Los derechos sociales son un elemento medular de los derechos humanos, y su adopción, reconocimiento y protección varían de país en país. El presente trabajo expondrá un muy breve análisis comparativo entre la forma en que se conciben dichos derechos en los Estados Unidos de América y en México, a efecto de desentrañar el tema de la eficacia en su aplicación en cada país.

El escrito se centra principalmente, en establecer la principal figura de tenencia y explotación agraria en México, denominada ejido, la cual sufrió una transformación radical a raíz de la última gran reforma constitucional en materia agraria acaecida en 1992. Lo cual tuvo como consecuencia que esta figura agraria sufriera un cambio no solo jurídico, sino también filosófico. Al cambiar su finalidad y, su esencia social y reivindicativa, en los que las categorías de Modernidad y Capitalismo tuvieron importancia en cuanto a la mutación del paradigma agrario en el país. Esto se hizo con la finalidad de identificar plenamente la figura del ejido, para explicar su situación actual y, encontrar las causas de su estancamiento y declive en el panorama de producción agrícola y calidad de vida de los ejidatarios en México.  Permitiendo entender como desde la instauración del ejido, esta fue una figura impuesta en el país, para luego sufrir su transformación jurídica y filosófica, la cual tiene como consecuencia la situación actual que se vive en los ejidos en México.

La idea de gobierno al seno de un país implica necesariamente    el ejercicio del poder y para ello es menester contar con ciertos elementos para lograrlo. Históricamente el uso de las fuerzas armadas ha sido el sostén de muchos gobernantes en todo el mundo y en el caso de México no es la excepción. La publicación de la Ley de Seguridad Interior fue realizada con la intención de empoderar al presidente  de la República y a partir de ahí mantener la gobernabilidad a partir del uso de las fuerzas armadas en funciones de seguridad pública bajo el disfraz de la seguridad nacional, circunstancia que implicaría flagrantes violaciones a los derechos humanos de la población. Podemos señalar que los resultados que arrojó la investigación fueron el haber encontrado un patrón de conducta en los gobernantes, consistente en el uso y  abuso  de  las fuerzas armadas para el  mantenimiento  de  la gobernabilidad democrática del país; la ley contenía en su articulado sendas  expresiones  que dotaban de poderes extraordinarios al titular del Poder Ejecutivo, a efecto de llevar a cabo labores de seguridad pública mediante el uso de las fuerzas armadas, y que con la ley criticada, se pretendía legitimar el uso de las fuerzas armadas para asuntos de naturaleza civil, circunstancia que fue considerada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para efecto de declarar a la ley en comento como inconstitucional.

El objetivo central del presente artículo es precisar que la ciencia y la tecnología son elementos que contribuyen a la dignidad de las personas y, que la realización de ciertas acciones gubernamentales con relación a dichas materias, tiende a vulnerar derechos humanos, en virtud de no existir otros medios debidamente establecidos para atender dicho tópico. En este sentido, se debe precisar que en México, una de las principales vías de apoyo al desarrollo científico y la innovación tecnológica, por parte del gobierno, era a través de los fideicomisos públicos; sin embargo, la actual administración federal decidió ordenar la extinción de estos medios jurídico administrativos, argumentando la existencia de una gran corrupción, circunstancia que sin estar debidamente fundada, lo único que ha traído es la violación a los derechos humanos de la población, al no generar un esquema de seguridad jurídica para el pleno desarrollo científico y tecnológico en el país, circunstancia que se abordará con las herramientas del método inductivo, bajo un enfoque cualitativo de investigación.

El Tratado de Libre Comercio signado entre Canadá, Estados Unidos y México, firmado el 30 de noviembre de 2018, es un instrumento internacional que posibilita la captación de inversión extranjera para México, circunstancia que se traduce en la promoción del crecimiento y desarrollo económico. Este nuevo tratado comercial implica el cumplimiento de reglas específicas a efecto de generar certidumbre; sin embargo, la fallida reforma eléctrica que propuso el gobierno Mexicano, trastocaba el tratado internacional, particularmente en lo relacionado a las inversiones que desde la reforma eléctrica del año 2013, se han ido acumulando en el país, circunstancia que particularmente, terminaría violentando los derechos de protección al medio ambiente, así como el de competencia y libre concurrencia amparados por la Constitución. En esencia, se trata de un trabajo que mediante el método inductivo y, un enfoque de investigación cualitativo, comparará el Capítulo 14 del T-MEC con la pretendida reforma eléctrica propuesta por el Poder Ejecutivo y, en donde, se mostrará la falta de visión jurídica en la elaboración de una iniciativa, que a todas luces resultaba violatoria de derechos humanos y que hubiera afectado sensiblemente las relaciones comerciales entre México, Estados Unidos y Canadá, pero también con otros muchos países con inversiones semejantes en el mercado nacional.