La extinción de dominio agraria, en virtud de la Función Social de la Propiedad, es una herramienta jurídica propia del sistema de derecho colombiano que produce la terminación del dominio de un predio por las causales establecidas en el artículo 1 de la Ley 200 de 1936 (Ley de Tierras), quedando este predio a favor de la Nación, de acuerdo con el artículo 6 de la mencionada ley. Su fundamento se basa en la reforma agraria que Colombia lleva clamando desde hace más de 100 años. Pues evidente que la concentración de tierra y la marginación de los campesinos más pobres sigue siendo una problemática vigente en el país, ya que “el 1 % de las fincas de mayor tamaño tienen en su poder el 81% de la tierra colombiana”. Por esta razón, el siguiente documento nace del Proyecto Integrador de Semestre (PIS) que desarrollaron los estudiantes de segundo semestre de Derecho de la Fundación Universitaria del Área Andina, sede Pereira, con el fin de que logren desarrollar habilidades investigativas y argumentativas e integren los conocimientos adquiridos en las materias de Sociología Jurídica y Civil Bienes. Por lo tanto, mediante este trabajo se realizará un recuento normativo sobre la figura de extinción de dominio agraria y los aspectos sociológicos que han marcado este fenómeno jurídico en Colombia desde 1936.

La globalización, los avances tecnológicos y, en general, el dinamismo que ha tomado la economía y los diferentes productos comerciales han inducido a que el consumismo y capitalismo crezcan cada día más, presentando la necesidad de que esto se vea regulado por parte del Estado. En Colombia, la regulación inició desde 1982 mediante el Decreto 3466 y se ha reforzado mediante el Artículo 78 de la Constitución Política de 1991 y a Ley 1480 de 2011, en las cuales se ha fortalecido la protección al consumidor exigiéndole a las empresas productoras y comercializadoras que brinde información clara y concisa sobre la calidad, el precio, la idoneidad, además, de los riesgos que puedan tener estos productos y servicios al consumirlos, manipularlos o hacer uso de ellos. Aunque actualmente rige la Ley 1480 de 2011, con el soporte constitucional en el artículo 78 de la Carta Magna, se han presentado diferentes inconformidades e inquietudes sobre estas regulaciones que han provocado que la Corte Constitucional se pronuncie para dar claridad y establecer criterios para que diferentes jueces actúen de la misma manera. Mediante este trabajo, los autores buscan determinar cuál ha sido la posición de la Corte Constitucional sobre la afectación y protección del derecho a la salud por falta de información en productos comerciales, realizando una línea jurisprudencial sobre dichos pronunciamientos, según la metodología presentada por el doctor Diego Eduardo López Medina.