El cambio de sistemática procesal a través del fenómeno de la constitucionalización del Derecho procesal, entendiéndolo como derecho constitucional aplicado, ha implicado un cambio en la concepción misma del papel del juez, quien como garante constitucional del proceso debido y entendiendo el proceso como instrumento para alcanzar la verdad y la paz social, exigen del juez intervención activa en el proceso y en la prueba misma. El texto que se presenta pretende analizar el fenómeno del activismo judicial, específicamente frente al fenómeno de la prueba en el ámbito penal, en donde el autor pretende acreditar la inconveniencia de la práctica oficiosa de pruebas en materia penal, sin que ello implique la negación del papel activo del juez en el proceso. Se pretende, pues, una defensa de la prohibición.

El cambio de la sistemática procesal de tendencia inquisitiva hacia el modelo procesal penal contemporáneo, mixto, de tendencia acusatoria, implicó e implica un rompimiento de los paradigmas en la comunidad general, en los jueces, fiscales y abogados litigantes, así como en la comunidad académica, obligada, a no dudarlo, a pronunciarse sobre los aspectos más significativos del sistema. Los actuales cambios legislativos dejan cierto desconcierto en la sociedad, en los operadores judiciales y en los académicos, quienes nos preguntamos si acaso ha fracasado la idea de un sistema penal acusatorio en nuestro país o si por el contrario las actuales tendencias legislativas y jurisprudenciales se encaminan al anhelado fin de la tutela judicial efectiva y a la paz y reconciliación social en Colombia. Se propone este texto identificar si acaso existe una tensión constitucional entre el postulado del garantismo penal, enmarcado en los principios acusatorios y adversariales del actual sistema penal, o si por el contrario, los últimos son inompatibles con el ideal de tutela judicial efectiva.