El artículo analiza la llamada Constitucionalización del Derecho Financiero en Colombia, buscando responder a la pregunta: ¿El Derecho Financiero en el régimen de Derecho Colombiano está constitucionalizado? A partir de esta inquietud se formula una correlativa: ¿Cuáles son los efectos e implicaciones de dicha Constitucionalización? Se responde que con la entrada en vigencia de la Constitución Colombiana de 1991, evidentemente el Derecho Financiero se constitucionalizó a tal grado, que además de ser considerada la actividad como de servicio público, es claro que las entidades financieras actúan en ejercicio de una autorización del Estado para cumplir uno de sus fines, el cual es el de la prestación de los servicios públicos, por lo cual gozan de algunas prerrogativas propias de la actividad, pero igualmente se obligan a cumplir condiciones mínimas de derechos de los usuarios, que restringe cabalmente su ejercicio.

El trabajo, a partir de la distinción entre reglas y principios como estructuras normativas vigentes en el sistema jurídico colombiano, que operan con hermenéuticas diversas, construye un mapa confiable de los pronunciamientos constitucionales, emitidos por la Corte Constitucional colombiana, y que originalmente aparecían dentro del.sistema jurídico colombiano como Principios Generales del Derecho Privado no escrito, pero incorporados como fuente final de cierre del sistema aplicado con base en la Ley 153 de 1887; posteriormente positivisados por el Decreto 410 de 1971, nuevo Código de Comercio. El trabajo distingue los conceptos de Principio General del Derecho y regla jurídica positiva. Establece un concepto de los llamados Principios Generales del Derecho, a la luz de la Constitución de 1991, partiendo de los antecedentes doctrinales jurisprudenciales y normativos positivos que universalmente dieron origen a la figura. El trabajo pretende demostrar que la diferencia de paradigma argumentativo entre la Corte Suprema de Justicia, Sala Civil, y la Corte Constitucional, pasa por el hecho de que la Corte Suprema de Justicia, así como buena parte de los operadores jurídicos de Derecho Privado en Colombia, no distinguen entre una hermenéutica de reglas y una hermenéutica de principios. Esto ocurre porque la Corte Suprema defiende un positivismo, o si se quiere un literalismo recalcitrante, en apariencia generador de seguridad jurídica, que mira los PGD como normas jurídicas bajo la óptica de reglas de Derecho, que se interpretan en su sentir por la vía del silogismo lógico-formal, olvidando que la naturaleza de estas normas al ser estándares o guías generales, no admite tal hermenéutica, ya que los PGD deben interpretarse con lógicas no monotónicas, es decir, el silogismo práctico. El autor efectúa una comparación entre el tratamiento que la doctrina, los jueces y operadores jurídicos, en general, de derecho privado, han hecho de los PGD, confrontándola con.la interpretación y uso que la Corte Constitucional le ha dado a dichos principios, estableciendo.que los usos e interpretación de la jurisdicción constitucional no coinciden exactamente con los usos e interpretación que la jurisdicción civil les ha dado. Se llega a la conclusión de que la concepción de la Corte Constitucional respecto a la aplicación de los principios constituye una imaginativa interpretación caracterizada por su novedad, alternatividad y progresismo.

El presente artículo analiza la teoría de la fuerza mayor en el derecho colombiano, para contrastar dicha figura con otras semejantes, como la teoría de la imprevisión rebus sic stantibus, el hecho del príncipe y las cláusulas MAC, con el objetivo de establecer sus características, requisitos, diferencias y similitudes y, analizar su aplicación frente a la crisis originada debido al SARS COVID-19, determinando la incidencia de la pandemia en el incumplimiento contractual.

Se pretende mediante el presente ensayo describir los elementos dogmáticos que configuran la Teoría de la Imprevisión, con el fin de definirla, indagar por sus orígenes y antecedentes históricos, su configuración, sus características, propiedades y efectos en el Derecho colombiano, para determinar si es un principio general de derecho o una regla de derecho positivo definida en el Código de Comercio Colombiano mediante el artículo 868. El trabajo pretende dejar establecido cuáles son los requisitos dogmáticos y los conceptuales que permitan su aplicación.