En Colombia, la dimensión ecológica de la Constitución Política de 1991 se traduce en mandatos al Estado y los particulares, complementados por una vasta legislación ambiental, clara en definir prioridades en los usos del agua, así como la prevalencia de los derechos constitucionales de los habitantes de una región sobre la disposición de este recurso vital para fines económicos. En Caldas, durante la construcción del túnel de uno de los trasvases que conforman un gran proyecto de generación de energía, se produjeron diversos impactos “no previstos” que causaron graves afectaciones en diferentes cuerpos de agua superficiales (22 quebradas afectadas) y vulneración de los derechos colectivos de los habitantes del corregimiento Berlín en Samaná (Caldas). El presente artículo pretende contribuir a la necesaria reflexión que desde el Derecho Ambiental debe hacerse en torno a la construcción de megaproyectos hidroeléctricos en Colombia, mediante la descripción de los daños causados, los derechos vulnerados y la actuación de la autoridad ambiental competente frente a un caso emblemático: el trasvase del río Manso al embalse de la Central Miel I.