núm. 1 (2009): diálogos de derecho y política

Derecho Económico es un concepto que aparece por primera vez después de la Primera Guerra Mundial en Europa para significar la intervención del Estado en la Economía. En los años 50´s y 60´s del siglo pasado, ante las fallas del Estado, se plantea que éste sólo debe circunscribir su papel a facilitar la acción de los mecanismos del libre mercado, enfoque denominado análisis económico del Derecho.Ante las fallas visibles, y ya estudiadas, del libre mercado, se propone el análisis sistémico de la economía desde la juridicidad como un enfoque metodológico útil y necesario para contextualizar las normas jurídicas; éstas son un medio, junto con instituciones como la democracia, el mercado y el Estado, para alcanzar un objetivo: inclusión social, equidad económica, y, en general, el desarrollo socio-económico.Palabras clave: Derecho Económico; Análisis Económico del Derecho; intervención del Estado en la economía; libre mercado; fallas del Estado; fallas del mercado.

La construcción de este trabajo se inició con una pregunta: ¿De qué manera se puede resolver la contradicción entre dos derechos fundamentales teniendo como marco de referencia la teoría de la razón práctica para la decisión judicial y la jurisprudencia constitucional colombiana? Para tratar de buscar una respuesta, se evalúa un caso concreto: la colisión entre el derecho fundamental a la vida y el derecho fundamental a la libertad religiosa, en la situación aún más particular del rechazo a transfusiones de sangre por aquellas personas a las que la religión se lo prohíbe.Palabras clave: Derechos fundamentales, Corte Constitucional de Colombia, derecho a la vida, derecho a la libertad religiosa, ley de la ponderación, línea jurisprudencial, principio de proporcionalidad.

A lo largo del siglo XX, en los estados de tendencia democrática se presentó un proceso de construcción, definición y delimitación del instituto de la prohibición de admisión de aquellas pruebas obtenidas con vulneración o desconocimiento de normas jurídicas positivas. Así, en los Estados Unidos de América se ha construido la institución de la exclusión de la prueba ilegalmente obtenida, como mecanismo encaminado indirectamente a la protección de las libertades y garantías individuales, la cual se sustenta en la necesidad de pulcritud en los procedimientos policiales y en la prevención de conductas ilegales por parte de los agentes policiales en los procedimientos de obtención y aseguramiento de la prueba.Si bien la regla de exclusión se originó y fundamentó en el marco del derecho anglosajón, en el derecho colombiano, la Constitución Política de 1991 consagró de manera expresa la institución de la nulidad de pleno derecho de la prueba obtenida con violación del debido proceso, institución a la cual, posteriormente, la Corte Constitucional denominó como Regla de Exclusión Probatoria. Con su consagración constitucional, paradójicamente, dicha institución ha experimentado un progresivo debilitamiento, tanto a nivel jurisprudencial como legal.Palabras clave: Prueba ilícita, regla de exclusión probatoria, derechos fundamentales, debido proceso.

En el presente artículo se intenta relacionar conceptos como política criminal, delito político y guerra, para entender cómo es que actividades que en principio son lícitas (como la abogacía) terminan siendo alcanzadas por las redes del sistema penal en un intento por derrotar nuevos enemigos convenientes. Concretamente, se dará cuenta de la manera como asumir la defensa técnica de una persona etiquetada como terrorista, supone la extensión de dicho estigma al abogado. Palabras clave: Política criminal, guerra, delito político, criminalización, actividades lícitas, abogados.

A través del presente artículo se pretende realizar una reflexión frente la aplicación real y efectiva del principio de confianza legítima en la Jurisdicción Contencioso Administrativa en Colombia y en lo referente al cambio de la jurisprudencia aplicable al momento de fallar un caso en la justicia colombiana. Se busca dar cuenta de cómo los cambios jurisprudenciales en el tiempo afectan los procesos judiciales administrativos, por la congestión y la demora en la resolución de los casos en dicha jurisdicción.Se plantea con el mismo la necesidad de que el juez administrativo analice y aplique la jurisprudencia vigente al momento de la presentación de la demanda y no al momento de emitir el fallo de fondo, pues con ello se garantizan, entre otros, los principios de igualdad, seguridad jurídica y buena fe, pero fundamentalmente el de confianza legítima de los ciudadanos en la administración de justicia, en la interpretación de las leyes y en las normas vigentes al momento de la ocurrencia de los hechos que legitiman sus pretensiones.Palabras clave: Principio de confianza legítima, Jurisdicción Contencioso Administrativa, congestión de despachos judiciales, sentencias.

La cosa juzgada está concebida como una autoridad provista de efectos de inmutabilidad e irrevocabilidad de las providencias judiciales, y se enmarca en todo un desarrollo jurisprudencial y doctrinal tendiente a asegurarle al ciudadano que la decisión tomada en su caso no podrá ser modificada en principio por ninguna otra autoridad. Pero, como en todo ordenamiento jurídico, la dinámica misma de las normas y de la sociedad exige un alto grado de proactividad para enfrentar los cambios y las situaciones de hecho que se presentan y que pueden afectar el orden social.El legislador no es ajeno a la posibilidad de que surjan -para los juecesinconvenientes e irregularidades en el momento de la toma de las decisiones judiciales, por lo que crea mecanismos legales para revisar y analizar las decisiones que adolecen de vicios manifiestos. Por otro lado, el constituyente pone en manos de los ciudadanos acciones constitucionales tendientes a garantizar el resarcimiento de los derechos fundamentales cuando éstos se encuentran en peligro o han sido vulnerados por las autoridades. La jurisprudencia constitucional resalta con todos y cada uno de estos conceptos la importancia de la cosa juzgada hacia la armonía entre seguridad jurídica y justicia, para garantizar en las decisiones judiciales unos mínimos de legalidad y validez constitucional, comprometiendo con ello resultados acordes a la realidad social que se vislumbra en el juicio.Palabras clave: Acción de tutela; cosa juzgada; juez constitucional; justicia; recurso extraordinario de revisión; seguridad jurídica; sentencias.

El texto es una conferencia presentada en el Teatro Camilo Torres Restrepo de la Universidad de Antioquia el 21 de mayo de 2008. Allí se plantean básicamente algunos aspectos con los que se dilucidan situaciones generales sobre las implicaciones globales del año de 1968, año de grandes convulsiones y cambios en los patrones e imaginarios que desde lo cultural, lo político, lo intelectual y lo social, develaron la crisis de los Estados, de la política tradicional y de los referentes tradicionales de autoridad. Así mismo se incorpora una mirada sobre el papel y protagonismo de los movimientos sociales-actores importantes que en el siglo XX dieron cuenta de un actor colectivo fundamental para las democracias-, así como de las restricciones, de las limitaciones e injusticias en que incurría “el mundo moderno”. En un desarrollo posterior se explicita el alcance y limitación de los movimientos sociales como actores fundamentales de la política en el siglo XXI, cuatro décadas después de que los sueños -las utopías- se colocaron en la cima de las expectativas de millones de personas en todo el mundo, tiempos en los que sigue vigente el reclamo por inclusión y justicia social.Palabras Clave: 1968, Mayo de 1968, representación política, movimientos sociales.

En los años sesenta del siglo pasado, las universidades se encontraban inmersas en procesos de masificación de la enseñanza, con una relativa democratización y una ampliación de la población de estudiantes en espacios como las ciudades universitarias, auténticas ciudades dentro de las ciudades. En la Universidad de Antioquia, el período entre 1957 y 1968, más que contestación universitaria, es de incapacidad de perfilamiento de un proyecto universitario dada la circunscripción de la academia a la acción ideológica. Sin embargo, sí se profundizó y masificó la profesionalización académica y se constituyó una comunidad de estudiantes, configurando una contestación universitaria sin proyecto, que está a la base de la crisis permanente en que se encuentra el actual proyecto de Universidad, comoinvestigativa, profesionalizante y articulada a la dinámica empresarial, estatal y societal.Examinar los orígenes de esa contestación universitaria sin proyecto, en momentos en que no se ve claro el futuro del proyecto universitario, significa cuestionar un pasado por algunos idealizado y por otros anatemizado, poco estudiado. En este artículo se reseña el período comprendido entre las manifestaciones estudiantiles de 1957, que contribuyeron a derrocar a Rojas Pinilla, y la apertura de la ciudad universitaria en 1968.Palabras clave: contestación universitaria, movimiento estudiantil, comunidad de estudiantes, intelectuales, procesos culturales, cambio social, profesionalizaciónacadémica.

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Este artículo explora la posibilidad de hacer un uso más intenso y extenso de los instrumentos teóricos elaborados por el filósofo francés Michel Foucault en las facultades de Derecho nuestras. Para tal efecto se hace una categorización de la forma como los profesores de nuestras facultades asumen su tarea y se muestra que muchos de los obstáculos para una mirada foucoultiana del Derecho, tiene que ver con un obstáculo y con la no utilización de una posibilidad. El obstáculo es el pensamiento ontologista sobre el Derecho y porconsiguiente la casi inexistente lectura del Derecho en términos estratégicos.

En contraposición a la tradicional doctrina de la “situación irregular”, el modelo de la “protección integral” que orienta la nueva legislación sobre menores en Colombia parte de la consideración del niño y el adolescente como sujetos de derechos. Por ello la legitimidad de la intervención penal en este ámbito presupone la satisfacción de las garantías que la Constitución consagra para todas las personas. El presente trabajo destaca de manera sucinta los cambios que en esta materia supuso el paso del Código del Menor (Decreto 2737 de 1989) al Código de la Infancia y la Adolescencia (Ley 1098 de 2008).Palabras clave: Responsabilidad penal juvenil, ideología tutelar, protección integral, legislación, Código del Menor, Código de la Infancia y la Adolescencia, Derecho Penal.