Al analizar los tipos penales de fraude a subvenciones, exportación e importación ficticia y aplicación fraudulenta de crédito oficialmente regulado, encontramos que los tres tienen como finalidad castigar a las personas que obtienen ciertos beneficios económicos por parte del Estado, sin ser verdaderos merecedores de los mismos y que, con su actuar, obstruyen los objetivos que se propone el intervencionismo para el crecimiento de la economía nacional. De esta forma, se pretende demostrar la viabilidad jurídica de la unificación de los tres tipos penales, para que sean fusionados en uno solo —fraude a subvenciones— y, a la vez, proponemos que se realice el cambio de bien jurídico protegido que actualmente tiene, para que no aparezca en el título de los delitos que atentan contra la Administración pública y sí en el título que protege el bien jurídico: Orden económico social.

Se pretende determinar en esta investigación la eficacia de las normas antilavado en el departamento del Tolima en la década 2005-2015; se estudian las normas administrativas y penales dictadas en el país para combatir esta delincuencia; se exponen el número de Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) de los sectores financieros y real y el número de procesos encontrados por este delito en la región. Se propone como hipótesis conclusiva que la normatividad no es eficaz para contrarrestar esta delincuencia en la región.

El presente artículo pretende establecer la aplicación del marco normativo, administrativo y penal antilavado de activos, teniendo como ámbito espacialel departamento del Tolima y como marco temporal, el decenio 2005- 2015. Con este fin, se ha implementado la metodología cualitativa sobre la información normativa recopilada, así como mixta en relación con los demás datos provenientes de la Unidad de Información y Análisis Financiero(UIAF), el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) y del trabajo de campo en la jurisdicción penal de la región. Se cuentan como resultados la recopilación normativa en orden cronológico del ámbito administrativo y penal más relevante, descendiendo en el estado actual del  fenómeno bajo estudio; también se registra la información disponible hasta 2014 sobre el número de reportes de operaciones sospechosas (ROS) en el sector financiero y real por años, sin discriminación por departamentos ante la negativa de las entidades públicas para dar acceso a estos datos por considerar que los mismos son objeto de reserva. En el ámbito judicial del departamento se encontraron cinco procesos por lavado de activos enel periodo estudiado. Se propone entre las conclusiones que, ante la hipótesis de un marco normativo inoperante para combatir el lavado de activos en laregión, lo que arroja la investigación es la existencia de un marco jurídico sólido, pero al parecer, una escasa ocurrencia del fenómeno criminal. No es posible realizar estudios que incluyan variables más precisas, salvo que las entidades del Estado ofrezcan mayores datos por región, hasta ahora protegidos por reserva legal según se aduce.