vol. 12 núm. 1 (2021): ces derecho

En la actualidad el desarrollo de las organizaciones con base en la tecnología es fundamental, en el ámbito educativo y la enseñanza no deja de ser la excepción. El objetivo de este trabajo fue implementar un aula virtual asistida a través de la plataforma Moodle en el área de investigación de la Sociedad Mexicana de Criminología Capítulo Nuevo León, A. C. Se llevó a cabo un diagnóstico FODA, además, se desarrollaron recursos en la plataforma Moodle por medio del sitio de alojamiento mil aulas, obteniendo seis URL, una lección, tres páginas, dos foros, dos exámenes, tres archivos, un taller, una carpeta, una tarea y seis insignias; todos estos recursos programados para ser impartidos en un período de cinco semanas, iniciando del 29 de junio de 2020 al 02 de agosto de 2020. Dos de los participantes nunca ingresaron al aula y al curso; un participante solamente ingresó la primera semana sin realizar actividades. El resto de los participantes fue declinando con el transcurrir del curso, finalizando satisfactoriamente tres participantes sus informes de investigación.

El derecho de petición y la acción de tutela son mecanismos jurídicos que permiten a las personas realizar un control de las actuaciones realizadas por el Estado y ejercer sus derechos. Hoy en día, llegan a las entidades estatales una gran cantidad de peticiones y acciones de tutela y no hay dentro de las mismas un orden establecido para su trámite. La aplicación de medios electrónicos ha generado un impacto en el funcionamiento de las entidades públicas. En este sentido, su aplicación para la recepción, organización, respuesta y archivo de peticiones y acciones de tutela podría contribuir al mejoramiento en el ejercicio de la función administrativa y al cumplimiento de los fines del Estado.

El siguiente texto tiene como finalidad establecer cómo los avances científicos y tecnológicos que posee el fenómeno de la cuarta revolución industrial de pueden constituir mejoras en las garantías procesales penales dentro del estándar de más allá de toda duda razonable, a través de la inclusión de la Inteligencia Artificial y el Big Data en el marco del derecho probatorio en relación con elementos como: la prueba, la valorización de la prueba, la sana crítica y los medios probatorios.

La evolución de la resolución de disputas en línea (ODR) como un aumento de la resolución alternativa de disputas (ADR) puede conducir a un auténtico cambio de paradigma en la forma en que se manejan las disputas más allá de los sistemas judiciales tradicionales. Para evaluar el estado del arte y transmitir conciencia, este documento explora el panorama regulatorio de la Unión Europea (UE) utilizando el Reino Unido y Estonia para ilustrar los avances clave y las deficiencias de la estrategia supranacional. Se analizan las relaciones entre las capacidades de ADR y su uso productivo en ODR, la implementación y adopción de ODR, y las consecuencias que pueden surgir si las tecnologías de resolución de disputas se apresuran. El documento también habla de automatización y sugiere la necesidad de construir modelos integradores en plataformas ODR impulsadas por Inteligencia Artificial (IA). Es evidente que los primeros desafíos en el desarrollo de la cultura ADR en la UE aún están sin resolver, lo que afecta a la integración adecuada de los principios ADR y las tecnologías ODR. Se podría esperar que un acoplamiento más eficaz suavizara las interacciones comerciales digitales al aumentar el acceso a la justicia y la confianza del consumidor en las capacidades de reparación del Sistema de Resolución de Disputas (DRS) en su conjunto. 

Una de las poblaciones que más ha sufrido los efectos de la violación de sus derechos humanos, en medio de la pandemia por COVID 19 son las personas mayores. No obstante, esta situación de conculcación de derechos no es nueva, ni puede atribuirse única y exclusivamente a la expansión de un virus cuyos efectos a nivel mundial han demostrado ser nefastos. 

Los problemas distributivos tienen un tratamiento extenso en diversos campos del conocimiento. Sin embargo, el Derecho Procesal Civil en Chile ha quedado ajeno a tales problemáticas. Lo anterior, a pesar que las consecuencias de tener poco (dinero) son relevantes y cruzan todo el proceso. La escasa bibliografía sobre el tema se concentra en las dificultades de acceso a la justicia, pero no a las consecuencias que las desigualdades tienen en el ámbito probatorio, en la ejecución, y en la producción de precedentes. Este artículo busca identificar esos problemas y dar algunas luces de cómo en general deben ser solucionados. 

La puesta en marcha del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG SST) comprende un desafío para cada uno de los actores que intervienen en el Sistema de Riesgos Laborales en Colombia. En cuanto a la exigencia de la matriz legal, como la documentación que contiene los requisitos normativos para las empresas en materia de seguridad y salud en el trabajo, supone un arduo ejercicio de conocimiento, compilación y articulación de las normas vigentes en riesgos laborales. Lo anterior se simplificaría si se plantea una metodología que lleve a proponer los componentes básicos y su articulación de forma comprensible y sencilla que en ultimas representaría grandes ventajas para la empresa tanto en la prevención de accidentes y enfermedades laborales como en términos económicos. Para lo anterior, se elaboró una descripción detallada de una propuesta para la creación de la matriz legal, basándose en una metodología cualitativa de revisión documental.

El presente artículo pretende abordar el surgimiento de las acciones afirmativas como mecanismos o instrumentos equiparadores de derechos políticos para grupos excluidos, como lo son las mujeres en general, desde lo consagrado en el Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno Nacional y las FARC- EP en el año 2016. El foco central del escrito será el Punto Dos: “Participación política: Apertura democrática para construir la paz, y las medidas o acciones afirmativas”, es decir, lo atinente a los espacios de representación y participación política activa en los escenarios de poder y toma de decisiones, del cual se pretende la identificación de las acciones afirmativas, así como verificación de la implementación de estas en el país. 

La seguridad social como derecho, está llamado a satisfacer las necesidades mínimas que se presentan en las diferentes contingencias de la vida, entre ellas la vejez; el envejecimiento humano y el crecimiento exponencial del mismo generan la inminente necesidad de implementar medidas eficientes y eficaces por parte de los gobiernos del mundo para proteger a las personas mayores que se encuentran en estado de debilidad manifiesta. El desarrollo histórico de la seguridad social, la protección legal y constitucional a la vejez y los desafíos derivados de la COVID-19 en el sistema de seguridad social pensión, son un llamado a crear un sistema para la protección integral de la vejez en Colombia.

La salud pública como campo de conocimiento, práctica e investigación tiene mucho que aportar al tema de la violencia contra las mujeres, reconocido como problema global y local hace relativamente poco tiempo; puede contribuir a hacer evidente la magnitud del problema y sus consecuencias, ayudar a dilucidar sus causas, diseñar políticas públicas para la prevención e intervención oportuna; la gestión del conocimiento; la promoción de la salud y la integración de los saberes de las organizaciones y las comunidades, como medio para su transformación. En este ensayo desde una mirada de la salud pública, se hace un recorrido por este problema en Colombia, mostrando algunos de estos alcances, retos y oportunidades. 

La Constitución Política (Art. 29) y el Código de Procedimiento Penal (Art. 7 y 381) establecen como axiomas fundamentales la presunción de inocencia y el in dubio pro reo, otorgando en cabeza de la Fiscalía General de la Nación la carga de demostrar la responsabilidad penal proscribiéndose cualquier inversión y asumen como estándar probatorio el de más allá de toda duda razonable. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha teorizado sobre la aplicación de la carga dinámica de la prueba, situación que ha sido tildada como trasgresora de aquellos principios. Sin embargo, luego de un análisis teórico de esa jurisprudencia se concluyó que tal asunto en realidad no desdibuja tales cimentos ni cambia las reglas probatorias, sino que más bien se interesa por las defensas activas y una mayor aportación de elementos cognoscitivos, sin menoscabar las garantías fundamentales del procesado.