vol. 11 núm. 1 (2009)

En Colombia, los tipos penales ubicados en la parte especial del Código Penal están redactados como si la única forma de desarrollarlos fuera siendo el autor de la conducta punible allí descrita. Sin embargo, en la parte general del Código Penal encontramos otras formas de responder penalmente por la conducta descrita en la parte especial. La complicidad es una de estas formas. Y aunque la complicidad está consagrada en el Código Penal, al no aparecer dentro de los tipos penales, es ignorada o lo que es aún peor, se utiliza incorrectamente. Por lo anterior, este artículo pretende reflexionar sobre la vigencia de la complicidad, y para ello analiza qué es la complicidad, su diferencia con la coautoría y cómo funcionaría la complicidad en algunos casos prácticos, relacionados con delitos socio-económicos en los cuales la complicidad se ha ignorado o se ha utilizado incorrectamente. Se concluye que la complicidad sigue vigente y que su correcta aplicación materializa el ideal de la justicia.

El agua como recurso ambiental, bien económico y bien social debería hacer parte de la agenda pública colombiana, no sólo en cuanto a su manejo y preservación, sino también en cuanto a las implicaciones sociales que se puedan generar en su tenencia y uso. Esta preocupación tiene sus orígenes en los años setenta, en los que se inició un proceso de preocupación mundial por los recursos naturales y su rápida disminución, escasez y extinción. Uno de los resultados fue el establecimiento de convenciones y acuerdos internacionales sobre el manejo responsable de los recursos naturales. En cuanto al agua como recurso ambiental, se encuentra intrínsecamente ligado al funcionamiento de los ecosistemas y a los ciclos naturales del planeta. Para el caso del contexto colombiano, este artículo analiza: el agua como parte del desarrollo sostenible, el agua como derecho y, finalmente, el agua como derecho en el contexto colombiano dentro del marco explicativo del Referendo del Agua.

El presente artículo tiene como objetivos mostrar la organización y el funcionamiento de la administración central del Estado de Boyacá, integrada por el presidente del Estado y los secretarios del despacho, para observar cómo operaban y qué funciones tenían asignadas, durante el periodo comprendido entre 1857 y 1886, a partir del planteamiento dado por las constituciones del Estado de 1857, 1863, 1869, y su ulterior desarrollo normativo, dado por la Asamblea Legislativa y el presidente del Estado; así mismo, determinar cómo era la marcha del Estado de acuerdo con los informes presentados por el presidente del Estado y los secretarios del despacho. Teniendo en cuenta que hasta el momento no se ha escrito nada al respecto, este texto es innovador, en la medida en que nos permite reconstruir una parte de nuestro patrimonio histórico documental.

La discusión acerca de la objeción de conciencia, entendida como la posibilidad de apartarse del mandato legal en razón de convicciones íntimas fundamentadas en aspectos éticos o religiosos, presenta una fricción entre una idea de Estado preocupado por la promoción de las garantías individuales o por la protección del interés general y una idea de derecho dirigida a la protección del orden, en contra de la idea de derecho como medio de reivindicación de condiciones mínimas de protección del individuo. En medio de esa confrontación se desarrolla la posibilidad de hacer de la objeción de conciencia una garantía del derecho fundamental a la libertad de conciencia, o como una facultad legal conferida por el legislador a los administrados. Se propone, con este escrito, una reflexión en torno a ambas posiciones, al determinar algunos aspectos que permitan asumir la posición que resulte más coherente con el contexto del Estado social y constitucional de derecho.

En este artículo se mostrará cómo el derecho, en interrelación con la economía, constituye uno de los instrumentos principales para la construcción de “consenso” entre los ciudadanos o estructuración de hegemonía política en las sociedades modernas. Si consideramos —como aquí se argumentará— esta afirmación, las transformaciones sufridas, en las últimas décadas, por el derecho como consecuencia de la nueva fase de mundialización capitalista, han desempeñado un papel importantísimo en la conformación de una nueva subjetividad (“pensamiento único”) en la ciudadanía.

La contratación pública en Colombia es conflictiva, poco eficaz y eficiente, y con frecuencia causa daño patrimonial al Estado. El sistema legal colombiano no fue capaz de hacer eficiente y transparente la contratación pública.  Esto ocurre porque la contratación pública transcurre en un ambiente institucional que se caracteriza por los altos costos de transacción. La ley colombiana complica las cosas aún más con el principio del equilibrio económico de los contratos, que aumenta la incompletitud contractual y hace difícil utilizar los incentivos económicos para controlar el oportunismo de los agentes económicos. Los autores formulan la hipótesis de que el principio del equilibrio económico contribuye a aumentar la litigiosidad en la contratación pública. Se hace la prueba empírica de la hipótesis. En la primera sección se realiza el resumen de la literatura económica sobre los costos de transacción y el contrato incompleto, así como la literatura jurídica sobre el origen histórico del principio del equilibrio económico de los contratos. La segunda sección describe la metodología del estudio empírico. La tercera, presenta la evidencia empírica de los efectos que ejerce el principio del equilibrio sobre la contratación pública. Finalmente, se presentan las conclusiones.