vol. 13 núm. 25 (2015): enero - junio

Más allá del debate de derecho positivo referido a si los derechos sociales  han recibido en la normativa internacional el estatus de genuinos derechos, existe un debate filosófico-político que se pregunta por su justificación moral. ¿Existen derechos humanos de índole moral –que pueden coincidir o no con los reconocidos por el  derecho positivo– cuyo contenido sean exigenciassociales o económicas? Aunque las preguntas por el estatus moral y el estatus jurídico son diferentes, lo que se responda en el primer caso puede tener incidencia sobre cómo pensamos que debería diseñarse el sistema jurídico internacional. Argumentar a favor de la existencia de derechos morales humanos con contenido social puede ser una razón –aunque no una definitiva– para justificar su positivización. Este artículo se ocupa solamente del problema filosófico-político, dejando de lado el debate centrado en el derecho positivo. El objetivo es ofrecer los principales lineamientos de una justificación moral de los derechos humanos. Dicha justificación permite no solo dar cuenta de algunos rasgos peculiares de los derechos humanos, sino que posibilita comprender que las mismas razones morales que subyacen a los derechos civiles y políticos se aplican a los derechos sociales. El argumento posee dos partes. La primera tiene por objetivo elaborar la justificación propuesta. Una vez expuesta la justificación de los derechos humanos, la segunda parte del argumento tiene por objetivo mostrar que la misma sirve para dar sustento no solo a los derechos humanos civiles y políticos, sino también a los derechos humanos sociales.

El artículo presenta los principales presupuestos de partida y enfoques de la regulación: el interés general y el interés privado. El primero, que siguió los fundamentos de la teoría keynesiana del bienestar, tuvo su origen en la intervención del Estado en la economía hacia los años treinta del siglo XX, mediante la regulación, debido a la necesidad de corregir los fallos del mercado que generaban los postulados neoclásicos. El segundo surge hacia los años setenta del siglo XX, ante la fuerte crítica y controversia al modelo regulativo, por causa de los fallos del gobierno al ejercer la regulación sumado a los fallos del mercado.

El artículo expone la participación de los pueblos indígenas a lo largo de las últimas décadas y de qué manera esta ha influido en el estatocentrismo sustentador del sistema internacional de derecho internacional. Con este objeto se han analizado analogías con otro tipo de grupos que han participado en la elaboración de instrumentos internacionales, para posteriormente estudiar las motivaciones de la participación de los pueblos indígenas y ver de qué forma guardan relación con la soberanía indígena. También se exponen los conceptos elementales que respaldan la participación indígena así como su soberanía y cómo guardan relación con la subjetividad jurídica internacional. Antes de mostrar las conclusiones se presentan los resultados prácticos de la investigación en términos de institucionalidad así como la forma en que afectan al estatocentrismo.

Colombia viene asomándose a un nuevo periodo de su historia y de su vida institucional con miras a transitar el camino civilizado, contrario al de la barbarie. Los acuerdos con los voceros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia –FARC– marcarán el inicio del fin del largo tramo de más de sesenta años en los que se ha perdido el respeto por el derecho a la vida, y en forma paralela se ha extendido la cultura de la violencia.  

La corrupción es un modo de actuar, un instrumento, una herramienta que permite alcanzar determinados objetivos de otra manera inalcanzables o más costosos, y la democracia no ha sido un sistema capaz de eliminar su existencia. A pesar de su universalidad, los distintos tipos de corrupción tienen unaetiología y un desarrollo disímiles. Esto genera algunos problemas para la mejor caracterización y comprensión de los actos de corrupción y, desde luego, para su más eficaz erradicación. Por ello en este artículo se presenta una definición de corrupción que desbroce el camino para evitar malosentendidos puramente verbales. La universalidad de la corrupción no supone que siempre se vean afectados los mismos bienes o idénticos derechos. En este sentido es posible pensar queen ocasiones también interesa a los derechos humanos, aunque no ocurra en todos los casos. No existe una relación directa o causal entre corrupción y  violación de derechos humanos. La segunda parte de este trabajo se destina al análisis de las consecuencias más gravosas que tienen algunas prácticas corruptas para los derechos humanos. Y, en último término, se presta atención a las medidas estándares que han sido señaladas para hacer frente a esta calamidad humana.

El artículo analiza la relación entre la democracia y sus ambientes favorables de vivencia en la escuela. Además presenta la manera como los agentes educativos establecidos por la ley se gobiernan -influenciados en gran parte por los intereses de los profesores, agentes de la educación para la democraciay su incidencia para la sociedad, que se experimenta desde la misma escuela. Se exploran aspectos de los ambientes que se manifiestan acerca de la democracia y su ejercicio, a fin de fortalecer las competencias cívicas y ciudadanas de los futuros ciudadanos y promover la construcción de sus deberes y derechos como estudiantes para participar de las decisiones de la  escuela, de forma tal que se favorezcan el desarrollo y la promoción de los derechos humanos.

La persistencia de las víctimas del franquismo y su movilización por la recuperación de la memoria histórica han conseguido rescatar del olvido los crímenes del franquismo, un olvido programado por las elites políticas en la Transición. Gracias a su lucha, estos crímenes han merecido la atención de las Naciones Unidas y de la justicia argentina, una atención que no han obtenido en España desde las instituciones. Los objetivos del movimiento memorialista son reparar la dignidad de las víctimas por parte del Estado, reconocer los derechos de las víctimas, terminar con la impunidad de los crímenes de la dictadura y recuperar la memoria de la Segunda República y la Constitución de 1931.

El Estado, a través de los organismos y entidades que lo integran, tiene como propósito buscar el interés y el bienestar general, para lo cual, independientemente de su forma y organización, debe garantizar derechos a los ciudadanos con el fin de proteger la dignidad humana. Proceso en el cual, para el caso de Colombia, los municipios, distritos y departamentos, al igual que los esquemas asociativos territoriales, ejercen un papel protagónico, tarea que cada vez se realiza de manera más eficiente y eficaz en la medida  en que la nación ha llevado a cabo su proceso de repartición de competencias con las entidades territoriales en diferentes sectores.

Este texto revisa el concepto de reapropiación cultural como una obligación estatal, que acompaña la repatriación de objetos culturales extraídos ilícitamente de su lugar de origen. Luego de observar cómo un grupo de indígenas celebró el Día del Sol en el Parque Arqueológico San Agustín, se concluye que el concepto de reapropiación cultural puede ser entendido de una forma más amplia.

Derecho y Realidad es una publicación semestral dirigida a la comunidadcientífica y académica interesada en el desarrollo de las Ciencias sociales yhumanas, con énfasis en derecho y derechos humanos.

Después de una larga tradición de publicaciones de profesores y estudiantes comprometidos con la producción de conocimiento y reflexiones al servicio de las ciencias sociales y el derecho, la Revista Derecho y Realidad, en desarrollo de los planes de mejoramiento de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UPTC, presenta ahora a la comunidad los resultados de investigaciones efectuadas con el rigor científico acorde a los estándares de revistas indexadas

El apasionante viaje hacia la indexación de nuestra Revista Derecho y Realidad se inicia hoy. La solvencia de los autores que nos acompañan con sus diversas disertaciones sobre temas socio-jurídicos así lo demuestran. Es fundamental para la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales acreditada de alta calidad, ypara nuestra UPTC reacreditada multicampus en similar sentido. Si reconocemos que es difícil alcanzar esa acreditación, es mucho más difícil mantenerlo, razón por la cual estamos comprometidos con esa delicada misión.