vol. 15 núm. 30 (2012)

El presente artículo analizará la excepción preliminar "Falta de agotamiento de recursos internos" como mecanismo de defensa estatal invocada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Se demostrarán las falencias o errores cometidos por los agentes estatales en la argumentación de la excepción, la cual ha sido superflua y equivoca al entregar argumentos definidos de forma previa por el órgano interamericano como improcedentes, en razón a su contradicción con los estándares internacionales de protección de los Derechos Humanos en el sistema regional

Se analizanlas garantías convencionales previstas en los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos a la luz de la jurisprudencia de la Corte Interamericana.El derecho a ser oído, a la presunción de inocencia, al juzgamiento en plazo razonable, a la acusación clara y determinada, al juez natural, constituyen connotaciones de las garantías convencionales previstas, especialmente, en la Convención que, además, se proyectan en un sinnúmero de aplicaciones concretas que la Corte ha señalado a través de los distintos casos juzgadospor ella y que le aportan un sentido específico. Se concluye que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado un proceso de estandarización referente al plazo razonable de los procesos seguidos dentro de la jurisdicción interna de los países miembros, evitando la incertidumbre e inseguridad jurídica para las partes, así como se procurala uniformidad en el manejo de los tiempos procesales dentro de los ordenamientos jurídicos internos.

En tanto que el principio de ignorancia del derecho no prescribe una conducta determinada ni propone una sanción específica, sino que determina cierta restricción a los recursos de defensa, toda evaluación que se pretenda sobre él presenta cierta dificultad si de forma simultánea no se evalúa tanto la prescripción de la ley (su objetivo específico) como la proporcionalidad con que castiga su transgresión. Es precisamente ante esta consideración que los argumentos utilizados tradicionalmente para defender y refutar el principio de ignorancia del derecho se muestran insuficientes frente a la complejidad del problema.

Este trabajo tuvo como objetivo investigar el grado en el que las decisiones judiciales de los derechos económicos, sociales y culturales son influenciadas por sus consecuencias económicas. El documento sostiene que la globalización económica es una variable importante en lo que respecta a las distintas crisis económicas nacionales que han visto el mundo occidental. Por su parte, las crisis económicas que influyen en las decisiones judiciales en materia de derechos económicos, sociales y culturales, lo que lleva a un razonamiento judicial restrictivo del gasto social, que afecta a estos derechos en nombre de una supuesta maximización del bienestar social. Por último, el artículo propone la tesis de que, efectivamente, existe un espacio posible para el consecuencialismo judicial.Sin embargo, desde el punto de vista de la teoría jurídica, el consecuencialismo judicial posible y necesario es lo que lleva a juicio a guiarse por las consecuencias que reafirmen las bases axiológico-normativa del ordenamiento jurídico de la protección social y no, fundamentalmente, sus efectos económicos.