Hoy, cuando hablamos de Estados cosntitucionales y democráticos de Derecho, como parámetros de garantismo y civilidad, se alza la Constitución como el gran referente de validez y justicia normativa y el control de constitucionalidad como el mecanismo para hacer efectivas estas garantías.Varios son los modelos de control de constitucionalidad y muchos los procesos para hacer efectiva la supremacía constitucional sobre el resto del ordenamiento jurídico, su estudio se hace importante y su conceptualización una necesidad.

La acción ciudadana de inconstitucionalidad está próxima a cumplir 100 años de vigencia en Colombia. Significa que en nuestro país estábamos haciendo control de constitucionalidad abstracto, 10 años antes de que se creara el Tribunal Constitucional Austriaco y 19 años antes de que Kelsen propuesiera su teoría del legislador negativo. Es estos dos últimos hechos mucho se ha dicho a nivel internacional, pero no se ha reconocido al constitucionalismo colombiano como pionero en este tipo de control.Desde los inicios de nuestro constitucionalismo, han existido mecanismos de participación directa de los ciudadanos frente a actos emanados de los poderes públicos, los cuales se han fortalecido o debilitado según el momento histórico por que atravesemsos. A diferencia de Europa en donde históricamente el control político no es realizado por los ciudadanos sino por sus representantes.La ortodoxia del viejo continente no acepta la acción ciudadana de inconstitucionalidad como un mecanismo válido para evitar el abuso de poder, con el argumento del colapso del tribunal constitucional, pero en América, especialmente frente al híperpresidencialismo, esta figura se alza como herramienta de protección de las minorías e individuos frente al poder de súper presidentes y la complicidad de parlamentos títeres. 

El artículo 4° de la Constitución Política colombiana prevé la posibilidad de inaplicar cualquier norma de rango inferior por ser contraria al texto constitucional, pero después de 16 años de vigencia de nuestra Carta Magna, poco se ha hecho uso de la figura, en parte por desconocimiento de la misma, en parte por el temor de los jueces al prevaricato, queda mucho en Colombia de aquel culto ciego a la ley y se requieren mecanismos que permitan hacer uso de la excepción de inaplicación constitucional en condiciones de seguridad jurídica.

Frente a la autoridad encargada de realizar el control de constitucionalidad, en el contexto internacional existen dos grandes modelos: el difuso en cabeza de los jueces y el concentrado a cargo del tribunal constitucional. El sistema colombiano recoge elementos de ambos, estableciendo un modelo ecléctico, confuso e inseguro, que ha facilitado la evasión del control de constitucionalidad efectivo.