El presente ensayo muestra de manera sucinta como las bandas de crimen organizado (BACRIM) o ahora como se les llama Grupos Armados Organizados (GAO) dejando como ejemplo el “Clan USUAGA”, son actores participes del conflicto armado en Colombia y a diferencia de las guerrillas tradicionales (FARC y ELN), no se oponen al Estado, salvo cuando este último interfiere con sus actividades criminales, disputándose militarmente el poder local y  regional a las guerrillas, mientras ejercían simultáneamente las conductas delictivas propias de su razón de ser criminal y la posibilidad de ser sujetos del Derecho Internacional Humanitario (DIH).

El presente artículo muestra en su primera parte cómo, desde los orígenes del país, han existido movimientos irregulares armados como consecuencia de la violencia endémica que ha afrontado Colombia desde su independencia, y las transformaciones que estos han tenido en su historia, hasta convertirse en las guerrillas cuyo objetivo se orientaba hacia la toma del poder por la vía de las armas. Así mismo, se reseña la evolución de las organizaciones criminales denominadas BACRIM, como derivación de las autodefensas transformadas posteriormente en paramilitares, luego de los procesos asumidos de la Ley de Justicia y Paz del 2006, que facilitó su desmovilización, y las bases jurídicas y políticas que las originaron y favorecieron su desarrollo, posibilitando que se convirtieran en movimientos armados partícipes del conflicto interno colombiano, disputándoles militarmente el poder local y regional a las organizaciones guerrilleras, mientras ejercían simultáneamente las conductas delictivas que subyacían en su razón de ser criminal. En este contexto, y en la medida en que paralelamente con el Estado las BACRIM combatían a los movimientos subversivos, consideraron que sus actuaciones tenían una finalidad política, por lo tanto se les analiza como posibles agentes susceptibles de ser sujetos del Derecho Internacional Humanitario (DIH), en tanto grupos armados generadores y partícipes de conflictos armados internos (CANI), buscando determinar si  cumplen con los parámetros establecidos por la  Cruz Roja Internacional (CICR), y las consecuencias políticas y legales de dicha valoración.

El presente ensayo muestra de manera sucinta las dinámicas derivadas del conflicto interno armado en Colombia y el valor estratégico de la economía ilegal donde cada día se incrementa el número de niños, niñas y adolescentes (NNA) que son utilizados por grupos armados al margen de la ley para trabajos propios de inteligencia, remesas, servidumbre sexual, fabricación e instalación de minas antipersonales, entre otras. El Tratado de Paz firmado en 2016 por el Estado colombiano y la guerrilla de las FARC, permitió una reducción en el reclutamiento de NNA; sin embargo, el aumento de las disidencias de las ex–FARC y los Grupos Armados Organizados (GAO) que hacen presencia en el territorio nacional, han vuelto a utilizar el reclutamiento como política interna para ensanchar las filas de combatientes y su accionar delictivo aun cuando el Derecho Internacional Humanitario (DIH), la jurisprudencia nacional e internacional lo prohíben. La metodología empleada en esta investigación académica es descriptiva con enfoque cualitativo, en el cual se enuncia la normatividad y jurisprudencia internacional enmarcada en el Derecho Internacional Humanitario de los conflictos armados y la declaración Universal de los Derechos Humanos, pretendiendo realizar una radiografía sobre el fenómeno del reclutamiento de NNA en Colombia, siendo este un documento insumo de consulta en el estudio y consecución de investigaciones de índole social, donde se abordan fenómenos sociales.