vol. 8 núm. 1 (2017): ces derecho

En el marco de un Estado Social de Derecho, el proceso penal deberá estar investido de unos atributos que le confieran legitimidad y, a la vez, sirvan de control al poder de los Jueces, esos atributos o límites se encuentran englobados en la noción de debido proceso. Dentro de los contenidos del macro principio del debido proceso, encontramos el derecho de contradicción probatoria, el cual se constituye en una de las garantías más importantes dentro del proceso penal, pues este materializa el derecho de defensa y permite el desarrollo de valores tan importantes como la libertad. El derecho de contradicción probatoria en la fase de juicio oral se convierte en la oportunidad para el procesado de defenderse, de refutar y oponerse a las afirmaciones realizadas por la parte contraria, de aportar elementos que le permitan desvirtuar lo dicho en su contra.DOI: http://dx.doi.org/10.21615/cesder.8.1.9

El presente artículo se interroga sobre ¿Cómo ha llegado el miedo a convertirse en el aspecto definitorio de los procesos de gubernamentalidad en México y Colombia? Y asume que la expansión del miedo es más una forma de gubernamentalidad contemporánea, que un problema con origen único en el sujeto. A través de las estrategias foucaultianas de eventualización y problematización, y mediante la herramienta analítica del dispositivo, se hace posible comprender que se trata una fuerza estratégica capaz de engendrar otras formas de construcción de realidad. Además, en estos primeros años del siglo XXI se ha usado la seguridad como consolidación del   miedo en tanto gubernamentalidad. El texto concluye con una idea que vertebra la tesis: Un sujeto con miedo no está perdido, está atrapado y este atrapamiento puede definirse a través de una forma de gubernamentalidad: Fobopolítica.DOI: http://dx.doi.org/10.21615/cesder.8.1.5

Este artículo pretende analizar los retos normativos que tiene para Colombia la aplicación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en materia civil, de familia, penal, laboral y seguridad social. En este texto se expondrán los diferentes desafíos jurídicos que actualmente deberá afrontar el estado colombiano para asumir los compromisos adquiridos con la firma y ratificación de la Convención, especialmente con la generación de las garantías legales, políticas institucionales y cambios de mentalidad en los operadores jurídicos, para lograr el reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.  DOI: http://dx.doi.org/10.21615/cesder.8.1.1

Las nuevas tecnologías, traen con su implementación, un cambio significativo en relación con la dinámica negocial histórica de la humanidad, pues a medida que se amplían los canales de comunicación entre las personas, se amplían también las formas de intercambiar bienes y servicios entre ellas. En estrecha relación con lo anterior, el documento electrónico cobra gran relevancia, pues este es el medio idóneo para plasmar esas voluntades de intercambio de bienes y servicios de conformidad con la no presencia física de los sujetos negociales constituyendo así una garantía para las partes en relación con las obligaciones y los derechos adquiridos en uno u otro movimiento comercial. Ahora, viene a contexto el título ejecutivo y el proceso ejecutivo, desarrollando el primer concepto de título ejecutivo, con todas sus características y requisitos, para posteriormente pasar a profundizar en el segundo concepto, el proceso ejecutivo, como medio judicial para efectivizar los derechos o créditos incorporados en el titulo ejecutivo. Por último,  se realiza un análisis cabal acerca de la noción del mensaje de datos como título ejecutivo, observando los aspectos estructurales del título y del proceso ejecutivo con relación al mensaje de datos.DOI: http://dx.doi.org/10.21615/cesder.8.1.3

Con el fin de analizar cómo el debido proceso se encuentra inmerso en la Ley de Habeas Data, el presente artículo se estructura partiendo de la concepción misma de los derechos fundamentales en el Estado Social de Derecho, permitiendo ubicar y desarrollar con mayor facilidad el concepto de Debido Proceso y su aplicación en ámbitos diferentes a las instancias judiciales y administrativas. Posteriormente se realiza una profundización del concepto Habeas Data, acudiendo a los antecedes en que se origina su inclusión en la Constitución Política de Colombia y su posterior desarrollo a través de la Ley Estatutaria 1266 de 2.008. Teniendo claro ambos conceptos, por último se analiza las miradas que permiten identificar la forma en que el Debido Proceso hace parte indisoluble tanto de la estructura general de la Ley de Habeas Data (Ley 1266 de 2.008), como en específico, en el procedimiento para la realización de reportes negativos en las centrales de riesgo, de acuerdo a los argumentos planteados por la Corte Constitucional de Colombia en la Sentencia C-1011/08.DOI: http://dx.doi.org/10.21615/cesder.8.1.10

Cursa en el Congreso colombiano un proyecto de ley para renovar el Código de Ética Médica (Proyecto de ley 24 de 2015). Este proyecto, enraizado en el reconocimiento del principio de libertad moral, proclama el respeto por la autonomía del paciente como uno de los constituyentes de la ética asistencial moderna. Ante la valiosa iniciativa se revisó lo atinente al consentimiento informado (CI) y se efectuó un análisis comparativo con el código vigente (la Ley 23 de 1981) y otros contemporáneos (el chileno, el español y el argentino), en busca de fortalezas y debilidades. Se encontró que el proyecto de ley no cuenta con los contenidos filosóficos, bioéticos y procedimentales suficientes para cumplir con su promesa de valor. En cambio, se caracteriza, por ser extenso en temas sancionatorios. Tal desequilibrio podría derivar en una práctica médica más defensiva y menos ética.DOI: http://dx.doi.org/10.21615/cesder.8.1.8

Este artículo considera en primer lugar la legalidad de drones armados en el derecho internacional.  Con respecto al uso de drones armados, que ha aumentado exponencialmente en los últimos 15 años, el marco legal depende del contexto en el que los drones se despliegan. En conflictos armados las reglas que gobiernan el uso de los drones se encuentran en el derecho internacional humanitario; en caso de que los drones armados sean utilizados para mantener el orden público, será aplicable la legislación nacional pertinente y el derecho internacional de los derechos humanos.  En Colombia no se conocen casos de uso de drones armados pero, dada su proliferación global, es probable que esta tecnología fuera usada en un futuro próximo. Este artículo considera los retos legales presentados por los drones armados, aplicándolos a la situación colombiana.DOI: http://dx.doi.org/10.21615/cesder.8.1.2

Las Comisarías de Familia, como autoridades administrativas ejercen funciones jurisdiccionales en los procesos de violencia intrafamiliar de conformidad a lo establecido en la Constitución y la ley 575 de 2000; a raíz del otorgamiento de estas funciones, se evidencia en la práctica que dicho ejercicio representa un problema a la hora de determinar si en el desarrollo del trámite de violencia intrafamiliar se está en la esfera de la función jurisdiccional o si por el contrario, se encuentra dentro de la función administrativa que es propia de las autoridades administrativas. Además, lo consagrado en el artículo 116 de la Constitución Política de Colombia, presenta una dificultad en la práctica de las Comisarías de Familia que si bien establece que en el ejercicio de las funciones jurisdiccionales no puede juzgarse delitos, pareciera que en la imposición de medidas de protección de carácter provisional y en las definitivas, se juzgara los hechos de violencia.DOI: http://dx.doi.org/10.21615/cesder.8.1.7

El presente artículo analiza, desde la perspectiva de la Teoría Económica de los Derechos de Propiedad,  el Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos de América y Colombia, específicamente el acápite de propiedad intelectual, con la finalidad de  encontrar criterios ADPIC Plus en el acuerdo. Por esta razón, además de la  introducción, este artículo se divide en tres partes y  una conclusión final: en la primera, se estudia el surgimiento de la propiedad intelectual en el  derecho internacional; en la segunda,  se abordan las posturas de la teoría económica sobre  la propiedad intelectual; en la tercera, se establecen unos criterios para definir que el Tratado de Libre Comercio entre Colombia y los Estados Unidos tiene compromisos ADPIC Plus; finalmente, se presentan las conclusiones.DOI: http://dx.doi.org/10.21615/cesder.8.1.6

El Sistema Penal Acusatorio, implementado en nuestro ordenamiento jurídico por intermedio de la Ley 906 de 2004, es un dispositivo procesal jurídicamente núbil, en el entendido de que el mismo ni siquiera ha ajustado los diez (10) años de vigencia en la totalidad del país, dada la implementación por etapas en los distintos distritos judiciales dispuesta por el artículo 530 de la normativa en cita.

Actualmente se plantean discusiones sobre la obligatoriedad que tienen las decisiones judiciales en un ordenamiento jurídico determinado, ya que el control en el sistema de fuentes es el poder en la creación del derecho. Así, en México se ha decidido otorgar gran fuerza vinculante a las decisiones de los jueces, atendiendo a un sistema de precedente conocido como jurisprudencia, donde los órganos creadores, las formas y los procedimientos mediante los cuales se crea la jurisprudencia están regulados en la ley. Por otro lado Colombia, presenta un sistema que ha tenido mayor desarrollo desde lo judicial que desde el legislativo, con conflictos desde la interpretación y vinculación de las decisiones jurisdiccionales a los casos futuros. De esta manera se evidencia una comparación fructífera entre la forma de hacer jurisprudencia en estos dos países, lo que se intenta describir y analizar a lo largo del presente escrito.DOI: http://dx.doi.org/10.21615/cesder.8.1.4