La ley aplicable al contrato internacional de distribución en la Unión Europea presentó muchas dificultades bajo la aplicación del Convenio de Roma de 1980, pues esta norma jurídica uniforme requería, para establecer la ley aplicable al contrato internacional, identificar la prestación característica de esa relación jurídica. La prestación característica del contrato de distribución no pudo ser determinada de manera uniforme, pues unos tribunales de los Estados parte entendían que la llevaba a cabo el distribuidor; otros sostenían que era el concedente de las mercancías; mientras que otros consideraban que a este contrato no podía establecérsele una prestación característica. El Reglamento Roma I de la Unión Europea ha hecho importantes modificaciones en cuanto a la determinación de la ley aplicable a este contrato, pues ha establecido de manera rígida y directa, que a esta relación jurídica le sea aplicable la ley de la residencia habitual del distribuidor. El presente artículo pretende analizar si la determinación rígida de la ley aplicable al contrato de distribución en el Reglamento de la Unión Europea Roma I logra solucionar los problemas interpretativos presentados en el Convenio de Roma de 1980, para otorgar seguridad jurídica mediante la previsibilidad de la ley aplicable al contrato internacional.

Teniendo en cuenta que el proceso de restitución de tierras despojadas o abandonadas, regulado por la Ley 1448 de 2011, busca ubicar a la víctima en el mismo estado en que se encontraba antes de la situación que lo separó material y jurídicamente de sus bienes, se hace indispensable para el juez, a la hora de establecer la medida de protección, determinar el vínculo jurídico que ostentaba la víctima sobre el predio y las causas que produjeron el despojo o abandono de la tierra. De acuerdo con esto, el propósito de este trabajo es identificar cuáles han sido los principales derechos y vínculos jurídicos vulnerados a la población como consecuencia del conflicto armado interno, e indagar los motivos y modalidades que lo produjeron. Para esto se hará un análisis cuantitativo descriptivo de sentencias emitidas por los jueces y tribunales especializados en restitución de tierras.

El Convenio de Roma de 1980 fue durante más de dos décadas el cuerpo jurídico que unificó las disposiciones sobre la ley aplicable a los contratos internacionales en la Unión Europea. Dicho instrumento legal supuso una revolución en cuanto a la uniformidad de las normas de Derecho internacional Privado, pues cualquier juez de un Estado parte aplicaba la misma norma de conflicto para establecer la lex contractus, lo que incrementaba la seguridad jurídica al disminuir el forum shopping. Sin embargo, las disposiciones sobre la ley aplicable al contrato en defecto de elección de parte (Art. 4 Convenio de Roma) no fueron interpretadas de manera uniforme por la doctrina jurídica, ni por la abundante jurisprudencia de los tribunales de los Estados parte. Con la transformación del Convenio de Roma en un instrumento de la Unión Europea “Reglamento Roma I”, se aprovechó para incluir cambios en el Art. 4 buscando solucionar los múltiples problemas de su antecesor, con el fin de alcanzar un elevado nivel de seguridad jurídica. El presente artículo pretende analizar las innovaciones incluidas al precepto estableciendo un paralelo entre el Art. 4 Convenio de Roma y el Art. 4 Reglamento Roma I.