vol. 16 núm. 34 (2019)

En el presente artículo sobre la dosis personal y el derecho del libre desarrollo de la personalidad (consumidores vs no consumidores), (reporte de caso), se retoman aspectos relevantes de los inicios del narcotráfico hasta la actualidad. En el mismo sentido, se resalta la normatividad paralela de estos frente al siniestro fenómeno criminal, donde se destaca el esfuerzo del Estado para enfrentar este flagelo, el cual en vez de disminuirse ha mutado en su anchura y profundidad, mimetizándose en la sociedad y en la economía, aunque no de forma generalizada reprimiendo a quien consume la dosis mínima, mientras que los grandes capos siguen fortaleciendo sus cúpulas. Por último, se confrontan los fallos de dos jurisprudencias de la Corte Constitucional (C-221/94 y C-253/19), que generan incertidumbre, sin realizar un análisis de fondo, por parte de eruditos en la materia y de quienes no lo son. Se concluye, que el tratamiento dado a los consumidores de drogas por parte del Estado, ha sido represivo equiparándolos con los criminales que se dedican a éste funesto negocio, porque se carece de una política pública de salud integral que les brinde la atención que se merecen con el acompañamiento de la familia, de la sociedad y el apoyo del Estado, de tal manera, que se eduque a los menores, a sus padres en la prevención y riesgos que genera la drogadicción.

En el régimen actual de excepciones previas previsto en el Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo (CPACA) se presentan múltiples interrogantes y problemáticas en relación con su procedencia, oportunidad de su formulación, trámite y manejo probatorio, por lo que el presente texto tiene como propósito presentar algunos parámetros y criterios de interpretación de esta normatividad, y analizar la posibilidad de realizar remisiones a las normas del proceso civil que también regulan esta figura.

El delito de persecución del § 238 StGB fue reformado por la Ley de 1 de marzo de 2017, dejando de ser un delito de resultado para convertirse en un delito de idoneidad. De modo que ya no se requiere que el autor cause una perturbación grave en la forma de vida de la persona acosada, sino que basta que su conducta sea objetivamente adecuada para ello. Ahora bien, se conserva la polémica cláusula analógica del número 5 del apartado 1, que ha sido tachada de inconstitucional por vulnerar el principio de certeza y que, sin embargo, el legislador ha decidido no derogar, con el fin de seguir permitiendo el castigo de acciones no previstas expresamente, pero de gravedad semejante.

En Colombia existe una clara política dirigida a enfrentar la violencia intrafamiliar y de género. Frente a esta experiencia es dable identificar las siguientes características generales: está construida a partir de la jurisprudencia, el derecho internacional y el derecho interno, se adelanta desde una perspectiva tanto nacional como territorial, reconoce a las víctimas como titulares de derechos, impone obligaciones a cargo de la sociedad y realiza una aproximación integral al fenómeno de la violencia. Ahora bien, a pesar de lo anterior existen importantes limitaciones que afectan su implementación efectiva, y, por tanto, la consecución de los objetivos por ella perseguida. Estas dificultades tienen que ver con la falta de presupuesto y de personal debidamente capacitado, la ineficiente actividad penal, la reducida efectividad de las medidas de protección, la limitada articulación entre las autoridades, y la débil operación de las comisarías de familia.

La mayoría de los desacuerdos del orden de lo práctico (androides, fecundación in vitro; eugenesia; diseño preimplantacional; inteligencia artificial; eutanasia y aborto) se deben, por lo general, a previos desacuerdos del orden teórico (comprensión del bien y de la naturaleza humana; concepción de la persona; fundamentaciones de la dignidad; jerarquización de principios). Dicho de otro modo, dependiendo de la comprensión que se tenga del bien, las prácticas biotecnológicas, las éticas aplicadas y su conceptualización y normativización biojurídica variarán en sus límites y en sus propósitos. En este sentido, el propósito de este artículo es, en concordancia con los planteamientos de MacIntyre y de Dewan, mostrar que la comprensión análoga del bien, arraigada en la ética de las virtudes aristotélico-tomista, es la opción más acertada para orientar la razón práctica, en general, y dar luz a casos difíciles del bioderecho, en particular, ante la crisis del lenguaje moral contemporáneo.

La Universidad Santo Tomás, Seccional Tunja, presenta la revista Principia Iuris No. 34, en la cual se desarrollan temas de vital importancia para el avance jurídico, concebido desde la proyección social, y con bases axiológicas y epistemológicas que aportan a la solución de los diferentes problemas de investigación disciplinar e interdisciplinar. Las investigaciones de esta edición son el desarrollo de temas que abarcan gran contenido de problemáticas sociales y jurídicas, tanto en un contexto nacional como internacional. En esta oportunidad, la Revista Principia Iuris, Seriado 34, presenta artículos que investigan y profundizan en importantes problemas epistemológicos, de gran actualidad en el área del derecho. Por lo tanto, el lector encontrará un repertorio muy interesante de asuntos jurídicos y biojurídicos en este número. El esfuerzo, permanente e inagotable de los juristas y participantes de esta edición, lo resaltamos nosotros, y con su grandeza, toda la ciencia del derecho.

Son frecuentes los casos de violación de derechos humanos, en los que los protagonistas son empresas transnacionales, por intermedio de sus empresas filiales presentes en Estados con débiles sistemas jurídicos, principalmente en países de Latinoamérica, Asia y África, los cuales, no cuentan con mecanismos de reclamación efectivos para garantizar los derechos humanos de las víctimas. Casos como la muerte de líderes sindicales de las filiales de Coca-Cola Company Co., en Colombia, a manos de grupos paramilitares, presuntamente auspiciados por directivos de esa misma compañía, y en la que las víctimas no han obtenido la reparación de sus perjuicios, aumenta los niveles de impunidad en materia de derechos humanos. Lo anterior, demuestra la necesidad de que se promulgue un instrumento vinculante de derechos humanos en la órbita del derecho internacional público, que permita determinar la responsabilidad internacional de las empresas transnacionales y de paso la reparación de perjuicios de las víctimas, ya que, los instrumentos actuales, como los Principios Rectores sobre Empresas y Derechos Humanos, del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, son disposiciones de soft law, que si bien es cierto, han impulsado la Responsabilidad Social Corporativa, no constituyen instrumentos de carácter vinculante para las corporaciones transnacionales.

Referirse al “trabajo decente” implica pensar no solo en la carga significativa que se desprende del concepto, sino aún más en la aplicabilidad, sostenibilidad y garantía que se derivan de los ordenamientos jurídicos en aras de dignificar tanto el oficio como al trabajador. En este sentido el presente artículo, hace referencia a lineamientos concretos de la Organización Internacional del Trabajo en cuanto a la protección social y promoción de los derechos laborales, más generación de empleos de calidad, sostenibles y finalmente el dialogo social, aspectos que han sido subsumidos en nuestra normativa interna y por tanto patentes en la aplicación de dichas disposiciones sobre todo en materia laboral. De esta forma y apoyados en el campo jurídico, se plantea como hipótesis que la aplicabilidad de lo que significa “trabajo decente” en los trabajadores del sector agrícola, aun es deficiente, no obstante, de ser una exigencia normativa. Para lograr tal fin, la temática se aborda desde un análisis cualitativo-descriptivo la cual permite adentrarse más objetivamente en la comprensión del fenómeno.

La LO 1/2015, de 30 de marzo, introdujo el delito de acoso o stalking en el artículo 172 ter CP, pensando principalmente en las mujeres que sufren actos de hostigamiento por parte de sus exparejas. El legislador siguió el modelo del delito de persecución (Nachstellung) del § 238 StGB, aunque este precepto ha sido recientemente reformado, dejando de ser un delito de resultado para convertirse en un delito de idoneidad. No obstante, la regulación española ha prescindido de la cláusula analógica del precepto alemán, evitando la infracción del principio de seguridad jurídica. En cambio, nuestros órganos judiciales han interpretado este ilícito de un modo excesivamente flexible, castigando conductas que generan mera intranquilidad, violando el principio de intervención mínima.