núm. 15 (2022)

Este trabajo trata sobre los principios y fundamentos dogmáticos de general aplicación que describen y modelan el arbitraje sobre asuntos de consumo, tomando en especial consideración la naturaleza las relaciones de consumo y la desigualdad que existe entre las partes del conflicto, proveedor y consumidor. Se recoge para ello el desarrollo que muestra el derecho internacional y particularmente el derecho comunitario europeo, con miras a su regulación en el ordenamiento jurídico chileno en particular.

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El presente artículo aborda aspectos de una nueva doctrina dentro del campo específico del régimen jurídico de las inmunidades de jurisdicción de las organizaciones internacionales, el cual difiere de otros regímenes existentes en Derecho Internacional, tales como las inmunidades de los Estados. Si bien las teorías mayoritarias en esta materia son la absoluta, la relativa y la funcional, actualmente se está abriendo paso una nueva doctrina denominada por algunos autores y tribunales como quid pro quo. Esta doctrina se ha generado frente a las limitaciones de las doctrinas existentes para resolver plausiblemente cierto tipo de casos caracterizados por acciones judiciales de particulares en contra de organizaciones internacionales, en los cuales los derechos fundamentales y humanos involucrados han requerido ser ponderados frente a los fundamentos de las inmunidades de dichos entes. Este trabajo, luego de explicar sintéticamente las bases de dicha doctrina, busca exponer las principales decisiones judiciales que han recaído en esta clase de casos en Italia y Francia, y desde ahí obtener algunas conclusiones útiles para este campo jurídico

Se estudia el proceso de unificación que sufrió la UE para la adopción del RES 650/2012 que se convierte en un ejemplo para otros ejercicios de DIPr, deteniéndonos en el paradigma de unificación fórum/ius de la residencia habitual del causante o la ley de su nacionalidad en caso de professio iuris. El recorrido comprende los antecedentes de la Conferencia de la Haya de DIPr como base jurídica para la unificación en materia sucesoria; el proceso en Europa que llevó a la unificación y un análisis de los rasgos que caracterizan los factores de atribución de competencia y de determinación de la ley aplicable. Se concluye que el gran logro de un instrumento de esta naturaleza sólo se compara con el reto de su implementación que pasa por el reconocimiento del Certificado Sucesorio Europeo (CSE) en los 25 países, así como su adaptabilidad a otros reglamentos de materias conexas como el Reglamento de regímenes matrimoniales (RREM, 2016/1103) y la cobertura de otros fenómenos sociales emergentes, retos para los cuales jugará un papel determinante la jurisprudencia del TJEU.

El alto nivel de litigiosidad entre inversionistas y Estados receptores de inversión corresponden en buena medida a problemas por la expropiación de los segundos sobre activos de los primeros. Cuando se trata de expropiaciones de carácter indirecto, la complicada tarea de los tribunales arbitrales consiste en distinguir si la medida estatal objetada corresponde o no a una legítima acción del Estado anfitrión para proteger sus intereses públicos. La UNCTAD y la OECD han esgrimido varios criterios de identificación de una expropiación indirecta y, de ellos, el criterio de la privación sustancial del inversor de la propiedad o del control de la inversión y la duración de la medida, por lo que nos preguntamos si estos han sido aplicados o no por la práctica arbitral en fechas recientes. Luego del análisis de 15 laudos arbitrales dictados en distintos años del periodo 2010-2019, llegamos a la conclusión que mayoritariamente sí se aplican (especialmente los de la UNCTAD), aunque no siempre se mencionan. A ello, se agrega el análisis por parte de los tribunales arbitrales de laudos arbitrales precedentes y el estudio de la doctrina especializada. Asimismo, debido a la tendencia mostrada en los más recientes tratados de inversión de incorporar estos criterios (en su articulado o como anexo), consideramos que los próximos años serán muy decisivos en la práctica arbitral ante el eventual escrutinio que los tribunales arbitrales realizarán de la actuación de los inversionistas y los propios Estados, en aplicación de estas fuentes convencionales.

A continuación, se presenta una traducción no oficial al español del texto de la sentencia de la cij relativa a la Delimitación marítima en el océano Índico (Somalia c. Kenia), cuya decisión fue proferida el 12 de octubre de 2021. El texto original de la sentencia puede ser consultado en la página web de la cij. La presente traducción es exclusivamente para fines de divulgación. No existe una versión oficial en español de las sentencias de la cij, estas se emiten solo en sus idiomas oficiales: francés e inglés, según el artículo 39-1 del Estatuto. Además, de acuerdo con lo ordenado en el párrafo 2 del mismo artículo, en cada sentencia la cij determina cuál es el idioma en el cual hace fe. En el presente caso fue  el inglés. Al final de la traducción de la sentencia de fondo se incluyó también la traducción del resumen de las declaraciones, opiniones separadas y opiniones disidentes que los jueces adicionaron a la decisión.

El presente artículo aborda tres cuestiones relativas al fundamento jurídico de la Responsabilidad de Proteger (RDP) respecto de los crímenes de lesa humanidad (CLH): las obligaciones de los Estados con relación a los CLH respecto de su propia población; las obligaciones de los Estados con relación a los CLH más allá de sus fronteras, tanto respecto de la prevención como de la cooperación; y la consideración de los CLH como amenaza a la paz y seguridad internacionales, así como las competencias de los órganos de las Naciones Unidas al respecto. Con tal fin, se estudia el proyecto de la Comisión de Derecho Internacional sobre la temática a la luz de la RDP, señalando sus aciertos y falencias en este contexto.

Numerosas mujeres venezolanas embarazadas han huido de Venezuela. Para algunas de ellas, la crisis de salud ha incrementado el riesgo para sus vidas y sus hijos/as. Miles han llegado a Colombia en busca de atención médica. A pesar de los esfuerzos del gobierno para adoptar medidas de alivio a la afluencia masiva de migrantes, las mujeres embarazadas no reciben atención prenatal ni posnatal. Una de las principales barreras es su estatus migratorio y la estructura del sistema de salud. Teniendo en cuenta los principales debates en relación con el acceso a la salud de personas migrantes y refugiadas, como los problemas de salud pública, la preocupaciones del “imán”, del “polizón” y sobre los costos en la atención médica, este artículo estudia las obligaciones internacionales de derechos humanos de Colombia con respecto a su estatus migratorio y el derecho a la salud reproductiva. La investigación permite concluir que las medidas gubernamentales han sido insuficientes para cumplir con estas obligaciones.