La actual ley estatutaria que pretendió regular el derecho fundamental a la intimidad así como el de información, consagrados en los artículos 15 y 20 respectivamente de la Constitución Política Colombiana, no hace un tratamiento global de la materia, no obstante los reiterados llamados de la Corte Constitucional en tal sentido. Su origen y desarrollo se centran en los datos de carácter financiero y crediticio, y la permanencia de los mismos en las centrales de riesgos, imponiendo al sector financiero una serie de cargas, así como cuantiosas sanciones por la violación de la ley. En este escrito se hace una presentación del origen de este derecho fundamental, se evidencian algunas de las falencias de la norma, se resaltan diversos aspectos que pueden resultar inconvenientes en las relaciones de Colombia con la Unión Europea y se destacan aspectos que inciden concretamente en la banca como principal fuente de los datos crediticios y financieros, manejados a través de bases de datos, hoy a cargo de las denominadas centrales de riesgos.