A pesar de que en Colombia existe una Constitución de tendencia ecológica en donde se consagra que el Estado y los particulares tienen deberes específicos frente al daño ambiental, en el país se está rápidamente destruyendo el patrimonio natural, debido a las necesidades económicas de las personas y a una indeterminación legal y política que amenaza seriamente los procesos de desarrollo económico, social y cultural. Por este motivo cobra especial importancia el papel de las autoridades ambientales frente al daño ambiental y la manera como están enfrentando, con las herramientas jurídicas que tienen para tal fin, a los infractores y delincuentes que causan daños al ambiente. En razón de lo anterior, este artículo busca presentar ante la sociedad y la academia una investigación que tardó más de un año y que consolidó esfuerzos de entidades públicas como la Defensoría del Pueblo, las diferentes autoridades ambientales del país y la Contraloría General de la República, en búsqueda de dilucidar la efectividad, debilidades y fortalezas de los instrumentos jurídicos vigentes para que el Estado, representado por las autoridades ambientales del país, sancione y exija la reparación de los daños al ambiente. 

El desarrollo de la actividad minera genera tensiones entre los intereses del nivel central del Estado y las entidades territoriales locales sobre las que recaen las consecuencias ambientales, sociales y culturales de la extracción. Esto ha traído un debate jurídico sobre la prevalencia entre los principios del Estado unitario y la utilidad pública e interés social de la industria minera de una parte y, de otra, la autonomía territorial y la utilidad pública e interés social del medio ambiente. Este artículo de reflexión esclarece el papel que desempeñan las entidades territoriales en la adopción de decisiones relacionadas con la actividad minera, a partir del análisis de los desarrollos reglamentarios, legales, constitucionales y jurisprudenciales sobre la materia. Esto evidencia que las autoridades territoriales cuentan con varias herramientas jurídicas que les permiten y en algunos casos les imponen el deber de participar de manera activa y eficaz en la adopción de autorizaciones para llevar a cabo las actividades mineras en su jurisdicción, lo cual se ajusta con los principios de coordinación, concurrencia y subsidiariedad.