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En Colombia, los servidores públicos, según sea el tipo de vinculación, pueden llevar sus controversias laborales a las jurisdicciones: ordinaria laboral o contenciosa administrativa, pudiendo obtener una resolución diferente del mismo asunto juzgado, y tener uso de distintos recursos por la especialidad de la jurisdicción. En este artículo se hace una revisión en materia laboral del recurso extraordinario de casación de la jurisdicción ordinaria y el de revisión de la jurisdicción contencioso administrativo, donde se describen los aspectos que son comunes a ambos, y aquellos donde se marcan grandes diferencias, que se ven reflejadas en garantías para unos y desventajas para otros, razón por la cual conlleva eventualmente a la vulneración del derecho a la igualdad de los trabajadores, que dependiendo del tipo de servidor público es destinatario de las consecuencias ventajosas o no de esta brecha jurídica. Este análisis se da a partir de una metodología cualitativa abordada desde un enfoque hermenéutico y jurídico, y con un alcance descriptivo y analítico, que permite concluir que el recurso extraordinario de casación ofrece mayores garantías desde el punto de vista procesal y sustancial para los servidores públicos que pueden acudir a la jurisdicción de lo contencioso administrativa.

Los billetes argentinos son documentos públicos que constituyen un medio legal de pago, creados por el Estado Nacional Argentino, con curso legal y forzoso. Dichos billetes cuentan con medidas de seguridad intrínsecas y extrínsecas que brindan autenticidad y evitan su falsificación. El objetivo de este trabajo, fue analizar las medidas de seguridad mediante el uso de instrumentos ópticos de variada magnificación y lumínicos de diferentes longitudes de onda y ángulos de incidencia. En el mismo, se realizó la observación extrínseca e intrínseca del billete $500 Yaguareté, lo que permitió la caracterización pormenorizada de las medidas presentes en dicho billete. Asimismo, se valoró la efectividad de los diversos dispositivos empleados, acorde con la medida estudiada. Las imágenes logradas y las descripciones realizadas contribuyen al conocimiento de las medidas de seguridad para futuros cotejos.

La medicina legal laboral se encarga de la valoración del daño a la persona víctima de riesgos de trabajo. En Costa Rica, el Código de Trabajo establece que estos riesgos se dan por el resultado de los infortunios que suceden al trabajador como causa, ocasión o consecuencia del trabajo que realiza, así como la agravación de estos y que quedará excluido de la fijación de las incapacidades el porcentaje que se haya otorgado con anterioridad por otro infortunio. Dado esto, el perito debe realizar un estudio científico de los elementos a considerar en el establecimiento de la causalidad, como base para la valoración del daño. Si bien existen varios criterios de causalidad descritos por grandes médicos legistas en la historia, el presente trabajo pretende establecer una metodología básica para aplicar esos criterios de causalidad, primordialmente en los casos en que la relación causal es compleja.

Memorias Evento: “Curso de Verano Multidisciplinar de Derecho, Salud y Ciencias Forenses, 2025”

Este artículo aborda el derecho disciplinario desde una perspectiva trialista, que integra el derecho desde un enfoque tridimensional: el reparto inicial de poder (hechos), su captación normativa (norma) y el valor justicia (constructivismo axiológico). Se analizan dos casos: el avocamiento en el Juicio a las Juntas, como instituto que permitió superar los distingos dogmáticos entre el derecho administrativo sancionador y el penal; y la reciente exclusión de las fuerzas armadas y de seguridad de la “Ley Bases”, que limita la aplicación de los principios de tutela administrativa efectiva y de consulta pública en materia disciplinaria. Ambos ejemplos muestran que una comprensión integrativista, y situada del derecho disciplinario, en clave de derechos humanos, permite —desde una pauta de corrección axiológica— superar los límites tradicionales del derecho administrativo. En este marco, el análisis sitúa la problemática argentina en un paradigma retributivo frente a los crímenes en masa, en contraste con la orientación hacia la reconciliación que caracteriza al proceso colombiano. Aunque, finalmente, se proyecta que este enfoque puede ofrecer claves útiles para el estudio del derecho disciplinario en otros contextos latinoamericanos.

Se pretende comprender el tratamiento jurídico-constitucional del derecho de petición en Colombia mediante su regulación en las constituciones nacionales, lo cual busca responder a la pregunta de ¿cuál ha sido el tratamiento regulatorio del derecho de petición en Colombia a lo largo de su historia? Las constituciones de carácter liberal lo configuraron como una garantía fundamental del ciudadano y las cartas políticas de tinte más conservador, las cuales no tenían un capítulo de derechos, lo marginaron a las disposiciones generales; así mismo, osciló entre unas consagraciones más abiertas y otras formas más restringidas que no fueron ajenas al tinte político de cada constitución. La presente investigación se realizó a partir de la revisión de las constituciones políticas colombianas y bibliografía sobre la materia de estudio. Esta investigación obedece a la pregunta por el origen, y lo que este conlleva; el entendimiento de dónde provienen los instrumentos jurídicos nos permite entender la razón de ser de estos.

El lugar del hecho es el espacio donde se desarrolla y materializa un delito, en el que se encuentran indicios y cuyo estudio puede permitir el esclarecimiento de este. En la actividad del criminalista resulta relevante el abordaje de indicios tales como pelos, fibras u otros rastros, que brindan información respecto a la presencia de una persona u objeto en el lugar del hecho. El presente trabajo tiene como objetivo caracterizar física y morfológicamente diferentes tipos de fibras, y la generación de un catálogo de patrones de utilidad en la actividad judicial. Para ello, se seleccionaron fibras naturales representativas; además, se observaron y fotografiaron a simple vista, utilizando luz natural y artificial en diferentes ángulos de incidencia y con lupa cuentahílos. Se continuó con un análisis con Microscopía óptica de campo claro y con Microscopía electrónica de Barrido. De esta forma, se lograron imágenes en alta resolución y variada magnificación de fibras naturales, acompañadas con sus respectivas descripciones de particularidades físicas y morfológicas. Se concluye que, para las ciencias forenses, el examen de fibras puede aportar al esclarecimiento de hechos delictivos, contribuyendo en la determinación de la sucesión de acontecimientos, la existencia de transferencia y la procedencia de estas en vínculo con las muestras textiles.

Esta investigación es un análisis jurisprudencial y doctrinal acerca de la responsabilidad del Estado en Colombia que emerge en aquellos eventos donde se constate la ocurrencia de un intercambio neonatal. El intercambio neonatal ocurre cuando unos recién nacidos son cambiados en un centro hospitalario durante la prestación del servicio de salud, generando con ello como consecuencia la transgresión de un conjunto de bienes, derechos e intereses constitucionales y convencionalmente protegidos. Por lo tanto, la pregunta que se resuelve en esta investigación es: ¿qué tipo de responsabilidad del Estado surge en Colombia en aquellos eventos de intercambio neonatal acontecidos durante la atención al recién nacido en los centros públicos prestadores del servicio de salud? Para contestar esta pregunta, la investigación se divide en tres etapas. Primero, se corrobora la existencia fáctica de casos de intercambios neonatales en Colombia, al mismo tiempo se detalla la estructura jurídica del sistema de salud colombiano y se identifican los derechos o bienes vulnerados cuando ocurre un intercambio neonatal. Segundo, se efectúa una revisión jurisprudencial y doctrinal de la composición de la responsabilidad del Estado en Colombia, partiendo de la evolución histórica de la responsabilidad hasta llegar a la clasificación jurídica apreciable en el marco legal actual. Y, finalmente, se correlaciona e integra toda la información recabada para determinar la naturaleza de la responsabilidad del Estado en los casos de intercambio neonatal, identificando los elementos claves y las implicaciones jurídicas.