vol. 20 (2018): dos mil tres mil

El día 8 de mayo de 2017 la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad de Ibagué y la Academia Colombiana de Jurisprudencia, capítulo Ibagué, organizaron un evento para presentar el libro El lavado de activos en su cuarta edición, autoría del Maestro Hernando Hernández Quintero, profesor titular de la Universidad de Ibagué. Constanza Vargas Sanmiguel, en ese momento decana de la Facultad, dirigió al auditorio las palabras que aquí se transcriben.

Perfil del maestro Hernando Devis Echandía, principal tratadista del renacer del Derecho Procesal en Colombia. Su tratado marca la huida de una tendencia procedimentalista del proceso y aborda el Derecho Procesal desde el ser humano, no desde las normas, sino desde la persona.

En el presente artículo se expondrán los criterios que han sido desarrollados en la jurisprudencia del Consejo de Estado colombiano en torno a la no devolución de dinero que fue pagado en exceso por parte de la Administración Estatal; en este se describe cómo opera el Principio General del Derecho de la buena fe; para tal fin se realizó un estudio de las sentencias que este alto Tribunal ha proferido en los últimos diez años; es decir, en el periodo comprendido entre el año 2007 y 2017, lapso en el que han proliferado decisiones judiciales que resuelven este tipo de pretensiones alzadas por las entidades estatales, específicamente al ser incoado el medio de control de nulidad y restablecimiento del derecho, el cual ha sido denominado por varios autores como acción de lesividad. El efecto en el patrimonio del Estado no es tenido en cuenta en las decisiones judiciales, dado que existe un enriquecimiento y un correlativo empobrecimiento del tesoro público, siendo sin más la causa, el error de la Administración al reconocer y entregar dinero adicional a los particulares; en todo caso, no puede aceptarse la aplicación de la presunción de buena fe cuando se ha obtenido lucro a través de una acción reprochable; sin embargo, para que el juez contencioso ordene devolver sumas de dinero por parte de los particulares, prima el aspecto subjetivo con el cual actuó el particular para recibir esos beneficios económicos.  

A raíz de la expedición de la Ley 1715 de 2014, el panorama de la producción energética en Colombia se vio claramente alterado, toda vez que la política pública en materia eléctrica del Gobierno Nacional apuntó ahora a la implementación de fuentes no convencionales de energía renovables, para lo cual instauró unos incentivos y expidió la normatividad necesaria para regular los mecanismos de comercialización de los excedentes energéticos fruto de dicho aprovechamiento de fuentes alternativas de energía. Es a partir de lo anterior que se analiza a lo largo del presente artículo, cómo el nuevo enfoque de los cambios normativos descritos, traen consigo un proceso de trasformación de los principios y la dogmática que funda el servicio público domiciliario de electricidad, lo cual se conceptualiza en un proceso de democratización de la producción energética en Colombia. En suma, al final del presente escrito, el lector podrá vislumbrar la enorme trascendencia de la presente normatividad en el escenario energético y económico del país, puesto que es claro como los usuarios finales del servicio eléctrico pasan de ser un agente pasivo dentro de la estructura energética del país, a ser un potencial autogenerador de energía; no solo está satisfaciendo su necesidad del servicio público esencial, sino que además estaría nutriendo de energía al sistema interconectado nacional.

La aplicación de la Justicia Transicional en Colombia basada en los diálogos y en el acuerdo de paz, desarrolla elementos importantes en relación a la ética del conflicto, la solución negociada y el reconocimiento de las víctimas. Estas herramientas razonables, enmarcadas con sigilo por los distintos protagonistas, como la creación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, laComisión de la Verdad y el Tribunal Especial para la Paz, ha logrado que una iniciativa del Gobierno colombiano y las FARC-EP, obtenga el mejor acuerdo posible, con legitimación democrática y un intento de lograr una paz estable y duradera (Reyes Alvarado, 2018). Este año 2017 el desarrollo legal del acuerdo de paz ha esquematizado diversos actos legislativos, múltiples leyes y decretos reglamentarios al interior del sistema judicial colombiano. Existen problemáticas derivadas de las interpretaciones normativas desde el procedimiento y la prueba que se desarrolló de manera transversal en la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP)con el condicionante del reconocimiento de la verdad y la responsabilidad (artículo transitorio inciso 5 del Acto Legislativo n.° 001 de 2017).  Hasta la responsabilidad por la cadena de mando como referente jurídico de impacto en la política criminal y el proceso penal, siendo indispensable realizar una delimitación y análisis de cada caso en concreto, para evitar las persecuciones oportunistas. Este artículo busca desarrollar la conceptualización de estos contenidos y su análisis a la hora de ser puestos de presente en lapráctica judicial.

El presente artículo presenta un análisis de la responsabilidad penal que se puede endilgar a los profesionales de la medicina por actos realizados en el ejercicio de su profesión, con una visión desde la teoría de la imputación objetiva.

El presente artículo se inscribe en el proceso electoral del Estado mexicano para la renovación de los Poderes de la Unión, donde el bipartidismo tradicional dejó de existir y dio paso a un nuevo partido con apenas cuatro años de fundación. El fenómeno de Andrés Manuel López Obrador, presidente electo, tres veces candidato a la Presidencia de la República, cuyo origen de participación política fue el Partido Revolucionario Institucional, más tarde en el Partido de la Revolución Democrática, con perfil de izquierda, mediante las urnas mostró el rostro de un país hastiado de corrupción, impunidad, violencia, simulación, complicidad y demás vicios que agudizan la desigualdad social y palparse de manera evidente la marginación y pobreza extrema. Es de destacar que en una nación con altos índices de retraso cultural, donde la población no es adicta a lectura, donde la pobreza se traduce a una educación deficiente y hasta elitista, la jornada electoral denominada como “fiesta del civismo”, en la que el 56 % de un padrón electoral de más de ochenta millones, hayan votado por él. La última medición del Inegi (Reporte Índigo, 2017 ¿Cuánto, cómo y qué leen los mexicanos?) realizada en febrero, muestra que el 45 por ciento de los mexicanos lee por lo menos un libro al año, mientras que el otro 55 por ciento no realiza la lectura de ningún material literario. Las mujeres mexicanas leen más libros que los hombres, pues el último Módulo de Lectura indica que el 46 por ciento de la población femenina leyó por lo menos un libro durante el último año, contra el 43 por ciento de los varones. Se plantea a lo largo de esta participación, el espíritu que subyace de una sucesión pactada, en la que se crearon las condiciones generales, ya sea por redes sociales, por difamación de candidatos o por cualquier vía de estrategia electoral para alcanzar este resultado. El poder otorgado a este efecto genera la tentación totalitaria que se desprende de una política populista, dirigida a una población no pensante y rodeada de instancias legislativas idóneas para que se consuma la nueva expresión de monarquía republicana, bajo los tintes del populismo en América Latina. En ese orden de ideas y ante un escenario de esta naturaleza, el epitafio de la ciencia política es claro y evidente. Recordemos que la política era considerada como el arte del buen gobierno y los filósofos, los más capaces, los más sabios, eran los encargados de gobernar; los tiempos cambian y en términos de Maquiavelo (1974) “lo bueno de hoy será lo malo de mañana y lo malo de mañana será lo bueno de hoy” (p. 364). Por ende, la transformación de la actividad pública en manos de grupos emergentes, desprovistos de una cultura, de amor a la sabiduría, de un ejercicio previo a los asuntos de Estado; un Congreso en muchos de los casos de improvisación y solo de pertenencia a unas siglas derivadas de su oportunismo, adicionalmente a muchos interrogantes más, nos llevan a la conclusión de que la muerte de la política es más que una realidad en México para dar paso al pragmatismo y al capricho del ya anacrónico caudillismo.

La presente investigación tiene como objetivo dejar plasmada la forma de interpretar disposiciones constitucionales en México, a través del estudio del caso enmarcado en el Juicio de Amparo 1308 de 2014 del Juzgado Primero de Distrito con sede en Saltillo, Coahuila, México. Su trascendencia radica en la armonización hermenéutica de los criterios tributarios en los que se aprecia una vulneración al principio de igualdad, manifestando sus efectos interpretativos pro persona en los criterios garantistas de las sentencias de los Tribunales Constitucionales. Se aborda la constitucionalización en sede judicial de los principios que nutren el derecho a la educación. La hipótesis que se plantea radica en la pertinencia en la cual una universidad pública que por Ley se le ha dotado de autonomía, debe o no pagar tributos directos locales; máxime si la institución de educación superior debe proporcionar servicios educativos para el mejoramiento de su entorno social, enarbolando los principios que orientan al artículo 3. º de la Constitución Política de los Estado Unidos Mexicanos.

Esta edición de la revista Dos mil tres mil propende por la permanencia de espacios de divulgación a nivel regional, nacional e internacional. En este sentido, el lector podrá encontrar una diversa gama de análisis académicos como México: Sucesión pactada ¿Muerte de la política? Además de explorar algunos temas como la democratización de la producción de la energía eléctrica y los desafíos de la puesta en marcha de la Jurisdicción Especial para la Paz en Colombia.