En este artículo, se establece como objetivo, el estudio de las prestaciones de servicios sexuales a cambio de una remuneración y por qué ha sido concebida históricamente como un acto inmoral que desprestigia la honra y la reputación de quien se dedica a esta ocupación. No es un secreto, que mayoritariamente las mujeres son quienes se dedican a prestar los servicios sexuales, y es este género quien por largo años ha tenido que soportar una discriminación estructural e institucional, la primera de ellas se refiere a los juicios de valor y estigmas sociales por practicar esta profesión y la segunda se refiere a la desprotección institucional por parte de las autoridades estatales al no regular esta actividad, lo que ha tenido como consecuencia los abusos patronales y la falta de garantías laborales. Materiales y métodos, está investigación se fundamenta en el corte cualitativo, cuya revisión de literatura fue una etapa necesaria para el desarrollo de la actividad académica. Resultado, esta actividad por largos años es y ha sido ejercida voluntaria y forzosamente, esta última, se ha presentado bajo dos contextos; en primer lugar, cuando una persona, en especial, las mujeres son coaccionadas para ejercerla, en segundo lugar, cuando las condiciones de un país como la pobreza, la falta de oportunidades y falta de educación obligan a las mujeres a escoger esta profesión porque no tienen otra opción para subsistir. En tercer lugar, encontramos a un grupo de mujeres que eligen de forma voluntaria practicar la prestación de servicios sexuales, bien sea por beneficios económicos u otras razones. Se concluye que, es necesaria una normativa de genero incluyente, justa, equitativa, pues quienes ejercen esta profesión son altamente discriminados situación que los coloca en una categoría de extrema vulnerabilidad, así mismo, se encuentran bajo una desigualdad de Derechos, mientras otras profesiones gozan de garantías mínimas laborales la prestación de servicios sexuales se encuentra totalmente desprotegida laboral y humanamente

En este artículo, el objetivo es identificar la importancia de la prueba de oficio como forma procesal para la consecución de la verdad en los procesos judiciales, por lo cual es preciso anotar que la figura del juez como director del proceso debe garantizar la imparcialidad a la hora de proferir una prueba de oficio, siendo este su deber, evitando la negligencia en la presentación de pruebas y perder la objetividad (Vargas, 2014). Materiales y método, la investigación es de corte cualitativo, por eso, se realiza el estudio de las definiciones y antecedentes sobre la prueba de oficio en el contexto jurídico colombiano y se relacionan con el ejercicio del juez a la hora de analizar la pertinencia, conducencia y la necesidad del decreto de la práctica de prueba (Vargas, 2014). El resultado proviene del recorrido judicial internacional que aportó luces en torno a lo que otros países hacen en este tema y la presentación de las normas en el ámbito nacional y las sentencias de las Cortes Colombianas que se han referido al respecto y dejan claro el proceder del juez cuando se vea obligado a ordenar la prueba de oficio. En este sentido, se concluye que, el valor de la Prueba de Oficio en materia civil en el contexto jurídico colombiano y a lo que los jueces deben regirse para asegurar el mismo beneficio de armas entre las partes es un asunto importante (Toscano, 2019).