vol. 1 núm. 2 (2008): pensamiento y poder

La acción ciudadana de inconstitucionalidad está próxima a cumplir 100 años de vigencia en Colombia. Significa que en nuestro país estábamos haciendo control de constitucionalidad abstracto, 10 años antes de que se creara el Tribunal Constitucional Austriaco y 19 años antes de que Kelsen propuesiera su teoría del legislador negativo. Es estos dos últimos hechos mucho se ha dicho a nivel internacional, pero no se ha reconocido al constitucionalismo colombiano como pionero en este tipo de control.Desde los inicios de nuestro constitucionalismo, han existido mecanismos de participación directa de los ciudadanos frente a actos emanados de los poderes públicos, los cuales se han fortalecido o debilitado según el momento histórico por que atravesemsos. A diferencia de Europa en donde históricamente el control político no es realizado por los ciudadanos sino por sus representantes.La ortodoxia del viejo continente no acepta la acción ciudadana de inconstitucionalidad como un mecanismo válido para evitar el abuso de poder, con el argumento del colapso del tribunal constitucional, pero en América, especialmente frente al híperpresidencialismo, esta figura se alza como herramienta de protección de las minorías e individuos frente al poder de súper presidentes y la complicidad de parlamentos títeres. 

La realidad política colombiana es de tal complejidad que la esperiencia de cualquier experto sería apenas un abrebocas para iniciar la discusión al respecto de la forma en que debe llevarase a cabo la justicia transicional liderada por el gobierno bajo la Ley 975 de 2005: Ley de Justicia y Paz. Quizás no seamos expertos en el tema, pero como a aquéllos, nos inquietan estos interrogantes: ¿qué tan adecuada es a los intereses de los colombianos o no?, ¿qué cambios deben hacerse para mejorarla?, ¿cómo podemos contribuir como sociedad al desarrollo de una justicia transicional?, entre muchos otros. Quizás no podamos responder a estas preguntas, pero sí podemos analizar algunos elementos importantes que nos permitan ampliar nuestro horizonte de comprensión.

La justicia transicional no es un momento o una política estatal concreta, es un proceso complejo tanto histórico como epistemológico y burocrático; por ello se dificulta tanto su abordaje investigativo. De allí que, buscando allanar el camino para presentes y futuras investigaciones sobre alguna de las tantas aristas que presenta el fenómeno, ofrecemos a continuación una estrategia de investigación sobre justicia transicional enfocados exclusivamente en su componente de reinserción social de excombatientes.

Este texto tiene como objeto ampliar la discusión que existe en torno a cómo pesa tanto lo global como lo local en asuntos referentes que atañen a la jsuticia transicional. Decir global es hacer referencia a la maneran en que la comunidad internacional y su legislación tienen incidencia en los procedimientos transicionales. Incidencia en tanto que hoy asistimos a un modelo jurídico y político donde las Cortes internacionales y el derecho internacional cada vez permean con más fuerza las legislaciones internas. Decir local es hacer referencia a la manera en que cada Estado nación, haciendo uso de su soberanía, señala los límites y traza reglas  de juego para dejar atrás las vías de facto y retornar al derecho. Esa acción indica un sacrificio del ordenamiento jurídico tradicional nacional, pero como es una situación especial amerita reglas especiales.

Rodrigo Uprimny afirma que los modelos de justicia transicional se han elaborado para conseguir restaurar un orden social que debe pasar de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia. Sin embargo, aparece otro elemento que contemporáneamente también justifica la necesidad de aplicación de modelos transicionales, el cual es expuesto por Rajeev Bhargava: el paso de sociedades bárbaras a sociedades mínimamente decentes. Este elemento permitiría ampliar, o por lo menos esa es la hipótesis de este trabajo, el alcance de aplicación de la justicia transicional a contextos que, aunque con particularidades específicas, están trazados por conflictos que sistemáticamente atentan contra los derechos humanos más fundamentales.

Las dos grandes banderas que se ondean en los contextos transicionales contemporáneos, hablo de la justicia y la paz, tienen que ver con un ideal nuevo: lograr la paz con herramientas exclusivamente jurídicas. Solo que en el caso de las transiciones se trata de una paz que debe ser lograda luego de sobrellevar una guerra o una dictadura con el objetivo de establecer una democracia. En conclusión, la paz que se respira a la sombra de una democracia parece ser la paz ideal en un contexto de justicia transicional.

El tema central del presente texto es una aproximación al concepto de justicia transicional a la luz del Derecho Internacional Humanitario pero se hará necesario, primero, un recorrido por lo concerniente al "nuevo ideal que ha triunfado en la escena global mundial: los derechos humanos."

En el presente artículo se pretende analizar el fenómeno del abstencionismo y sus posibles causas, el cual se ha convertido en la piedra en el zapato de la democracia Colombiana. El artículo inicia con un resumen de los cambios que trajo consigo la Constitución Nacional de 1991 en materia de participación ciudadana y su eficacia; analizando posteriormente las consecuencias que trae para un sistema democrático un alto índice de abstencionismo político y terminando con el análisis de las consecuencias políticas y jurídicas que traería la implementación del voto obligatorio, iniciativa que cursa en este momento en el Congreso de la República.

Al abordar lo que significa la aplicación de una justicia transicional con miras a facilitar la convivencia entre los ciudadanos sometidos a los rigores de un conflicto armado como el colombiano, resulta válido reflexionar sobre el papel que cumple el resto de la sociedad en un proceso que, si bien afecta a toda la comunidad en su conjunto, por momentos luce distante de los intereses particulares de diversos sectores del país.

A partir de este artículo se abordarán las posibles incidencias prácticas del bloque de principialidad en Colombia y el mundo globalizado, de esta manera se podrá apreciar cómo en nuestra contemporaneidad existe una incidencia práctica notable aportada por los principios generales del derecho a los complejos sistemas jurídicos actuales.

La educación en Colombia se ha dedicado, en las últimas décadas, a la preparación de profesionales para el ámbito laboral. Este hecho innegable evidencia un cambio de ruta en la misión que históricamente ha tenido la universidad como institución social. El presente texto intenta reflexionar este hecho desde pistas que conduzcan a horizontes de sentido, para preguntarse por el lugar que la fomación en humanidades ocupa en la universidad; se trata de la versión escrita de una ponencia que con el mismo título dio el autor en el marco del Encuentro Pedagógico celebrado los días 24 y 25 de julio de 2008 en la sede de la Corporación Universitaria Remington.

Utilizamos el término justicia transicional para explicar el arduo proceso en el que se pasa  de una guera civil a la paz o de una dictadura a la democracia. Decimos arduo proceso porque el elemento central que está en juego es la administración de justicia. Los resultados históricos de procesos transicionales muestran cómo dictadores o violadores de derechos humanos se incorporan a la vida civil purgando penas menores, incluso gozando de una amnistía, pues lo que se busca en la transición no es la aplicación rigurosa de la ley penal sino la paz o la democracia. El alto sacrificio de lograr la paz y procurar la democracia encierra un asunto problemático y a la vez esencial de las transiciones.