El derecho disciplinario atraviesa, en la actualidad, uno de sus momentos cúspide. El desarrollo de la dogmática disciplinaria ha incentivado el estudio pormenorizado de los aspectos que integran esta rama del derecho. Al mismo tiempo, y en virtud del impacto social que la sanción disciplinaria ha alcanzado, los asuntos procesales del derecho disciplinario se han abordado desde visiones garantistas y respetuosas de los derechos del investigado. Resulta necesario aportar, a esas discusiones procesales, lo relativo a la posibilidad que existe de que la autoridad disciplinaria aplique el control de convencionalidad en el proceso disciplinario, en aras de salvaguardar derechos de los sujetos procesales.

Los conflictos de competencia, dentro de modelo de Estado que adoptó Colombia, se han convertido en un asunto de no poca importancia. Diariamente los jueces se encuentran ante situaciones que, por las particularidades del caso, pueden llevarlos a plantearse la duda de si son competentes para conocer tal proceso, o si no lo son. En asuntos relacionados con la Seguridad Social, los jueces han encontrado una singularísima situación, tratándose de servidores públicos, debido a que, en razón de la organización de la justicia en Colombia, tanto la Jurisdicción Ordinaria –en su especialidad laboral- como la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, podrían, eventualmente, ser competentes para conocer de este tipo de procesos, dependiendo de cada caso en concreto.

En un Estado de derecho moderno, la detención preventiva se postula como la garantía de un proceso penal con presencia del imputado. Sin embargo, tal circunstancia deviene en una restricción al derecho fundamental de la libertad, razón por la cual adquiere una relevancia significativa, más aún si se tiene en cuenta que el imputado a quien se le restringe su derecho a la libertad se presume inocente en tanto no se declare su culpabilidad mediante sentencia judicial en firme. En Colombia, los intervinientes en el proceso penal deben tener especial cuidado en solicitar y aplicar la medida de detención preventiva, bajo la égida de que la misma debe ser la excepcionalidad; así, las causales para imponer esta medida deben ser estudiadas cuidadosamente, a la luz de los tratados internacionales y del derecho interno, en especial aquella denominada “peligro para la comunidad”, toda vez que la misma vulnera no solo la presunción de inocencia del imputado sino el principio del acto o derecho penal de acto.