vol. 11 núm. 11 (2013): iter ad veritatem

La víctima como sujeto pasivo de la conducta punible es quien ha sufrido el daño con ocasión de la comisión de una conducta tipificada como punible y por lo mismo tiene derecho a conocer la verdad participando dentro del proceso; además tiene derecho a ser escuchada durante el proceso, a solicitar el incidente de reparación integral, a ser protegida por el Estado cuando sus derechos se encuentren amenazados, a participar en las audiencias donde se establezcan preacuerdos y negociaciones y a participar en la audiencia de control de aplicación del principio de oportunidad, entre otros derechos. Sin embargo hay que tener en cuenta que su participación en el proceso penal no es completa, dado a que la ley limita su actuación, dejándole un papel en el procedimiento penal que no es preponderante, como se le otorga a la defensa y a la fiscalía dejándole a la víctima un papel secundario y no relevante. La víctima no se ve plenamente involucrada en la acusación, en la audiencia preparatoria y en el juicio oral, teniendo la mínima participación cuando se le reconoce su calidad de víctima en la audiencia de formulación de acusación y en el momento en que se dicta sentencia para solicitar el incidente de reparación integral.

El campo de la Responsabilidad del Estado, por omisión del ejercicio de las políticas públicas ambientales para la prevención, precaución y atención de desastres de la naturaleza, a nivel Colombiano e Internacional; ha generado un déficit de gobernabilidad a la hora de afrontar un riesgo de desastre, que da lugar a una inadecuada y oportuna reacción de las autoridades ambientales, en el que hacen parte del Estado, como sociedad organizada, que posee la facultad de sancionar normas de Derecho, se torna permisiva al asumir planes, programas y proyectos de orden nacional en complementación con la legislación internacional ambiental de preservar un derecho al medio ambiente sano a la población civil en su vida, honra y bienes. Lo que se pretende con este escrito, es la identificación de la normatividad nacional, e implementación de los principios de Derecho Internacional Ambiental existente, de carácter vinculatorio en cada Estado-Nación, con el fin de configurar un título jurídico de imputación, por omisión en las políticas públicas ambientales, no solo en el contexto de la jurisdicción Contencioso Administrativa, sino también la protección constitucional, y de los tratados Internacionales de las personas, que son víctimas del cambio climático.

La vigente Ley 1437 de 2011, Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, que nos rige des- de el 2 de Julio de 2012, ha consagrado un importante y reciente recurso extraordinario que atiende a la noción de Unificación Jurisprudencial, el cual se constituye como una institución novedosa que carece de referente normativo en el procedimiento Administrativo Colombiano y con serias implicaciones que se traducen en la posible transformación del Órgano de cierre de la Jurisdicción Contenciosa en un Juez de Unificación bastante cercano al Francés, o bien, similar en este sentido a la Corte Suprema. Por lo tanto, el desarrollo que se ha suscitado permite pensar entonces en la trascendencia del mecanismo analizado en el rol que ha de desempeñar el Consejo de Estado.

La Asamblea Nacional Constituyente de 1991 (Martínez Dalmau, 2008) dedicó un capítulo al tema de la función pública, siendo la primera vez en la historia de la nación colombiana que se eleva a mandato superior, con tanto detalle, un tema de vital importancia para la vida de los colombianos, la consolidación del Estado y la modernización de la administración pública. Con base en el esquema del Derecho Administrativo, que define la actividad de la administración en servicios públicos y actos administrativos en sentido estricto, existe la regulación de la organización de la relación entre el Estado y sus servidores, como un régimen distinto del derecho al trabajo, mediante el concepto de empleo público. Por ello, se inicia presentado el concepto y la clasificación de los servidores públicos; luego se hace un análisis detallado del empleo público, ya que éste determina características esenciales del Servidor Público que lo desempeña; de tal manera que el estudio se centra en el tratamiento jurídico frente a dos categorías especiales que de allí se derivan y atienden al Empleado Público y al Trabajador Oficial de tal forma que se presentarán como conceptos idénticos a la luz del ordenamiento legal vigente, teniendo presente normatividad que refiere desde la Ley 411 de 1997, hasta la expedición del reciente Decreto 1092 de 2012, atendiendo en todo momento a la teleología de los pronunciamos de la Organización Internacional del Trabajo –O.I.T-.

La sociedad como conjunto de individuos que interactúan entre sí en determinado ámbito ya sea por medio de sus actos, lenguas, cultura, costumbres etc., es generadora de conflictos de diversa índole como por ejemplo en materia laboral tenemos las controversias que surgen entre empleadores y trabajadores, en la jurisdicción de lo contencioso administrativo los conflictos derivados entre el Estado y los particulares o entre las mismas entidades; es así como el Estado juega un papel importante a la hora de intervenir en la solución de dichos conflictos de una manera civilizada. Hablamos del Estado como ese órgano interventor legitimado para dirimir la Litis, pero la pregunta es ¿cómo el Estado interviene? El Estado interviene a través de los diversos centros de conciliación localizados en diferentes partes del país, para ello el legislador estableció los límites y capacidades de cada uno de ellos. A nivel constitucional tenemos el artículo 116, que faculta a los particulares para ser investidos transitoriamente para administrar justicia (…), es así como los particulares coadyuvan al Estado en la búsqueda de mecanismos alternativos para la solución de conflictos, que para el caso de estudio es la conciliación. La conciliación como mecanismo alternativo para la solución de conflictos tiene ventajas, una de ellas es que a pesar de que las partes no hayan llegado a un acuerdo amigable, pueden identificar la dimensión de la Litis; o da vía para que se pueda acudir ante la jurisdicción en determinados casos. Otra opción es que se llegue a un acuerdo que ponga fin al conflicto, siendo este en últimas el fin primordial de esta figura jurídica. Generalmente la conciliación se agota en una sola audiencia, es rápida, eficaz, efectiva y no exige de manera excesiva formalismos que impliquen mayor tiempo.

Actualmente con los cambios sociales y las actuaciones de las personas al margen del ordenamiento jurídico colombiano, en cuanto al matrimonio se refiere, es posible encontrar un vacío jurídico, ya que al establecerse por parte del legislador como única prueba el Registro Civil de Matrimonio, un sujeto de derecho en principio podría vulnerar el sistema legal y establecer válidamente dos “uniones”, lo cual crea inseguridad jurídica, que llevaría a la violación de derechos de las personas que actúan de buena fe; por lo anterior es necesario evaluar la normatividad vigente y los pronunciamientos jurisprudenciales en aras de hallar una solución acorde con las necesidades jurídicas propias de un Estado Social de Derecho como lo es Colombia.

El presente artículo ha sido elaborado con el propósito de analizar las estrategias que permiten a las empresas del sector retail crear ventajas competitivas, pues, ante la realidad actual, en la que Colombia se está proyectando entre los países más atractivos para la inversión del comercio minorista,y frente al evidente interés de poderosas compañías de abrir espacio en el mercado del departamento de Boyacá para el desarrollo del comercio, las cadenas tradicionales boyacenses se ven obligadas a enfrentar este reto para que sean más eficientes y estratégicas y para garantizar la supervivencia de sus negocios, ya que no se puede desconocer que la aparición de nuevos actores (hipermercados) ha ido paralelamente de la mano de la progresiva desaparición de participantes tradicionales (muchos de ellos, PYMES), incapaces de aprovechar las economías de escala y ámbito devenidas de las nuevas reglas de juego, que supone la oferta competitiva de los hipermercados.

Con la Constitución de 1991 se plasmaron límites materiales y temporales para el ejercicio de las facultades legislativas del poder ejecutivo en situaciones de Conmoción interior; fijándose parámetros precisos para su declaratoria; y además se plasmaron los principios de proporcionalidad, de necesidad, de intangibilidad de derechos humanos, de temporalidad y el principio de legalidad. Lo anterior como respuesta al uso abusivo que se le dio a la figura del estado de sitio durante la vigencia de la constitución de 1886, lo anterior, en aras de garantizar el debido proceso. Sin embargo, en la técnica legislativa se siguen plasmando procedimientos contrarios al principio de favorabilidad o legalidad, como la toma ilícita de la prueba, que desconoce las garantías mínimas del procesado, al partirse de indicios, como el caso de la interceptación de las telecomunicaciones y la captura por simple planeamientos, que en un Estado Social de Derecho resulta del todo inconstitucional incluso en Estados Conmoción interior, al primar los derechos fundamentales por encima del Seguridad Nacional.

Pienso en Rosa Cruz, una víctima imaginaria, como todas las demás, oriunda de Socotá, un pueblo escondido en el mapa, en el departamento de Boyacá, tenía 4 hijos, y vivía con su esposo el jornalero Evaristo, en la finquita ubicada en la vereda agua de Dios. Un día lluvioso, se desataron los enfrentamientos entre la guerrilla y los paramilitares quienes se disputaban el territorio como corredor del narcotráfico camino a Venezuela, no podían salir de la casa, ella solo le rezaba al Dios del cielo mientras goteaba en el solar, “-Papito lindo que a mis niños no les pase nada, que algo aleje a estos salvajes.”

Tratándose de un tema tan relevante para el Derecho Internacional como el del control de convencionalidad y más precisamente, de la forma como los jueces Colombianos, dadas las diferentes circunstancias, incluyen en sus decisiones a la Convención Americana sobre Derechos Humanos y sus reglas, basados en las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Así las cosas, estaríamos frente a un ejercicio involuntario del control de convencionalidad, dado que ceñirse a los estándares del Sistema Interamericano evita en gran medida la impunidad de crímenes y masacres, de modo que se ha permitido la realización de principios tan importantes como el de la verdad. Para un correcto desarrollo de este tema, es necesario hacer referencia a las generalidades del control de convencionalidad, como figura independiente y como figura articulada respecto de las decisiones internas frente a las decisiones de la Corte Interamericana; además de desarrollar lo que ha sido la presencia de Colombia dentro del Sistema Interamericano, frente a las imputaciones de responsabilidad internacional del Estado, revisando cada una de las obligaciones y estándares impuesto a Colombia.

La jurisprudencia del Consejo de Estado en materia de responsabilidad civil extracontractual por daños ocasionados a los reclusos en los centros penitenciarios y carcelarios en Colombia, carece de un concepto definido. Por consiguiente el análisis dinámico de los fallos señala que se ha venido presentando frente a los títulos jurídicos de imputación no solo la presencia del daño especial debido a la relación especial de sujeción a la que se encuentra sometido el recluso, sino que basado en determinados presupuestos fácticos se consagra la falla en el servicio por parte de quienes garantizan la seguridad y custodia de los reclusos así como el surgimiento de eximentes de responsabilidad basados en el caso en concreto.

El presente estudio tiene como finalidad exponer la materialización de los preceptos constitucionales derivados del bloque de constitucionalidad aplicados a la normatividad del sistema de responsabilidad penal para adolescentes, conocido como SRPA, a lo largo de este estas páginas se dará desarrollo a un estudio descriptivo analítico partiendo de la base teórica de los postulados constitucionales del bloque de constitucionalidad en sentido estricto, para luego exponer su desarrollo normativo en la ley 1098 el cual hoy en día es el sistema Responsabilidad penal para adolescentes, a su vez se expondrá la dinámica de los presupuestos derivados del bloque de constitucionalidad de cara a la aplicación que le están dando los operadores administrativos del instituto colombiano de bienestar familiar ICBF quienes en últimas son los encargados de materializar los principios constitucionales en sentido estricto por vía del diario ejercicio de sus funciones como empleados públicos encargados de la protección de los menores de edad en Colombia. De manera tal que el estudio pese a ser analítico descriptivo goza de un ejercicio de verificación pragmático que permite inferir hasta qué punto se materializan los fines constitucionales.

Las discusiones sobre los crímenes de las Farc que hoy se llevan en La Habana, han despertado interés en un vasto territorio jurídico y en cada habitante con un sentido humanitario del país. Todo se fundamenta en que el resultado de las negociaciones será un componente político y jurídico que tendremos que asumir con responsabilidad por muchos años.

Editorial

Se presenta una clara violación a las personas que se les liquida la pensión sin tener en cuenta todos los factores salariales que posee el trabajador y se lesionan principios como igualdad material, favorabilidad y primacía de la realidad sobre la formalidad, la Ley 33 del 85 en su artículo 3 consagra una lista de factores salariales, la cual debe interpretarse de forma más amplia ya que esta no consagra la exclusión de factores que no se encuentren allí taxativamente, esto evita una rregresividad de Derechos Sociales de las personas, y a pesar de los diferentes cambios de precedente judicial queda claro que se debe velar por el adecuado cumplimiento de la constitución.