El proceso de integración americana enfrenta los desafíos de conciliar la globalización, los localismos y los derechos específicos de diversos grupos que han emergido como sujetos internacionales tales como los pueblos indígenas y las mujeres.  Esto impone a los Estados un conjunto de obligaciones dirigidas a proteger contra las violaciones de los derechos humanos en especial a la función judicial que debe poner en ejercicio los estándares de derechos, normas y principios jurídicos garantizando “las condiciones de acceso efectivo a la justicia de las personas en condición de vulnerabilidad, sin discriminación alguna”1, En el caso de Gabriela Blas, una pastora aymara castigada por el sistema penal chileno, se evidenció la disputa y conflicto entre “la tradición jurídica occidental” y “la nueva dogmática jurídica” del ius americano por el respeto a las diferencias. El Estado faltando a su deber de debida diligencia y cuidado ignoró las construcciones internacionales en torno al género e interculturalidad, ambas recepcionadas en la dogmática y la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos como expresiones de un Estado democrático y culturalmente diverso; exigencias de una verdadera integración.