Los mecanismos alternativos de solución de conflictos concebidos como una estrategia para propiciar el derecho efectivo de acceso a la justicia forman parte de las denominadas olas de justicia que, como expresión de las diversas medidas que buscan la tutela judicial efectiva en el Estado social de derecho, han sido incorporadas de manera paulatina en nuestro ordenamiento jurídico colombiano. No obstante, no se ha dimensionado el importante papel que cumplen dentro de la justicia informal, aun cuando en el marco del postconflicto adquieren gran importancia, por virtud de los efectos de los procesos de negociación adelantados en Colombia, como otra forma civilizada de resolver los conflictos.

Una de las grandes preocupaciones del Derecho Procesal ha sido el tratamiento que debe dársele a la institución de las nulidades en el ámbito del proceso cuando quiera que estas afectan de manera particular los diversos actos que en el curso de la actuación se ventilan. De esa situación no es ajena la prueba, dado que constituye el acto de mayor importancia en la actuación, de tal manera que requiere una particular atención la forma en que se regula el tema de la nulidad y el efecto procesal que le sigue a dichas irregularidades.Este último aspecto, en nuestro sistema jurídico colombiano adquirió particular interés, con.la incorporación del inciso final en el artículo 29, pilar fundamental del debido proceso y por ello se busca realizar análisis, para verificar la forma en que opera el mecanismo de exclusión tanto para el caso de las pruebas principales afectadas de nulidad, como también de aquellas pruebas derivadas de la principal, que devienen en ilícitas. 

Una de las críticas que se le ha  formulado  a  la  manera  como está estructurado el proceso civil colombiano ha sido la exagerada morosidad que caracteriza a la actuación, entre otras cosas, determinada por el uso exagerado que, de la escritura, en ellos se hace. En este sentido, se ha afirmado a su vez, que este tipo de demoras incide   de   manera   negativa   en   las   aspiraciones   de   los  sujetos procesales para obtener una decisión favorable a sus intereses, puesto que la tutela judicial efectiva debe responder a la perentoriedad que se espera en relación con la resolución del conflicto, por cuanto que la duración razonable del proceso debe ser consecuente con el derecho fundamental de acceso a la justicia. Pues bien, para lograr la tan anhelada celeridad procesal se han adoptado reformas procesales todas ellas orientadas a sincronizar el proceso civil a la nueva realidad, y en Colombia  se evidenció a través de la inserción de la oralidad como principio rector de la actuación a través de un modelo por audiencias con marcada tendencia a la oralidad.