aprovechamiento forestal en territorios colectivos de comunidades negras. Utilizando la investigación documental, se revisó la legislación sobre aprovechamiento forestal expedida en Colombia comparándola con la legislación especial de comunidades negras para definir el alcance de los acuerdos entre los consejos comunitarios y terceros. Se concluye que los acuerdos con terceros son una actividad lícita, amparada por la ley 70/1993. Sin embargo, no hay lineamientos precisos salvo la persistencia del recurso forestal, que establezcan el alcance de este tipo de acuerdos y las normas por las que se rigen, si son las de derecho comercial, derecho civil o las de derecho propio.

La licencia ambiental es un instrumento de planificación que permite realizar el análisis previo y establecer las posibles consecuencias o impactos que genera un proyecto, obra o actividad, para tomar las medidas correspondientes, tal y como lo propone el título VIII de la ley 99/1993. El desarrollo normativo de esta figura se da, en especial, desde la expedición de la ley 99/1993 y los diferentes decretos que han reglamentado el procedimiento para su otorgamiento, cuestión sobre la cual versa el presente documento: las transiciones entre cada norma y los requisitos y reglas de cada una vistos desde la actividad minera. Como metodología se propone estudiar desde la dogmática jurídica, las fuentes del derecho, particularmente de la doctrina, la jurisprudencia y la ley, con el fin de abstraer los conceptos integrantes del régimen normativo transicional de la licencia ambiental en relación con la actividad minera, usando el método lógico-deductivo con el propósito de establecer consecuencias desconocidas desde principios conocidos. Es decir, se reflexiona sobre el licenciamiento ambiental en materia minera, mostrando algunas opciones interpretativas que se presentan con cada cambio normativo, identificando las principales problemáticas y ofreciendo posibles soluciones. 

La jurisprudencia en Colombia ha otorgado mayores garantías a los derechos de las personas transexuales privadas de la libertad en centros carcelarios y penitenciarios. En este artículo se presentan los resultados de la investigación llevada a cabo en el Establecimiento Penitenciario y Carcelario de Villavicencio, Meta, donde se estudió la manera como las personas transexuales ejercen sus derechos y si debería existir un pabellón especial para ellas. La metodología fue descriptiva, con enfoque cualitativo y analítico. Participaron cuatro personas de las 16 identificadas en la institución como población LGBTI, siendo una mujer homosexual, una mujer travesti, un hombre homosexual y un hombre travesti. El resultado principal arrojó que, por ahora, no es necesaria la creación de un pabellón especial para transexuales y que cada vez hay mayor tolerancia con la comunidad LGBTI dentro del establecimiento carcelario.