Históricamente, para el imaginario colectivo, el acceso a la vivienda ha constituido una forma de legitimación de la ciudadanía en términos de integración a una cultura. Este trabajo analiza las políticas habitacionales que se han desarrollado en Uruguay durante el período comprendido entre 1870 y 2000. La preocupación del gobierno ha estado dirigida hacia la población menos favorecida de las zonas urbanas, aunque en la mitad del siglo XX volcó su mirada hacia las residencias rurales. La legislación uruguaya ha logrado importantes avances a partir de intervenciones directas y del estímulo a la intervención privada en la producción de viviendas económicas. También cuenta con casos exitosos de cooperativas de ayuda mutua, aunque actualmente han decaído notablemente. A pesar de los esfuerzos realizados, se revela un gran número de personas excluidas y resalta la creciente segregación socioespacial, fruto de las políticas económicas a favor del mercado en las últimas décadas.

En las últimas décadas, el rol del Estado argentino en materia de política habitacional cambia de productor de viviendas a “facilitador” de las acciones del sector privado mediante una serie de reformas en el sistema institucional y financiero. En este contexto, el Gobierno nacional lanzó en 2012 el Programa de Crédito Argentino (ProCreAr) para paliar la crisis habitacional del país y reactivar la economía como medida contracíclica. A partir del caso del área metropolitana de Rosario, se pretende evaluar la innovación del ProCreAr para 1) contribuir y ampliar los marcos teóricos y de antecedentes sobre las políticas de hábitat, y 2) explicar sus efectos directos e indirectos en múltiples escalas territoriales. Se argumenta que la singularidad del ProCreAr radica en su estilo mixto mediante el cual se combinan políticas compensatorias y redistributivas. Sin embargo, el alcance limitado de esta “protección social” no logra influir en el mercado de la vivienda, del suelo o de la construcción y produce efectos indirectos en los procesos de urbanización a escala local y metropolitana.

Durante la última década se ha implementado una cantidad importante de convenios urbanísticos entre la mu- nicipalidad de Rosario y desarrolladores privados. En este artículo, con base en los cinco proyectos urbanos más importantes, se busca determinar si los beneficios obtenidos a partir de estos desarrollos urbanos han sido equitativamente redistribuidos para el beneficio del conjunto de la comunidad. Para ello se estudian los convenios y en particular el destino de las plusvalías urbanas, recuperadas a partir de una clasificación que busca dar cuenta de si efectivamente implican una redistribución progresiva o si, por el contrario, presentan una endogeneidad regresiva (obras complementarias a la iniciativa privada). Se evidencia que, si bien los convenios urbanísticos permitieron concertar y consensuar inversiones con los desarrolladores privados, las compensaciones por mayor aprovechamiento urbanístico no se deberían pensar como posibilitadoras de obras complementarias, sino como una herramienta de captación de plusvalías urbanas con un gran potencial redistributivo aún sin desarrollar.