El enunciado constitucional del Estado Social de Derecho implica el adelantamiento de acciones administrativas en pro de su efectiva concreción. En ese sentido, una herramienta la constituyen los planes de desarrollo, tanto en el ámbito nacional como en el territorial. Para los estudiosos de la administración y el gasto públicos resulta importante poder establecer la contribución que el instrumento de planeación ha tenido para hacer efectivo ese enunciado del Estado Social. En virtud de ese interés, el presente escrito efectúa una incursión en ese campo, al tomar los resultados de un estudio de caso referido a la ciudad de Bogotá, que comprende el período de ejecución de los planes de desarrollo entre  1995 y 2004, para presentar en este artículo el panorama social del Distrito Capital en los años de comienzo y final del período analizado y exponer los argumentos sobre el impacto de la formulación y ejecución de los planes de desarrollo en el cambio de la situación social de sus habitantes  durante  ese período.

El presente artículo, al emplear como método las categorías del análisis económico del derecho, busca identificar las causas que impidieron que con la normatividad anterior (Ley 333 de 1996) se produjeran los resultados esperados en la administración de los bienes incautados, para que éstos fueran productivos y generadores de empleo, y propone algunas soluciones para los problemas que no fueron completamente atendidos por el nuevo marco regulatorio (leyes 785 y 793 de 2002), con el fin de propiciar los ajustes institucionales y legales que faciliten  el cumplimiento  del objetivo primeramente  señalado.

Una de las características distintivas del sistema constitucional adoptado en 1991 es el desarrollo de mecanismos de control al ejercicio de la autoridad, uno de los cuales es el control fiscal, que bajo un tratamiento normativo diferente del vigente hasta entonces, se orienta a la preservación de los recursos públicos y a su aplicación a los fines esenciales del Estado. Dentro del nuevo esquema constitucional del control fiscal, su objeto de vigilancia lo constituye la gestión fiscal, cuyo ejercicio inadecuado, lesivo del erario, da lugar a la deducción de la consecuente responsabilidad patrimonial por parte de las contralorías.Ante la ausencia de desarrollo legal dada la precariedad de la regulación procesal contenida en la Ley 42 de 1993, la evolución conceptual al respecto fue asumida por las altas cortes hasta la expedición de la Ley 610 de 2000.Sin embargo, la demora en la expedición del estatuto legal que desarrollara integralmente el ejercicio de esta atribución de las contralorías, impide efectuar un juicio sobre las bondades o las fallas de la existencia y aplicación de esta institución jurídica de estirpe constitucional. 

El cambio en las características de la delincuencia, del derecho penal clásico al derecho penal de la globalización, ha llevado también a un cambio en la res­ puesta institucional para confrontarla; en ese orden de ideas, más que en la restricción de la libertad individual, el énfasis se ha puesto en la persecución de los beneficios patrimoniales obtenidos a través de la actividad delictiva. Ello ha llevado a recuperar y redimensionar la figura del comiso, para cuya eficacia ha sido menester acudir a su instrumentación cautelar. De esta última se ocupa el presente artículo, al examinar el régimen colombiano obre la materia, contrastarlo con el del derecho español, y evaluar su eficacia como herramienta de política criminal del Estado.

El principio de unidad de materia legislativa es uno de los ejes fundamentales del proceso de formación de la ley, y su observancia constituye un parámetro para la determinación jurisdiccional de la validez jurídica, en la medida en que, de una parte, se verifique la existencia de coherencia y armonía en el producto normativo por la conexidad entre sus partes, y de otra parte, a partir del cumplimiento de ese mínimo, se respete la libertad de configuración del Congreso en razón de la legitimidad democrática de la cual está investido para ejercer su función legislativa.

El presente artículo expone un diseño metodológico desarrollado para medir la eficacia de los mecanismos judiciales de protección de los derechos de los usuarios de aquellas actividades sujetas a la intervención del Estado en la economía, cuyo régimen jurídico se ha adaptado al modelo regulatorio, en buena medida como receptor de la influencia de la globalización jurídica en esta materia. Además se ilustra el empleo de la metodología propuesta con los resultados de su aplicación al sector transporte.

El artículo muestra, desde una faceta específica, una evidencia concreta de la constitucionalización del derecho administrativo colombiano. Para ello expone de manera sistemática la jurisprudencia de la Corte Constitucional colombiana sobre la procedencia de la tutela como mecanismo de protección de los derechos fundamentales frente a su vulneración por la expedición de actos administrativos. El análisis efectuado llevó a identificar dos categorías de decisiones (i) la improcedencia de la tutela como regla general y (ii) la procedencia excepcional en tres tipos de casos: la causación de un perjuicio irremediable y su otorgamiento como mecanismo transitorio de protección del derecho, la causación de un perjuicio irremediable y su otorgamiento como mecanismo definitivo de protección del derecho y el otorgamiento de la tutela por ineficacia del medio ordinario de control.

La Constitución colombiana de 1991 no opta por un modelo definido de administración pública ni regula sistemáticamente la materia, a pesar de la profusión normativa de su texto. Por el contrario, del conjunto del articulado se deduce un sincretismo involuntario que abarca prescripciones normativas del modelo burocrático y la gerencia pública, y anticipa algunos de los elementos de la gobernanza.

Este artículo presenta los resultados de la investigación adelantada con el objeto de establecer la dimensión y causalidad del fenómeno de la congestión en la jurisdicción administrativa en el ámbito regional, entendiendo por tal la cobertura de los juzgados administrativos del circuito y los tribunales administrativos localizados fuera del Distrito Capital, para, a partir del conocimiento de la magnitud de la problemática, proponer alternativas de solución a las instancias estatales competentes. 

La concepción  que se tenga  del Estado  determina  su régimen  jurídico,  especialmente en cuanto tiene que ver con la actividad y estructura de la Administración, de manera que, además de su actualcomplejidad, el cambio de paradigma del Estado intervencionista al Estado regulador ha implicado que el ordenamiento jurídico de actuación y organización  de los entes estatales,  particularmente de la rama ejecutiva, se haya tenido que venir ajustando a ese nuevo modelo de Estado, proceso de cambio cuyo contenido y alcance ha sido determinado por las tendencias contemporáneas que lo orientan.La más connotada de esas tendencias es la denominada "huida del derecho administrativo", cuya implementación ha venido operan­ do mediante la adopción directa del derecho privado a la actividad y estructura de la administración pública o a través de la introducción de elementos del derecho privado dentro de las formas institucionales del derecho público, ya sea atendiendo a la naturaleza de la actividad o a la estructura del órgano que la lleva a cabo.Teniendo en cuenta que el objeto de estudio del Derecho Administrativo lo constituye entonces en buena medida la regulación de la actividad y estructura de la Administración, en este artículo se hace un análisis de  la manera en que a través de la tendencia antes mencionada se han pretendido adecuar los contenidos de esa disciplina jurídica al cambio del modelo de Estado imperante y de los riesgos que ese proceso de adecuación entraña.

El artículo parte del concepto de seguridad jurídica  y su correlación con las medidas cautelares, para introducirse luego en la especificidad de la tutela cautelar judicial en el proceso contencioso administrativo, mostrar su insuficiencia como mecanismo de protección de los derechos de los accionantes y proponer una solución que considera los aportes efectuados desde el derecho comparado.