vol. 16 (2023): acdi

Traducción no oficial cortesía del Ministerio de Relaciones Exteriores–Grupo de Asuntos ante la CIJ.

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El presente artículo busca analizar conductas de resistencia y retroceso (backlash) contra las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus efectos en la autoridad del tribunal y los medios elegidos por los Estados para oponerse a la Corte IDH. El artículo propone una adecuación al Sistema Interamericano de las categorías analíticas de resistencia y retroceso (backlash), usadas para analizar otros tribunales internacionales, que dé cuenta de la licitud o ilicitud de las conductas que se oponen a la eficacia del Sistema, desde los derechos y prerrogativas que tienen los Estados en la Convención Americana. Posteriormente el artículo estudia 11 casos de oposición al sistema interamericano y los clasifica según la licitud de los medios utilizados por los Estados, que van desde abusar de derechos procesales hasta invocar indebidamente sus normas constitucionales frente a la obligatoriedad de sus compromisos internacionales. Finalmente, el artículo analiza la licitud, procedibilidad y efectos de los actos de recusación de jueces realizados recientemente por la representación de Colombia en el caso “Bedoya Lima” y propone categorizarlos según sus consecuencias en la autoridad del sistema interamericano. Palabras clave (ESP): Corte Interamericana de Derechos Humanos, recusación de jueces, eficacia, autoridad, obligatoriedad, tribunales internacionales, resistencia, retroceso.

El presente artículo realiza un estudio comparativo de la aplicación del derecho internacional por parte de los tribunales superiores de Argentina y España, en relación con los modelos de justicia transicional adoptados en cada caso. Para ello, el trabajo adopta los enfoques teóricos y metodológicos propuestos por el Derecho de las relaciones exteriores y por el Derecho internacional comparado, explicados de manera general en la primera parte. La investigación sugiere que el grado de aplicación del derecho internacional por los tribunales de Argentina y España, al decidir acerca de la posibilidad de enjuiciar criminalmente los delitos de lesa humanidad, tiene relación directa con diversos aspectos del derecho interno de cada Estado.

En razón del reproche de la sociedad mundial por el aumento en las tasas impositivas al consumo y al ahorro, en consecuencia de la disminución en los ingresos fiscales en la mayoría de los países del orbe como resultado de los recientes modelos de negocios y sus cadenas de valor de las empresas globales, a través de los cuales se genera la mayor parte de la riqueza, distintos miembros de la comunidad internacional reclaman a los gobiernos y organismos internacionales el diseño de normas que regulen la fiscalidad de las transacciones comerciales-financieras desarrolladas en el escenario económico global. De ahí que, mediante mandato de los países del G20[1], en la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos​ (en adelante OCDE) se diseñan y se aprueban las medidas del “Plan de acción contra la erosión de la base imponible y el traslado de beneficios” (en adelante Plan de Acción OCDE/G20 o proyecto beps), en las que se concibe una nueva era en la tributación internacional, caracterizada por impulsar el cumplimiento tributario, el límite de las estrategias artificiosas de planeación fiscal para disminuir el pago de impuestos a la renta societaria, y el establecimiento del lenguaje fiscal universal.      En tanto, es justo que se vaticine el nacimiento del orden jurídico de tributación internacional construido mediante disposiciones gestadas en el seno de organismos supranacionales, conocidas en el ámbito académico como soft law, en virtud de ser adoptadas por un número importante de legislaciones nacionales.   [1]              El grupo denominado como G20 se integra por Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasil, Canadá, China, Estados Unidos, Francia, India, Indonesia, Italia, Japón, México, Reino Unido, República de Corea, Rusia, Sudáfrica, Turquía, y los países de la Unión Europea.

La evaluación del impacto ambiental (EIA) es uno de los elementos esenciales del esperado instrumento internacional jurídicamente vinculante relativo a la conservación y el uso sostenible de la diversidad biológica marina de las zonas situadas fuera de la jurisdicción nacional, que actualmente se encuentra en proceso de negociación. Teniendo en cuenta que las tecnologías para la consecución de energía renovable marina (ERM) se están desarrollando en espacios cada vez más alejados de la costa y que su desarrollo puede tener impactos medioambientales negativos en estos ecosistemas, este estudio analiza la regulación de la EIA en el esperado acuerdo, su previsible aplicación a la ERM, así como propone posibles sugerencias para fortalecer la protección medioambiental.

En derecho penal internacional, el delito de destrucción del patrimoniocultural puede constituir un crimen de guerra o un crimen de lesahumanidad bajo la modalidad de persecución. Los estatutos del TribunalPenal Internacional para la ex Yugoslavia y de la Corte Penal Internacionalhan configurado este tipo delictivo de manera diversa. A través del análisiscrítico del derecho positivo y de la jurisprudencia de ambos tribunales, elpresente artículo pone en evidencia las carencias del sistema de protecciónestablecido, así como las distintas interpretaciones jurisprudenciales quehan desafiado la eficacia del principio de legalidad. A la luz de lo anterior,se sugiere la adopción de varios mecanismos con el fin de mitigar las deficienciasy reforzar la seguridad jurídica en este ámbito.