El presente trabajo de investigación tiene un enfoque a partir de la seguridad democrática vinculada al tema de recompensas y el pago de bonificaciones a los desmovilizados. Referir al mismo en un marco de las recompensas nacionales cuyo fin motiva la entrega o denuncia a connacionales, lo que implica una tensión de ser negativa dentro de un Estado Social de Derecho o un deber del Estado por proteger a la sociedad, del flagelo del narcotráfico, la delincuencia común, delincuencia organizada, por así decirlo. En otras palabras, se tiene que la aplicación de la recompensa conlleva una incongruencia de orden filosófico social y jurídico, en un Estado Social de Derecho como el que se predica en Colombia, no obstante los principios constitucionales consagrar postulados de una democracia participativa, donde el individuo debe acudir a los tribunales en cumplimiento de las garantías procesales y el respeto a su dignidad humana, y negarse a ser un objeto que tiene un valor de recompensa ante la administración de justicia, en que la procura de dichos incentivos lleva a errores que quebrantan el debido proceso. Lo dicho permite trazar un objetivo generalen determinar hasta qué punto las recompensas son incongruentes con el Estado Social de Derecho, en particular con el colombiano, desde una perspectiva filosófica, jurídica y social; y cuáles son los alcances de ello en cuanto al estímulo económico, garantía política y/o de seguridad por parte del Estado. Finalmente decir que su estudio comprende una visión desde lo constitucional como legal en un contexto de jurisprudencia y doctrina de orden nacional e internacional.

El problema que suscita el interés de la presente investigación tiene un eje particular: El choque entre la visión de mundo de una mayoría con la visión de mundo de una minoría. Suscitada por los límites impuestos por una cosmovisión mayoritaria representada por la dogmática de los Derechos Humanos, conquista de la cultura occidental, la cual ha sido aceptada de manera global, por la gran mayoría de los países del planeta. La otra cosmovisión, la “minoritaria”, es la que se encuentra representada por el Derecho Propio de los pueblos indígenas. Las tensiones suscitadas entre estas dos visiones del derecho emergen por los límites establecidos por la constitución y la ley a la autonomía jurisdiccional de los pueblos indígenas. En la presente investigación de desarrollo un análisis de las algunas sentencias proferidas por la Corte Constitucional donde se evidencia este tipo de tensiones. Para complementar la descripción del problema, se realizó un trabajo de campo en tres comunidades de la Guajira, con el objetivo de tener un acercamiento a sus normas de control social y evidenciar cómo estas en alguna forma traspasan los límites establecidos por los derechos fundamentales consagrados en la Constitución política de 1991. Como objetivo general se propuso determinar los conflictos existentes entre los postulados de los Derechos Humanos con las tradiciones jurídicas de las comunidades indígenas bajo un análisis jurisprudencial. Para hacer realizable el propósito de la investigación, fue necesario plantear los siguientes objetivos específicos: la realización de un análisis jurisprudencial acerca de las decisiones de las comunidades indígenas que vulneran o no derechos fundamentales; aunado a la elaboración de un trabajo de campo en la comunidad indígena Wayuu, en las rancherías La Loma, Irrachón y Palashimana, a fin de determinar la aplicación de su derecho propio dentro de su territorio. Respecto a la metodología empleada, inicialmente se parte de una recopilación documental basada en teorías y jurisprudencias para puntualizar en la casuística propuesta en el trabajo de campo en las poblaciones indígenas y así, establecer las tensiones que surgen entre la justicia ordinaria y el derecho propio indígena, en el estudio jurisprudencial y en el trabajo de campo.

Tomando una de las hipótesis planteadas por Paulo Freire en el sentido de que es necesario aplicar políticas a la actividad docencial para efectos de buscar un mejoramiento en la calidad de los profesores, los investigadores parten de dos supuestos, el primero, la necesidad de dar una nueva mirada hacia la formación de docentes en las ciencias jurídicas en el marco de la calidad que exige la sociedad globalizadora, y el segundo (y este es el marco del trabajo efectuado), de que la formación y capacitación de los docentes de Derecho en el área pedagógica no ha incidido en el mejoramiento de la calidad en la formación de abogados, lo cual es a la vez fundamento al interrogante ¿cuál es la incidencia que tiene en la formación de abogados la preparación y capacitación de los docentes de derecho en el área pedagógica? Con base en lo anterior, se llevó a cabo una investigación entre cuyos resultados resaltan como aspectos relevantes: Existencia de un modelo pedagógico para la enseñanza del Derecho; aplicabilidad de estrategias pedagógicas participativas como herramienta en la enseñanza del Derecho; perfil del docente que se requiere para la enseñanza del Derecho; utilidad de los programas de pedagogía y la incidencia en el trabajo académico de los docentes de Derecho e interés de las instituciones para la preparación en docencia de sus profesores.

Referirse a los estamentos Corte Penal Internacional, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y Corte Interamericana de Derechos Humanos, conlleva la inspiración de la carta política colombiana de 1991, donde se incorporan derechos fundamentales, económicos, sociales y culturales, a los que se suman los de carácter colectivo y del ambiente; teniéndose asimismo la necesidad de contar con la posibilidad de la realización del “bloque de constitucionalidad”, que implica la materialización de los tratados internacionales de Derechos Humanos, ratificados por el Estado colombiano. No se pretende aquí un ejercicio erudito sino más bien encaminado a sentar una base que oriente su sentido y operatividad, para una lectura de casos conocidos ante dichas instancias, en que se han vulnerado los derechos humanos de los colombianos, en el ejercicio de la administración de justicia por acción u omisión del ejercicio procesal penal en su debida forma legal, presentando bibliografía de la red para tales fines.

El presente artículo constituye una síntesis de la relación entre derecho y sociedad en que se pretende llegar a la mediación de los autores colombianos en la construcción de la sociología jurídica en que el derecho aparece como un elemento de cultura, en que los interesados en hacer sociología del derecho proceden de las facultades de derecho. Lo anterior implica estudiar fenómenos sociales a través de la ideología y la observación sin perder los lineamientos que en ella dibuja lo jurídico a partir de la norma y la realidad, es decir, llegar a un redescubrimiento de la sociología del derecho nacional sin perder los espacios de la globalidad. Por tanto, es necesario realizar un estudio de la sociología del derecho en Colombia en que se sea incluyente las relaciones de las personas y de los Estados y de estos entre sí como sujetos de derecho; de igual forma entender que dicha ciencia no ha desplegado grandes avances, sino que poco a poco ha ido incluyendo a la sociedad bajo los conceptos de pluralismo como destinatarios del derecho. Durante las dos últimas décadas se han hecho importantes estudios de orden sociojurídico y ello gracias a que la constitución política de 1991 consagró al Estado colombiano como un Estado Social de Derecho, se reconocieron y se incluyeron las diferentes etnias, lenguas, costumbres, grupos denominados como minorías, abarcando entonces todos los modelos sociales y culturales existentes dejando la puerta abierta para que se hicieran estudios y diagnósticos de tipo sociojurídico. Ahora bien, al descender en el objeto de estudio, en este caso el redescubrimiento de la sociología jurídica a través de autores colombianos se encuentran que los estudiosos y autores aún están en proceso de crear ya que esta ciencia siempre había sido estudiada bajo la óptica de autores y pensadores extranjeros y tan solo durante los últimos veinte años es que autores colombianos han empezado a plantear la sociología del derecho en Colombia y para Colombia. Lo anterior se ha venido dando gracias a que la sociedad crea derecho y Colombia no es la excepción; entonces, ello ha despertado el interés de autores locales que han pretendido describir y estudiar la sociología del derecho desde el interior de la sociedad colombiana y el derecho vigente en Colombia. Finalmente es importante recabar que el estudio se enfoca en analizar cómo ha evolucionado la sociología del derecho en Colombia, cuáles son los lineamientos que siguen los autores y hacer una comparación con autores internacionales que permitan diagnosticar el punto en que se encuentra la sociología jurídica como ciencia y hacia donde se dirigen las tendencias que marcan la pauta en los estudios relacionados con el tema en el país.

Con la creación de la Corte Penal Internacional se suscitó en la Comisión de Derecho, representante de los países que suscribieron el Tratado de Roma, una inquietud relacionada con la contraposición entre soberanía estatal y jurisdicción del Alto Tribunal. Al respecto del tema de soberanía, doctos como Laclau y Salmón Gárate manifestaron que esta debería ser cuestionada y relativizada ante el avance de los tiempos (globalización) y el concepto de supranacionalidad que tiene como uno de sus puntos más álgidos la internacionalización del delito en especial en lo que corresponde a la violación de los derechos humanos. El interrogante de cómo conciliar los conceptos de soberanía y jurisdicción ha encontrado como fórmula transitoria el de la salvaguarda por los Estados, pero dicha alternativa tiene sus debilidades, dada su misma transitoriedad.