En 2012 el Estado ecuatoriano y la empresa minera Ecuacorriente firmaron un contrato para la fase de explotación del proyecto Mirador, dando inicio a una etapa más intensiva de operaciones y construcción de infraestructura. En virtud de este proyecto, varias familias han sido desalojadas y otras están en inminentepeligro de perder sus tierras. Este artículo presenta los hallazgos de una investigación sobre las situaciones de desalojo y violación de derechos humanos generadas a raíz de la implementación del proyecto Mirador, e identifica los medios y recursos utilizados por la empresa para desalojar a los habitantes el área de influencia directa del proyecto.

Los mares y aguas continentales han sido espacios de luchas sociales históricamente invisibilizadas. Este artículo ofrece un análisis interdisciplinario de todas las decisiones de la Corte Constitucional Colombiana relacionadas con violaciones de derechos humanos en la pesca artesanal. Por medio del Enfoque Basado en Derechos Humanos estudiamos 79 sentencias y construimos una base de datos digital llamada Justicia en Territorios Pesqueros. Identificamos y analizamos los derechos reivindicados con mayor frecuencia. En su mayoría, las decisiones de la Corte indican que el sector de la pesca artesanal no es tenido en cuenta en la aprobación de proyectos de desarrollo. Concluimos que el Estado colombiano privilegia los intereses de los sectores económicos industriales en detrimento de los derechos de las poblaciones pesqueras.

Este texto revisa los primeros documentos legales de la independencia en la Gran Colombia con el fin de ubicar el entendimiento vigente en aquella época respeto a la noción de pueblo y soberanía, especialmente su construcción pactista que nos quedó como legado colonial. Con la mente de los patriotas fija en el legado político europeo, la superioridad de unos sobre los otros fue naturalizada y a partir ello no hubo necesidad de negociar gobernabilidad con los indios ni mucho menos justificarles el dominio sobre sus territorios. Disuelta la primera República colombiana, Nueva Granada y Ecuador consolidaron este constructo político.

Ese artículo revisa algunas de las múltiples violencias sufridas por las mujeres indígenas víctimas del conflicto armado en Colombia, así como algunas de las políticas públicas del Estado orientadas a disminuir su situación de vulnerabilidad. Una de las herramientas de políticas públicas para la atención a grupos minoritarios es el llamado «enfoque diferencial». Ese artículo busca identificar el uso que distintos organismos del Estado han hecho de ese término —como la Corte Constitucional lo viene comprendiendo— y la relación de su aplicación con la participación de las mujeres indígenas en el diseño e implementación de políticas públicas. A partir de una revisión documental de doctrina, leyes y revisión jurisprudencial de casos nacionales e internacionales se espera contribuir a la discusión, creación y ejecución de medidas especiales que garanticen el pleno ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas. Se concluye que el Estado colombiano no ha incluido a las mujeres indígenas en su planificación, vigilancia e implementación de las políticas públicas con perspectivas étnicas y de género.

El artículo reflexiona sobre la noción de enfoque diferencial territorial y étnico contenido en el acuerdo de paz entre el Estado colombiano y las FARC. Se busca identificar los efectos jurídicos que tiene esta noción y de qué manera su introducción en el acuerdo de paz ha traído una mayor protección de los derechos de los pueblos indígenas y otras minorías étnicas. Dado que el acuerdo reconoce que la herramienta jurídica para la realización de la paz en las tierras y territorios de las minorías étnicas es la consulta previa, también se hace un análisis preliminar de los efectos de esta propuesta de ley. Actualmente se discute en el Poder Legislativo lo que esta consulta que puede traer para laimplementación del acuerdo.