Este ensayo constituye un diagnóstico alrededor de la decisión adoptada por la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de cerrar el examen preliminar más extenso de su historia.  Así, plantea consideraciones sobre la política criminal de este organismo y las repercusiones y expectativas de tal determinación de acuerdo con el contexto colombiano. Para ello, parte por caracterizar el examen preliminar adelantado por 17 años; luego, valora la incidencia de su cierre; y finalmente, estudia las condiciones actuales de la situación de derechos humanos en Colombia y la capacidad institucional para hacerle frente de cara al papel de la Fiscalía de la Corte.  De esta manera identifica las siguientes reflexiones: (i) la necesidad de delimitar las etapas de los exámenes preliminares; (ii) que la decisión de cerrar el examen preliminar en Colombia tuvo (y tendrá) más efectos políticos que prácticos en virtud de la complementariedad positiva; y (iii) los crímenes cometidos luego de la firma del Acuerdo Final de Paz entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia – Ejército del Pueblo (FARC-EP) constituyen una preocupación latente a la luz de los fines que persigue el Estatuto de Roma.