vol. 3 núm. 2 (2012)

El internet se perfila como uno de los factores más influyente de la cotidianidad moderna, consigo este fenómeno trae una gran cantidad de nuevos retos para el derecho. En especial es un desafío para la protección de las libertades más fundamentales del ciudadano mundial. Es importante entonces, basados en la gran influencia e importancia del internet y la digitalización en nuestras vidas, analizar cual es el alcance de la protección actual a estos derechos digitales dentro del contexto del Derecho Internacional realizando un diagnostico de la situación actual basados en las categorías estipuladas en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Penal Internacional. Este artículo encuentra vacíos, silencios y una situación jurídica precaria para el ciudadano usuario de la red, y pone de relieve la necesidad de que se cree de un marco jurídico para los derechos humanos digitales en el contexto del Derecho Internacional.

Actualmente, Colombia se encuentra en un proceso de continuo crecimiento e interacción comercial generada por la apertura económica y el ingente esfuerzo integracionista político- económico que se ha presentado en los últimos años. Esta apertura ha dado lugar a un aumento del transporte por mar, ya que éste es el medio por excelencia utilizado en el comercio internacional, debido a sus bajos costos, la posibilidad de altos volúmenes de carga y su accesibilidad a los diferentes puertos del mundo. Sin embargo, los contratos de transporte marítimo internacional que se celebran a diario en Colombia, están basados en una regulación interna que no es compatible con la regulación internacional, no sólo por su antigüedad, sino porque se ha convertido en un obstáculo más para la posible adopción y adaptación de los Convenios Internacionales en la legislación nacional, los cuales, por sí solos, ya presentan los suficientes impedimentos para su fácil y eficiente interpretación. Este hecho hace que se dificulte el entendimiento a través de una lengua franca que incentive la generación de actos comerciales y de transporte marítimo de una manera más eficiente y rápida. Por esta razón, hoy en día se busca llegar a una uniformidad global en cuanto a la normativa de los contratos de transporte marítimo internacional, por medio de las que se conocen como las Reglas de Rotterdam.

En el ámbito del derecho comercial internacional pueden identificarse diversos elementos que inciden en su aplicación; entre estos se encuentra el arbitraje y junto con el concepto de arbitrabilidad, entendida como aquellos criterios que han de ser aplicados para determinar qué materias pueden ser objeto de arbitraje. No obstante, este concepto, no consigue ser ajustado de manera exacta y universal en el ámbito del derecho. Prueba de lo anterior, se puede encontrar en el Nuevo Estatuto de Arbitraje Internacional en Colombia, debido a que en esta ley no se delimita de manera exacta el concepto de arbitrabilidad, y en consecuencia, se da lugar a la tendencia pro arbitraje en la legislación colombiana. Así mismo, en el ámbito internacional tampoco se establece una limitación de estos criterios, lo que en suma, da lugar que dicho concepto, en principio pueda ser asumido con total autonomía. Sin embargo, habrán situaciones que exigen una delimitación más clara de la arbitrabilidad, y es así como entra a participar la configuración de la competencia en materia de arbitraje, en cabeza del legislador; como también el tema del orden público internacional en la ley, supeditado a las acciones de anulabilidad y reconocimiento del laudo arbitral.

El comercio electrónico ha tenido un auge desde finales de la década de 1990 hasta el día de hoy, lo cual ha llevado a los estados y entes reguladores a crear una miríada de intentos por determinar, legislar y regular tal actividad. Con todo el esfuerzo que conlleva esto, no obstante se han quedado cortos en la armonización de tales intentos. Las diferentes familias jurídicas a las que pertenecen y los diferentes enfoques tomados a la hora de realizar el intento de regulación han causado varias interpretaciones respecto al tema. Esas interpretaciones varían desde como definir una firma hasta como debe ser el enfoque al regular los medios electrónicos. En el texto a continuación se exponen algunos temas de interés referentes a la falta de armonización en el derecho referente al comercio electrónico, al igual que las fallas que tiene en aspectos de seguridad y certificación. Siendo estos dos últimos temas, aquellos en los cuales los diferentes entes reguladores han tenido mayor discrepancia en los intentos por legislar. También se hace mención al caso Colombiano y su forma particular de legislar las firmas digitales y las certificaciones, al igual que se he hace referencia ha varios documentos que han sido creados para la regulación de la materia.

El presente estudio analiza el contrato marítimo internacional del transporte de mercancías en el derecho brasileño y destaca, esencialmente, el problema de la legislación aplicable y de la competencia de jurisdicción, destacando la tendencia de la jurisprudencia y de la doctrina. En Brasil, existen restricciones al principio de la autonomía de la voluntad en los contratos internacionales que incide directamente sobre la regla del Derecho internacional privado respecto de la ley aplicable a los contratos. En general, dispone que las obligaciones serán calificadas y regidas por la ley del país en que se constituyen. La falta de la elección de una ley o cuando ésta es invalida, tendrá valor la lex fori en la cual se desarrolla el proceso que determinará la ley aplicable al contrato. Destacadas las restricciones, se busca analizar los contratos internacionales marítimos de transportes de mercancías y responsabilidades del transportador marítimo por las averías de la carga en el marco de incidencia de la legislación brasileña.

La práctica del derecho internacional es profundamente compleja. Esta es una realidad manifiesta con ocasión del fallo de la Corte Internacional de Justicia en el caso de la disputa territorial y marítima (Nicaragua vs Colombia) del 19 de noviembre de 2012. El litigio ocupo a los estados por casi once años y solo al final del mismo los medios de comunicación se empezaron a manifestar sobre el particular. El fallo pone fin a un galimatías de tratados internacionales mal celebrados. Los estados se sometieron a la Jurisdicción de la Corte y ambos realizaron su mejor esfuerzo por defender sus pretensiones. Parte de la opinión publica Colombia, basada en la información presentada por los medios, considera que el fallo es injusto y que viola la soberanía del Estado, llamando incluso al desacato de la decisión.