núm. 15 (2014): diálogos de derecho y política

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Este artículo pretende explorar el alcance que tiene la inmediación procesal en el Código General del Proceso. El motivo se debe, en principio, al fortalecimiento que ésta ha recibido como regla a partir del sistema de la oralidad que se ha venido implementando hace algunos años en Colombia cuyas dificultades teórico-funcionales ya se han empezado a sentir. Como la instauración de la oralidad tiene efectos directos y definitivos en lo que respecta a la inmediación y contradicción de la prueba, las consecuencias de su consagración expresa motivan su estudio desde su naturaleza jurídica, tratamiento legal u otros. Claramente la importancia que se le viene dando a la inmediación procesal se debe a la exigencia de su aplicación en la segunda instancia en tanto ello advierte de una relación correcta con la impartición de justicia. El objeto aquí será examinar su trascendencia.

El objetivo de este artículo es aportar a la discusión académica sobre la reconfiguración de la relación entre el estado y las empresas y la consecuente privatización de los derechos sociales. A partir de una experiencia laboral concreta en una empresa colombiana de generación de energía, se plantea una revisión teórica sobre el proceso de globalización y neoliberalismo, las mutaciones del estado en este marco, el surgimiento de la gobernanza y del discurso de la responsabilidad social empresarial como estrategia de la gobernanza neoliberal que condiciona los derechos sociales al plantear soluciones de necesidades a poblaciones definidas no como ciudadanos excluidos y vulnerados sino como parte de unos grupos de interés que estratégicamente se delimitan al interior de la empresa, transformando el concepto de derecho en soluciones estratégicas puntuales.

El presente escrito, busca determinar la naturaleza jurídica de la acción de tutela contra providencias judiciales; además, determinar cada una de las causales genéricas de procedibilidad de la acción de tutela contra providencias judiciales establecidas por la Corte Constitucional y analizar la jurisprudencia a modo de ejemplo, y por último se hace un seguimiento de lo que ha entendido, en esta jurisprudencia, la Corte Constitucional desde sus inicios hasta la actualidad por el concepto del debido proceso y cuáles han sido los tradicionales remedios procesales para las nulidades del procedimiento.

El siguiente artículo estudia los fundamentos del moderno principio de legalidad penal y cómo ha venido siendo entendido en la doctrina y los procesos penales para contrastar los cambios que ha sufrido en la práctica con el surgimiento de los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, la jurisdicción internacional y la victimología. En ese sentido, se estudiará el impacto que ha tenido ello en los procesos penales y se hará una revisión a los alcances de dicho principio de legalidad estudiando sus fundamentos históricos y las condiciones actuales en el marco del surgimiento del constitucionalismo social y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. En ese sentido, el artículo busca responder la interrogante de si la aplicación de manera directa de los Tratados de Derechos Humanos y la interpretación que sobre los mismos han hecho los tribunales internacionales (con una referencia especial en la Corte IDH) dentro de los procesos penales se enmarcan dentro del principio de legalidad penal o, en todo caso, cuáles son los límites con el objeto de investigar y sancionar las graves violaciones hacia los derechos humanos.

Dentro del Sistema Pensional Colombiano se debe empezar a reconocer la Pensión de Invalidez de Origen Mixto, la cual se puede otorgar a partir de que se logre determinar una pérdida de la capacidad laboral igual o superior al 50%, mediante la sumatoria de porcentajes de origen laboral y origen común, cuando estos por separado son inferiores al 50%. Esta pensión se determina a partir de la Sentencia C 425 de 2005 de la Corte Constitucional, que declara inexequible el parágrafo 1 del artículo de la Ley 776 de 2002, y surge por la existencia de un afiliado al Sistema General Pensional que materialmente es invalido, pero que por tratarse de patologías de origen diferente, queda formalmente impedido para el reconocimiento de la pensión de invalidez. El cubrimiento económico derivado del reconocimiento de la Pensión de Invalidez de Origen Mixto, se hace de acuerdo a la corresponsabilidad entre las Aseguradoras de Fondos Pensionales y las Aseguradoras de Riesgos Laborales, teniendo en claro que el pago queda en cabeza de una de ellas, atendiendo al principio de indivisibilidad de la mesada pensional, repitiendo esta ante la otra aseguradora por lo que proporcionalmente le corresponda.

La jurisdicción constitucional es un asunto que ha sido objeto de debates en lo que respecta a su legitimidad, en tanto el órgano que materializa esta jurisdicción no es elegido por voto popular. Desde las revoluciones liberales de finales del siglo XVIII, numerosos debates han tenido lugar sobre este tema, no habiendo aún concluido; aunque es importante reconocer los planteamientos que aparecen de fondo y que justifican o cuestionan la existencia de tal jurisdicción. Asimismo, vale la pena hacer una revisión al caso colombiano, analizando las situaciones en las cuales pareciera que la Constitución está supeditada al poder político, y no al revés, para entender cómo, en este contexto tiene o no lugar la idea de la jurisdicción constitucional. Este artículo de reflexión se basa en una revisión a la historia de la teoría constitucional, desde la idea de contrato social presente en las revoluciones norteamericana y francesa, pasando por la noción de supremacía de la constitución kelseniana contrapuesta a la idea de supremacía del poder político schmittiana, hasta la Constitución Política de Colombia de 1991 y sus efectos sobre las decisiones política durante el gobierno presidencial de Álvaro Uribe desde 2002 hasta 2010, para finalizar con unas reflexiones en torno a la idea de la legitimidad de la jurisdicción constitucional, sus problemas y sus beneficios para el Estado constitucional de derecho.

En el presente artículo nos ocupamos de  analizar el Impuesto a la Renta para la Equidad (CREE) a la luz de los Principios Constitucionales de Certeza, Legalidad, Irretroactividad,  Equidad, progresividad y eficiencia que rigen el Sistema Tributario Colombiano examen que se acompaña con la formulación del  Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, que cita como corolarios para una ideal  estructura tributaria los principios de Sencillez Administrativa, Eficiencia Económica. Bajo los principios antes enunciados,  demostraremos que el CREE no cumple a cabalidad con los requisitos  necesarios para  hacer del Sistema Tributario Colombiano una institución más acorde a las necesidades económicas y sociales. Para cumplir con este cometido, vamos a desfragmentar cada uno de los elementos del impuesto y los conjugaremos con los planteamientos dogmáticos y jurisprudenciales de la Corte Constitucional en la materia, revisaremos su pertinencia jurídica y económica  para la consecución  del principal objetivo del Estado Social de Derecho: garantizar la materialización del Bienestar General.